Cancún, Q. Roo, 25 de septiembre. – El regidor por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Rodríguez, calificó como un “acuerdo leonino”, lo aprobado por el Cabildo de Benito Juárez en torno al inicio de “acciones legales” por parte del gobierno de Cancún, respecto a la concesionaria Aguakán, que presta el servicio de agua potable y alcantarillado.
“Es pan con atole para la gente, no hay una revocación como tal. Nosotros en el precabildeo exigimos que se pusiera claramente qué es una acción legal. Una acción legal puede ser una ratificación de la concesión, puede ser una ampliación.
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“Una acción legal puede significar muchas cosas y lo dijimos y fuimos muy claros. Tenemos que poner revocar, cancelar, eliminar, el caso que se dé jurídicamente como se quiera proceder, el caso es que esa concesión debe dejar de existir y CAPA en su caso debe tomar control y prestar un buen servicio a la ciudadanía”, dijo.
El pasado 18 de septiembre, previo al primer informe de gobierno de la alcaldesa, Ana Patricia Peralta de la Peña, el Cabildo aprobó facultar al sindico para “ejercer las acciones legales que correspondan” en torno a la concesión que posee Aguakán y que le fue renovada anticipada e irregularmente por la administración de Paul Carrillo, en diciembre del 2014.
El inicio de las acciones legales incluye, de ser el caso, – según el acuerdo– “de manera enunciativa mas no limitativa, aquellas acciones que pudieran tener como consecuencia la suspensión, revocación o rescate del servicio público concesionado”. Sin embargo, dicho acuerdo no es concluyente y, por ambiguo, se presta a la interpretación.
“Es leonino. En términos legales le llamamos leonino porque no es ambiguo, no es claro y lo que pedíamos es que fuera claro. Acción legal, eso es lo que necesita la ciudadanía”, expresó.
El también dirigente del comité municipal del PRI indicó que se encuentran “amarrados de manos” para actuar como oposición, pues solo son tres regidores fuera del bloque Morena-PVEM-PT.
“La ciudadanía tiene que presionar para que de verdad se revoque esa concesión”, sostuvo, al señalar que el acuerdo está sujeto a “mil interpretaciones” y da pauta a muchas acciones que no necesariamente tienen que ver con la revocación de la concesión.
Contrario a lo hecho por el gobierno municipal de Cancún, el encabezado por Atenea Gómez en Isla Mujeres, fue contundente.
El cuatro de mayo de este año, en apego a los resultados de la consulta popular sobre la permanencia de Aguakán como concesionaria, el ayuntamiento isleño aprobó en sesión de Cabildo reponer un juicio contencioso administrativo de lesividad, para revocar, con todas sus letras, la concesión.
El juicio está bajo el expediente 215/ 2019-1 y es visto por la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo (TJA), en contra de Desarrollos Hidráulicos de Cancún (Aguakán)
El gobierno había promovido un juicio de lesividad en contra de la renovación anticipada de la concesión, otorgada por el gobierno del entonces alcalde, Agapito Magaña, en diciembre del 2014, pero se truncó, al quedar al frente del municipio, Juan Carrillo, quien se desistió de continuar el proceso legal, sin consultar al Cabildo.
Ocurre que el 10 de noviembre de 2014, la concesionaria presentó al gobierno del estado y a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) una propuesta para “prorrogar anticipadamente a su vencimiento”, la concesión vigente en Cancún e Isla Mujeres hasta el 31 de diciembre del 2053”; extender la concesión a Solidaridad y modificar el contrato para “actualizarlo”.
Dos días después, el Consejo Directivo de CAPA sesionó de forma extraordinaria y se aprobó la propuesta presentada por Aguakán, a cambio de una serie de condicionantes y del pago de una millonaria contraprestación.
En diciembre de ese año, los alcaldes de Benito Juárez (Cancún) Paul Carrillo; Agapito Magaña, en Isla Mujeres y Mauricio Góngora, en Solidaridad, y sus cabildos, aprobaran renovar anticipadamente la concesión y extenderla en el último municipio.
