01 de junio/ Cancún, Q. Roo.- Luego de defender a ultranza el Programa de Desarrollo Urbano de Cancún (PDU 2022), cuya actualización no ocurrió durante su mandato, la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta, admitió que el ayuntamiento no está exento de cometer errores, pero aclaró que “los jueces tampoco”, por lo que refrendó la intención de su gobierno de impugnar la sentencia del Juzgado Quinto de Distrito que les ordenó dejar sin efecto dicho instrumento de planeación urbana.
“Entonces vamos a ver, más bien, de quién es el error”, ataja, ante los cuestionamientos que se le formulan sobre el tema, en el que la sociedad civil, académicos, ambientalistas y hasta hoteleros, le han pedido sujetarse a lo que establece la sentencia, en lugar de recurrirla jurídicamente.
rel="nofollow"
Son las 11 horas. Maquinaría especializada desazolvando pozos ubicados atrás del Palacio municipal, sobre la avenida Náder.
Agua negra y pestilente, resultado de lodos acumulados y agua anegada, que después del proceso al que se le somete ahí, regresa al subsuelo mejor de lo que brotó, explica personal de Servicios Públicos, que se afana por recoger la hojarasca atascada en coladeras y pozos o que se escapa hacia la superficie.
En la esquina del “Callejón del Canicazo”, la joven alcaldesa, militante del Partido Verde, supervisa acuciosamente los trabajos de limpieza que se replican por diferentes zonas de la ciudad, luego de intensas lluvias, más parecidas por su copiosidad e intensidad, a tormentas tropicales, que a simples precipitaciones pluviales, ayer, anteayer y la semana pasada.
La edil es abordada por la prensa. Los temas negros brotan como el agua de los pozos que se desasolvan. Entre ellos se le cuestiona sobre la decisión de interponer ante un Tribunal Colegiado un recurso de revisión, respecto de la reciente sentencia que establece que el PDU 2022 debe quedar sin efecto.
Declara, una vez más, que el instrumento de planeación urbano sigue vigente en tanto no exista una suspensión definitiva, pero se le comenta que en realidad estará vigente hasta que acaten la sentencia y lo dejen sin efecto, como ordenó el juez.
Se le pregunta por qué la insistencia de defender el PDU, cuando la sociedad civil, los empresarios, los académicos y especialistas en el tema, han denunciado desde hace casi un año las anomalías cometidas durante el proceso, las consultas simuladas, la versión sometida a consulta, que no fue la que se aprobó, la inclusión de Polígonos de actuación no contemplados originalmente, horas antes de turnar el ante proyecto al Cabildo, irregularidades confirmadas por el Juez Quinto de Distrito en su resolución.
La munícipe admite que a ella no le tocó estar al frente del ayuntamiento en esa época –porque la encargada de despacho era Lourdes Cardona en ausencia de la entonces alcaldesa, “Mara” Lezama, quien contendía por la gubernatura– pero sostiene que el procedimiento para elaborar el PDU fue apegado a Derecho.
También anuncia que designó al regidor Samuel Mollinedo, quien preside la Comisión de Desarrollo Urbano, como vocero para brindar información y dar seguimiento al caso.
El problema es que, en días pasados, en declaraciones a la prensa Mollinedo evidenció su poco entendimiento sobre los alcances de la sentencia y los dos actos reclamados sobre los cuales se pronunció el juez de Distrito.
Un funcionario municipal detrás de la alcaldesa, intenta desviar las preguntas sobre el tema y llevar la conversación sobre otro punto. “¿Alguna otra pregunta?”, se le escucha decir, mientras se hace saber a la edil que el juez concluyó que ninguna de las 300 observaciones hechas por la ciudadanía durante la consulta pública, fue atendida, ni incluida, lo que hacen del ese ejercicio de participación, una simulación.
Peralta de la Peña escucha con atención, ante el nerviosismo del personal a su cargo.
En lugar de huir como suelen hacer otros funcionarios y funcionarias, ante las preguntas incómodas que se le han formulado, la alcaldesa permanece y ofrece una explicación –convincente o no– pero que la muestra como una de las escasas servidoras públicas que parece comprender que entre sus funciones, está el rendir cuentas y responder a las interrogantes de la ciudadanía, en lugar de escapar.
La edil dice que ante las opiniones encontradas, el ayuntamiento está en su derecho en defender un instrumento que fue sometido a consulta pública, que fue votado por el Cabildo, que poseía un Atlas de Riesgo vigente y se apegaba a lo que establece la Ley de Asentamientos Humanos del estado.
- ¿Entonces el ayuntamiento no comete errores?, se le pregunta.
- Seguramente sí cometemos errores.
- Si ya se los marcó una autoridad (judicial), además de especialistas, ambientalistas, académicos y ciudadanos que impugnaron el PDU…y ya la autoridad judicial les está diciendo al ayuntamiento que tienen razón, se le insiste.
- Pero también así han habido muchos casos donde ha habido errores de los jueces, entonces vamos a ver, más bien, de quién es el error, concluyó.
La funcionaria siguió respondiendo preguntas sobre otros tópicos –Puerto Cancún, las obras en la Colosio, la instalación de cámaras de vigilancia– mientras el desasolve de pozos terminaba y los lodos quedaban expuestos en la superficie, para ser recogidos por el personal del ayuntamiento.
