28 de agosto/ Cancún, Q. Roo.- La plana mayor de la hotelería de Quintana Roo, agrupada en el Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, acusó al diputado local del Partido del Trabajo (PT), Hugo Alday, de probablemente incurrir en un conflicto de interés, al presentar una iniciativa de ley que busca beneficiar a quienes fueron o son clientes suyos, que asesoró o asesora, en el ámbito privado.
El duro señalamiento deviene de la presentación de una ley que pretende reformas la Ley de Hacienda de los municipios, para condicionar la expedición o refrendo de las licencias de funcionamiento al cumplimiento del pago de derechos de autor, mediante convenios en la materia, celebrados con la Sociedad de Gestión Colectiva.
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La iniciativa busca reconocer el derecho de los autores y compositores a percibir una regalía por la comunicación o transmisión pública de su obra en espectáculos públicos o establecimientos mercantiles, conforme a la exposición de motivos.
A juicio del bloque hotelero, que incluye a la Asociación de Clubes Vacacionales y en conjunto suma 125 mil habitaciones en el estado, la pretensión real es “beneficiar a un particular”, a través del poder político de un diputado con “un claro conflicto de interés”, que antes de ingresar al servicio público, como especialista en la materia “perdió el registro de las marcas destino” de Cancún y Caribe Mexicano.
El reclamo se había hecho público desde el pasado 24 de agosto, por parte de la Canirac Cancún y el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCEC), un día después de que se diera lectura a la iniciativa y se turnase a comisiones.
Este lunes, en conferencia de prensa, Tony Chaves, quien preside el Consejo Hotelero, calificó la iniciativa como “fuera de toda lógica y contexto”.
El presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos, Jesús Almaguer Salazar, declaró que “no se vale que usen el gobierno para presionar y cobrar, es una argucia”.
Y agregó: “Resulta muy extraño que el señor Alday aproveche su cargo y beneficie a un tercero, a un sector que él representa en lo privado”, para luego exhortar al legislador a retirar la iniciativa, al Congreso de Quintana Roo a rechazarla y no ser “cómplice”, del “claro conflicto de interés” y que la propuesta “se devuelva a la basura, que es de donde viene”.
Eduardo Martínez, presidente del CCEC consideró que, de poner un freno desde ahora, se corre el riesgo de que ocurra lo sucedido con la iniciativa aprobada para castigar con cárcel a quien conduzca en estado de ebriedad,
La reforma se mantiene en la “congeladora”, pues se comprendió que debe ser consensuada en parlamento abierto.
“No podemos crear imprudencias, que resultarán en el cierre de establecimientos y en la pérdida de empleos”, manifestó, al coincidir en que tampoco puede “usarse el poder para beneficiar a un tercero”.
La presidenta ejecutiva de la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo, Miriam Cortés Franco, resumió en una línea lo que está ocurriendo: “Se está queriendo tomar ventaja jurídica, a través de un puesto político”.
David Ortiz Mena, presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum y vicepresidente del Consejo Hotelero, explicó que es inaudito pretender condicionar la licencia de funcionamiento a un convenio con una Sociedad de Gestión Colectiva particular.
“Preocupa porque sin licencia de funcionamiento, no hay operación y sin ello no hay empleo. Se trata de una iniciativa que se trata del derecho de autor, pero preocupa que pareciera que el legislador, a pesar de todos los problemas que tenemos en Quintana Roo, está buscando beneficiar a un grupo particular en perjuicio de las empresas, lo cual nos deja fuera de una situación de negociación entre particulares”, amplió.
Cuestionados acerca de la intención del legislador, de que a través de esta condicionante busca se respete la Ley Federal de Derechos de Autor, para que se paguen realmente las regalías a los autores, eludieron responder el nivel de cumplimiento, pero señalaron que en todo caso ese es un trato entre particulares, en el cual no debe meterse el gobierno.
