Luego de la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró inconstitucional el delito de aborto en el Código Penal Federal, la organización Gobernanza MX exhortó al sector Salud de Quintana Roo a garantizar el acceso de las mujeres y personas gestantes que soliciten el servicio.
La agrupación celebró el reciente fallo del máximo tribunal del país, que determinó también, el pasado 6 de septiembre, que el personal médico que practique un aborto no puede ni debe ser criminalizado.
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La sentencia es resultado de un amparo promovido por el Grupo de Información y Reproducción Elegida (GIRE), el cual fue concedido por la Primera Sala de la Corte para efectos de que, antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones, el Congreso de la Unión derogue las normas contenidas en el Código Penal federal que criminalizan el aborto voluntario.
En respuesta, Gobernanza MX indicó que las organizaciones feministas que han impulsado la despenalización, siguen trabajando por la efectiva implementación de los servicios de salud, ya que las acciones legislativas o jurídicas en los Códigos penales estatales, aún siendo clave, “no aseguran, en automático”, que dichos servicios estén disponibles, sean accesibles y se brinden con calidad y sin restricción a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar.
“Por lo anterior, Gobernanza MX sigue extendiendo un llamado a las autoridades de Salud de Quintana Roo, para que garanticen los servicios de aborto seguro para todas las mujeres y personas con capacidad de gestar en todo el estado, y que junto con los servicios federales en nuestra entidad, estos se brinden con protocolos alineados a los estándares internacionales y nacionales más actuales, con personal capacitado y en instalaciones dignas”, indicó la agrupación.
Mediante un comunicado, manifestó que es necesario que el Congreso de la Unión realice el ajuste instruido por la SCJN al Código Penal, “para no dar pie a argumentos o excusas” por parte del personal médico del IMSS, ISSSTE o Pemex y a modificar la Ley General de Salud para obligar a que la atención del personal médico se brinde conforme al Lineamiento Técnico para la suspensión segura del embarazo en el país.
