20 de febrero/ Cancún, Q. Roo.- La Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Quintana Roo (LAHOTDU) debe ser derogada no solo por su contenido, que violenta competencias municipales y federales, sino porque tergiversa su objetivo al supeditar el aspecto ambiental a lo urbano, lo cual es violatorio de derechos humanos, afirmó el director de la oficina regional del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), en el sureste, Aarón Hernández Siller.
“Evidentemente hay partes de la ley que son más malas que otras, unas que son menos congruentes que otras, pero en sí, la naturaleza de esta Ley de Asentamientos que le da facultades a lo urbano para decidir sobre lo ambiental, es lo peor.
rel="nofollow"“Debería ser al revés, o sea, primero es lo ambiental y con base en eso viene lo urbano, pues de lo contrario la ley es violatoria de derechos humanos”, dijo, en entrevista con EstamosAqui.mx.
Previo a la entrevista, el activista intervino hoy durante la instalación de la “Mesa de Gobierno Abierto para combatir la corrupción en el ámbito ambiental” y como ejemplo de la problemática se refirió a la Ley de Asentamientos Humanos del estado como un espacio que abre “oportunidades para la corrupción”, al permitir a los desarrolladores incumplir con el marco legal urbano-ambiental, además de inhibir o entorpecer la participación ciudadana en los instrumentos de gestión territorial.
“Aquí se pueden comprar densidades y eso no debería pasar”, dijo, al mencionar las licencias de compatibilidad territorial o de uso de suelo, que “son a todas luces violatorias de derechos humanos”; también objetó la omisión de no publicar las bitácoras ambientales y celebró la voluntad de autoridades y sociedad civil para sumar esfuerzos sobre el tema, pero aclaró que los trabajos deben redundar en “cambios reales y efectivos”, pues la “corrupción acelera la crisis climática que ya existe”.
Al término del evento, se le preguntó sobre la “venta de densidades” y su relación con la Ley Estatal de Asentamientos.
“La Ley de Asentamientos instrumenta algunos conceptos como la Constancia de Compatibilidad Territorial y las facultades municipales de emitir Constancias de Uso del Suelo, las cuales no necesariamente las ligan a los instrumentos de gestión territorial como Poels (Programas de Ordenamiento Ecológico Local) y PDUs (Programas de Desarrollo Urbano), sino que, venden densidades.
“Son tan opacos, que lo he pedido por transparencia y nunca he tenido acceso a esas constancias, entonces desde la opacidad se entiende que no han cumplido sus obligaciones de transparencia, violando así diferentes derechos humanos y a la vez el derecho a un medioambiente sano, violentando lo que establecen los instrumentos de gestión territorial”, expuso.
Lo anterior es una de las razones por las cuales –en su opinión– la Ley Estatal de Asentamientos Humanos debe ser no solo reformada, sino derogada.
Otro motivo tiene que ver con los polémicos Programas de Desarrollo Urbano (PDUs), denominada como Programa Municipal de Ordenamiento Territorial Ecológico y Desarrollo Urbano Sustentable (PMOTEDUS)
“Son inconstitucionales. Invaden competencias de la federación, violentan la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) Ya hay controversias promovidas por la Semarnat y otras acciones legales, entonces esa sentencia podría derivar en la derogación de esa Ley, más allá de los esfuerzos legislativos por reformarla”, sostuvo.
El antecedente
La LAHOTDU fue publicada en el Periódico Oficial del estado el 16 de agosto del 2018, mediante el decreto 194, antecedida por múltiples críticas de la sociedad civil organizada, consultores y abogados ambientales e incluso por Colegios, como el de Biólogos y Arquitectos que, en principio se inconformaron, pero luego cedieron y se alinearon, guardando silencio.
Las quejas versaban por la invasión de competencias municipales y federales, a través de la creación de una controvertida figura que fusionaba los Ordenamientos Ecológicos Locales (Poels) con los Programas de Desarrollo Urbano (PDUs), denominada como PMOTEDUS.
Este nuevo instrumento híbrido fue bautizado por el abogado especializado en materia ambiental, Alfonso Ocampo, como un “Frankenstein” urbano-ambiental, quien advirtió que, además de poner en riesgo ecosistemas de alto valor, ha provocado incertidumbre jurídica a las inversiones.
Junto con la Ley de Asentamientos se establecieron las constancias de compatibilidad territorial, contenidas en la Ley de Acciones Urbanísticas que, junto con los PMOTEDUS fueron objeto de controversias constitucionales, promovidas por la Consejería Jurídica de la propia Presidencia de la República o por el ayuntamiento de Solidaridad.
Los dos temas provocaron una confrontación interna entre la administración del entonces gobernador, Carlos Joaquín González, con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que vetó los PMOTEDUS en lo general, y, particularmente, los ya elaborados y publicados por los ayuntamientos de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Cozumel y Othón P. Blanco.
La secretaría fue a más y solicitó formalmente, el cinco de mayo del 2022, vía la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos de la XVI Legislatura, la reforma a la Ley estatal de Asentamientos Humanos, en un foro público para abordar los impactos de esa normativa.
La directora de Ordenamiento Ecológico, Sandra Barillas, dijo claramente que la figura de PMOTEDUS “no existe” en la Ley Federal de Asentamientos Humanos, que invade competencias y atribuciones de los municipios y de la federación y que permite cambios de uso del suelo en zonas no aptas para el desarrollo urbano, promoviendo el desarrollo inmobiliario en áreas de alto valor ambiental.
La funcionaria, expresó textualmente que veía “un riesgo el dejar la ley tal cual está”, pues obstaculiza la Estrategia de Ordenamiento Ecológico Participativo impulsada por el gobierno federal.
El entonces presidente de la comisión legislativa, José Luis Guillén había presentado una iniciativa de reforma el 14 de diciembre de 2021, turnada a comisiones el 4 de marzo del 2022, específicamente para modificar la Ley de Acciones Urbanísticas de la Ley de Asentamientos, la cual sería reformulada para incluir el tema de los PMOTEDUS, pero la Legislatura terminó sin que el tema fuese analizado, diluyéndose.
