22 de agosto/ Cancún, Q. Roo.- El Observatorio Legislativo Ciudadano indicó que la Secretaría de la Contraloría de Quintana Roo (Secoes) debe proceder penalmente y denunciar ante la Fiscalía General del estado (FGE) a Rosario de los Ángeles Aban Mukul y a otras y otros funcionarios que se hayan inscrito en el programa social “Mujer es Vida”, para recibir apoyos sociales.
La asociación señaló que no basta con relevar del cargo y dar de baja del programa a las y los servidores públicos que la Secoes detectó incurriendo en este acto, al tratarse de un delito.
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Mediante un comunicado, el Observatorio mencionó que si bien la gobernadora, “Mara” Lezama, salió en defensa del titular de la Secretaría del Bienestar (Sebien), Pablo Bustamante, al asegurar que él no estaba enterado del proceder de Aban Mukul, el funcionario fue indiciado por mentir ante autoridades laborales y judiciales, como parte del caso del “Cártel del Despojo”, contenido en el expediente FGE//QR/FEEC/CAN/162/04/2021.
Sobre ese caso, dio a conocer que la carpeta de investigación, en poder de la Fiscalia Especializada en Combate a la Corrupción, está congelada por la presunta protección de la institución y de la estructura Judicial.
“Los demandantes han proseguido los juicios en otros niveles de la justicia federal buscando la atracción del caso, alejado del estado, y se conoce que están en una nueva etapa en donde se seguirán las acusaciones a los participantes de estos actos”, agregó el Observatorio.
¿Programa electoral?
Como antecedentes de lo ocurrido con “Mujer es Vida”, el Observatorio recordó el programa busca “contribuir a mejorar el acceso a la alimentación de las familias beneficiadas mediante la entrega de apoyos en especie y monetarios”.
Para recibirlos se debe contar con una tarjeta; para obtenerla las beneficiarias debían inscribirse del 13 al 19 de marzo en una plataforma digital o presencialmente en las cabeceras municipales, de acuerdo con la convocatoria.
El tope de beneficiarias se fijó en 50 mil, las cuales recibirían mil 100 pesos y una despensa de alimentos, alternando el apoyo económico con el otorgado en especie.
El Observatorio subrayó que tan solo una semana después de cerrada la inscripción, la entrega de tarjetas comenzó en el municipio de Benito Juárez, “algo que causó sospecha de que el padron seleccionado ya estaba previsto antes del cierre de la convocatoria”.
Otro dato no menor, fue el color de las tarjetas, que corresponde al que distingue al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y al Partido Verde (PVEM), lo que dio a pie a señalar que el programa posee tintes electorales.
Hasta ese momento el programa no había sido publicado en el Periódico Oficial para su inicio, ni tampoco las reglas de operación.
Tampoco se sabe si la entrega de las tarjetas corresponde a la población que habita las zonas de atención prioritaria que deben generarse a partir de datos del CONEVAL y el INEGI, de acuerdo con la Ley para el Desarrollo Social del estado.
En dichas zonas rurales y urbanas habitan las personas en condición de pobreza y pobreza extrema y se les denomina Areas Gesoestadisticas básicas (AGEBS)
“Es en estas zonas donde deben de estar ubicadas los registros de la personas suceptibles de recibir estos apoyos”, detalló el Observatorio, al considerar indispensable revisar los padrones de beneficarios y beneficiarias de cada programa y su correlación con las ubicaciones de las AGEBS, para verificar y evaluar si estan llegando a los ciudadanos que requieren estos apoyos y no a militantes de partidos políticos.
“Lo mas importante es que la política social no se convierta en una política electoral para beneficio de un grupo político y desprotegiendo a los marginados y pobres que la economía del estado ha creado en los últimos años”, remarcó.
