01 de noviembre/ Cancún, Q. Roo.- El Congreso de Quintana Roo aprobó reformas presentadas por la gobernadora, “Mara” Lezama, para la creación de una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) estatal, que permita el combate de delitos fiscales y de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como la reestructuración interna de la Fiscalía General del estado (FGE) con la operación de fiscalías por Distrito y la creación de 18 fiscalías especializadas.
Los dictámenes correspondientes, aprobados ayer por la Comisión de Justicia, fueron sometidos a votación este miércoles durante la sesión ordinaria número 21, y aprobados por las y los diputados.
Se trata de reformas que tocan la estructura de la FGE, modificando su Ley Orgánica, así como la de la Administración Pública y la del Servicio de la Administración Tributaria (SATQ) También se modificaron los Códigos Penal y Fiscal.
Lo aprobado versa sobre la integración de un artículo 199 septies al Código Penal local para la atención de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, para la investigación amplia del origen de las riquezas o bienes, sin importar su naturaleza, a fin de determinar si su procedencia es lícita o no. Estos delitos se castigarán con penas de 5 a 15 años de prisión.
La reforma establece que toda persona que adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera dentro de Quintana Roo y de éste hacia otras entidades federativas, cualquier tipo de recursos, derechos o bienes que procedan o representan el producto de una actividad ilícita, será sujeta al proceso de investigación judicial.
También se modificó la estructura de la FGE, cambiando la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica –que ya existía– a una Fiscalía Especializada para el Combate a Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y se otorgan atribuciones a las autoridades fiscales de la entidad para realizar investigaciones de inteligencia financiera.
Se reorganizaron además las fiscalías, de manera geográfica, con una de ellas operando en el Distrito Norte, que abarca a Cancún y la zona continental de Isla Mujeres; otra, en el Distrito Centro, que posee competencia en Cozumel, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum; y la del Distrito Sur, que verá asuntos de Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Othón P. Blanco.
Además, se establece la conformación de 18 fiscalías especializadas que serán las encargadas de investigar y perseguir todos los delitos de los cuales las leyes generales de la materia que corresponda exigir una investigación especializada, así como de aquellos delitos que por su impacto social y jurídicamente protegido requieran del mismo tipo de investigación.
Se crea el Consejo del Ministerio público, órgano auxiliar que participe en la toma de decisiones y evaluación.
Con la reforma al Código Penal, la FGE podrá realizar acciones para atender los delitos derivados de operación con recursos de procedencia ilícita y de defraudación fiscal, para ejercer acción penal ante los tribunales.
Como parte de las modificaciones, se dota de nuevas atribuciones al SATQ y se crea la UIF, que podrá realizar diversas acciones de vigilancia, con facultades para requerir, obtener, concentrar, analizar, consolidar, generar y disponer con fines de inteligencia, información fiscal, financiera, patrimonial, económica, civil y cualquiera otra que se estime necesaria para coadyuvar en la prevención y combate de los delitos fiscales y de operaciones con recursos de procedencia ilícita.