El presidente de la República presentó en abril último una iniciativa de ley en la que “propone la fusión, integración o extinción de 18 órganos desconcentrados, organismos descentralizados, fideicomisos o unidades administrativas y la transferencia de sus funciones hacia secretarías de Estado”.
La lista: Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas Niños y Adolescentes, Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, Servicio de Información y Pesquera, Fideicomiso de Fomento Minero, Dirección General de Educación Indígena Intercultural y Bilingüe, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Instituto Nacional fe Ecología y Cambio Climático, Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, Instituto Mexicano de la Juventud, Instituto Nacional de la Economía Social, Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, Dirección General de Publicaciones, y Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia.
El propósito que persigue la iniciativa presidencial es “racionalizar la estructura orgánica de la administración pública federal, con el fin de eficientar los recursos públicos, agilizar los procesos administrativos y aprovechar los bienes nacionales adecuadamente”, y “permitirá la dispersión de recursos públicos para dirigirlos al cumplimiento de las funciones sustantivas del Estado”.
El Ejecutivo señala que actualmente el aparato gubernamental federal se “conforma de 19 secretarías de Estado, 73 órganos desconcentrados, 108 organismos descentralizados, 72 empresas de participación estatal mayoritaria, 17 fideicomisos públicos y 15 empresas productivas del Estado y subsidiarias”.
Antes, el año pasado, el presidente de la República había dicho que “apretaría todavía más el cinturón a la administración pública federal y que pasarían de la austeridad a la pobreza franciscana”. Exclamó en su oportunidad: “Ya vamos a pasar de la fase de austeridad republicana a una fase superior, que es la pobreza franciscana”.
Luego de la presentación de la iniciativa es escasa la información del asunto. Aún no hay debate público, ni análisis de efectos o consecuencias de la propuesta. El investigador de El Colegio de México, Fernando Nieto Morales, publicó el ensayo “La administración pública a través de los ojos de López Obrador”, en el que plantea inicialmente que en las modificaciones propuestas “nunca se prueba que las organizaciones por fusionar o desaparecer realmente adolezcan de los problemas que se les achaca. Tampoco quedan claros los efectos esperados de la reorganización propuesta, lo que es nada menor dada la diversidad de temas y poblaciones que se podrían ver afectadas y que incluyen a adulto mayores, jóvenes, pueblos indígenas y comunidades mineras, entre otras”.
La iniciativa podría dictaminarse y aprobarse en el siguiente periodo ordinario de sesiones que comenzará en el próximo mes de septiembre, y toda vez que se trata de reformas legales, que no requieren de mayoría calificada, se aprobarían solo con los votos de Morena y sus aliados en el Poder Legislativo, sin necesitar los de la oposición. Incluso, como sucedió con la primera parte del llamado “Plan B” presidencial, podrían aprobar las modificaciones en modo “fast track”. Nadie extrañaría ese proceder de los legisladores morenistas, dados los recientes antecedentes. En fin, en septiembre observaremos el “adelgazamiento” del aparato administrativo público federal, y sabremos si se “apretó el cinturón”.
El caso yucateco
En Yucatán, el gobernador conservador del PAN intentó una acción de gobierno dizque para generar un “ahorro” en las finanzas estatales. Fracasó en el intento. En 2019 anunció que “aspiraba” a tener un “ahorro” de 100 millones de pesos a partir del año 2020, con la desaparición de siete entidades pública (luego agregó una octava). En un boletín de prensa jocoso se informó del asunto: “Ante los retos del presupuesto del próximo año, gobierno del estado se aprieta el cinturón”.
La lista inicial: 1. Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado; 2. Junta de Asistencia Privada de Yucatán; 3. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del estado; 4. Casa de las Artesanías; 5. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán; 6. Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán; y, 7. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado. Después, en su iniciativa de presupuesto para 2020, adicionó a la número 8: Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya.
Hasta donde se tiene noticia pública, solo la institución de becas y la casa artesanal están en proceso de extinción, según el acuerdo de la Secretaría de Administración y Finanzas que contiene la relación de entidades paraestatales de la administración pública estatal. Las demás gozan de buena y cabal salud presupuestal. Para el año 2023, el Ejecutivo y los congresistas autorizaron y aprobaron los siguientes recursos:
1). Junta de Asistencia Privada de Yucatán: 3 millones 645 mil 771 pesos. 2). Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del estado: 2 millones 260 mil 504 pesos. 3). Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán: 301 millones 777 mil 737 pesos. 4). Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán: 126 millones 935 mil 472 pesos. 5). Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado: 10 millones 899 mil 485 pesos. 6). Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya: 16 millones 744 mil 693 pesos. El gasto de estos seis que se resisten a “desaparecer” sumará en 2023 la cantidad de 462 millones 263 mil 662 pesos (Política Educativa, “Isstey y los “desaparecidos”, EstamosAquí.mx, 18 enero 2023).
El Ejecutivo yucateco entonces no se “apretó el cinturón”, ni generó “ahorros”, como anunció en 2019.
Proceso electoral 2024
El principal aspirante del PAN a la candidatura para el cargo de gobernador del estado, el alcalde meridano Renán Barrera Concha, considera como “viable una alianza con otras fuerzas políticas en las próximas elecciones estatales”. En las encuestas recién publicadas, Barrera Concha obtiene las preferencias por encima de otros panistas como el Secretario de Educación Liborio Vidal Aguilar.
En las dos elecciones de gobernador del estado en las que el PAN logró la mayoría numérica, en 2018 y 2001, se alió con otros partidos políticos. El gobernador Mauricio Vila Dosal se alió con el partido Movimiento Ciudadano, en 2018 y en 2001, Patricio Patrón Laviada formó alianza con el PRD, PT y PVEM.
Mujeres poderosas y temibles
En la novela de Mónica Hernández, “La cofradía de las viudas”, cuya acción transcurre en la ciudad de México, en el siglo XVII:
– “Era consciente de que en el mundo en el que vivían los hombres temían a las mujeres, aunque tal vez siempre había sido así. Les temían y por ello las evitaban, las limitaban, las callaban e incluso las aplastaban, a veces hasta desaparecerlas. Gerónima había leído, y preguntado por aquí y por allá, en un intento por desentrañar la raíz de este miedo, porque había descubierto que era tan viejo como el mundo. Y encontró una poderosa razón: era la capacidad que tenían las hembras para crear vida, parir hijos, reconocer hierbas para curar enfermos, preparar ungüentos y hacer friegas, elaborar alimentos y bebidas para entibiar el cuerpo y el espíritu, coser y remendar telas y heridas, además de sentir lástima y compasión por sus semejantes, lo que las volvía poderosas y, por lo tanto, temibles. Descubrió que era precisamente esa capacidad de conectar con el alma de los demás lo que aterraba a los hombres, porque gracias a esta cualidad, las mujeres podían adivinar el futuro, intuir las intenciones, acercar las alegrías y alejar las tristezas”.
