22 de marzo/ Cancún, Q. Roo.-
Al conmemorarse el Día Mundial del Agua, la Asamblea Socioambiental Peninsular, el Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán y el Movimiento Agua Para todos, exigieron al Congreso de la Unión dictaminar la nueva Ley General de Aguas, con base en la iniciativa ciudadana presentada en 2020, que contempla una decena de preceptos para el manejo del recurso hídrico en el país y acciones específicas para la Península de Yucatán.
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Para esta región, exigieron que se reconozca a la Península como “territorio de Reserva especialmente sensible a la contaminacion y extracción del agua”, lo que implica plasmar conceptos y criterios de manejo de agua con base en el sistema karstico que caracteriza al suelo de Campeche, Quintana Roo y Yucatán; la no promoción de industria altamente contaminante y la no especulación inmobiliaria ni la autorización de mega proyectos.
Este tipo de suelo es frágil, poroso, permeable y muy próximo al acuífero subterráneo, con fracturas y oquedades, lo que lo hace susceptible de contaminarse con facilidad y transportar esos contaminantes a toda la región, a través del agua que corre por debajo del suelo, como una suerte de redes o ramificaciones hídricas intercontectadas.
Otra demanda particular para la zona, a través de la nueva ley, es la restauración de las cuencas, cenotes, ojos y flujos de agua subterráneos y establecer limites que les protegan de proyectos o actividades destructivas; también la regulación urgente en la entrega “indiscriminada” de concesiones de agua a las grandes empresas y, en general, a los proyectos altamente extractivos y contaminantes.
Además, el reconocimiento de los derechos al agua de los pueblos originarios, núcleos agrarios y sistemas comunitarios; garantizar la soberanía alimentaria hídirca; lograr sistemas municipales y metropolitanos eficaces y sostenibles; terminar con la contaminación, evitando inyectar aguas tratadas -desalinizadas, aguas residuales, industriales, porcícolas y pozos pluviales sin previo tratamiento- en la Península yucateca, mediante un programa de transición a cinco años.
Obligar al tratamiento terciario; la reutilización del agua, así como crear una Contraloría Social, financiar y fomentar la investigación científica y social, la recopilación y analisis de información de capacidades sobre el sistema kárstico; armonizar la gestión del agua y la generación de energí; financiar el acceso equitativo y sustentable a este recurso; recuperar la soberanía del agua, democratizar los consejos de cuenca y poner fin a la corrupción e impunidad hídrica, por ejemplo.
A nivel general, demandan el respeto a la naturaleza y los decretos para su conservación, al igual que al agua de los pueblos y comunidades; la coadministración del agua en los territorios; el derecho a vetar proyectos dañinos, prohibir el agua para la minería tóxica y el fracking o fractura hidráulica; acabar con el acaparamiento de concesiones y evitar la privatización.
También democratizando los servicios de agua, priorizarla para la soberanía alimentaria y garantizar el acceso pleno a la información sobre este recurso vital; considerar delito grave la contaminación del agua, entre otros.
“El derecho al agua, se ha convertido en un gran negocio en las zonas más pobladas del país. En muchos lugares, la manera de obtener agua es comprarla embotellada o en pipas. Volvieron al agua en una mercancía más. Para obtener agua se compran y venden derechos del agua concesionada. Para engordar el negocio se agotan los mantos y no se garantiza el agua a las generaciones futuras.
“Considerando que estamos en medio de la peor pandemia en 100 años y enfrentando millones de contagios de la COVID-19, la falta de agua en miles de lugares no permite que las personas prevengan contagios”, reprocharon.
Estos colectivos indicaron que mientras se publicita la inminencia de la vacunación de todas y todos, la falta de condiciones higiénicas sigue causando estragos, miles de clínicas no tienen los servicios de agua y saneamiento adecuados y la gente debe lavarse las manos, los alimentos, limpiar y desinfectar muchos lugares, lo que ha aumentado la presión sobre un recurso finito -el agua- sin el cual la humanidad no puede vivir con o sin pandemia.
Entre las amenazas para el agua en la Península, citaron en Campeche, las grandes extensiones de siembra de transgénicos y uso de agroquímicos contaminantes al acuífero.
En Yucatán, las autorizaciones a grandes corporaciones de granjas porcícolas, que están asentadas en zonas de alta conectividad hídrica y cerca de áreas naturales protegidas, así como las concesiones de extracción de agua a cerveceras o refresqueras.
En Quintana Roo y en la costa norte de Yucatán, se enfrenta la presión y avance desmesurado de construcciones de más cuartos de hotel y desarrollos urbanos, a costa de destrucción de la duna, y de rellenos de humedales.
“En los 3 estados, las autoridades ambientales, no tienen la capacidad de responder de manera oportuna a las denuncias y los procesos de autorización no tienen manera de verificar la veracidad de los expresados en las manifestaciones de impacto ambiental”, se indicó.
