06 de junio/ Cancún, Q. Roo.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso de Quintana Roo rechazó la ratificación de los contratos firmados por la administración encabezada por la entonces alcaldesa de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, para la construcción del Palacio municipal y el mejoramiento del servicio de alumbrado público a través del esquema de Asociación Público Privada (APP), que endeudaría al ayuntamiento durante 30 años.
El dictamen elaborado por la Comisión Legislativa determinó la no ratificación de los contratos con los números de folio CMPM-CON-APP01-2021 y CMPM-CON-APP02-2021, suscritos por el gobierno de Fernández Piña con Inocaribe, SA de CV, para la construcción del Palacio Municipal, por un monto de hasta 264 millones 848 mil 279 pesos, y con OFN Quintana Roo, SA de CV, hasta por 292 millones 810 mil 459 pesos.
rel="nofollow"
El dictamen aprobado, a fin de no ratificar ambos contratos, fue remitido a la Presidencia de la Mesa Directiva y al propio ayuntamiento para los efectos legales y administrativos conducentes.
Originalmente, esos mismos contratos habían sido remitidos a la XVI Legislatura, que expidió los decretos 103 y 104, publicados en el Periódico Oficial, con los que autorizó al Ayuntamiento 2018-2021 suscribirlos bajo la figura de APP.
Sin embargo, de acuerdo con los oficios 351-A-EFB-01458 y 59, fechados el 13 de octubre de 2021, firmados por la Dirección de Deuda Pública de Entidades y Municipios, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), los contratos tenían omisiones e inconsistencias no subsanadas.
Lo anterior hacía inviable su inscripción en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, condición indispensable para la disposición o desembolso de financiamiento u obligaciones a cargo de entes públicos, según el ayuntamiento.
Extrañamente, su inscripción fue solicitada por el gobierno de Fernández Piña, el 29 de septiembre de 2021, tan solo un día antes de concluir el periodo constitucional de esa administración.
Tampoco se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Ley de Asociaciones Público-Privadas de Quintana Roo, en el sentido de que los contratos deben ser ratificados por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso, cuyo dictamen fue –esta vez– por la no ratificación.
