12 de mayo/ Cancún, Q. Roo.- Junto con otros funcionarios de la institución, el titular de la Fiscalía General de Quintana Roo (FGE), Óscar Montes de Oca fue denunciado por probables omisiones, negligencia y obstaculización de la justicia, por la familia de Agostina Jalabert, la modelo originaria de Argentina que fue encontrada muerta en el apartamento que compartía con su hermana y su ex pareja, en Playa del Carmen, en febrero pasado.
En entrevista, al ser cuestionado sobre dicha denuncia, Montes de Oca Rosales respondió que el expediente está en poder de la Fiscalía Especializada en Materia de Feminicidios del estado y se ha solicitado la intervención de la Fiscalía General de la Ciudad de México, para que determine si el proceder de la institución a nivel local, ha sido adecuada.
“Es una opinión extra, ¿no? También pediremos la intervención de la Unidad de Análisis y Contexto. Sí había un entorno de violencia en la relación de pareja entre ellos; lo que yo he querido manifestar es que materialmente ella se privó de la vida. Si fue inducida o auxiliada, podría caber la posibilidad, por su pareja o ex pareja. En eso estamos.
“Es lo que yo he explicado siempre. Pericialmente, materialmente ella se quitó la vida. No hay indicio de que alguien lo haya hecho, materialmente. Pero a lo mejor ese contexto, para eso son las Unidades de Análisis, puede determinar que él la indujo o la auxilió o cualquier otra situación para que ella tomara esa determinación. Entonces sí cambiaría la situación de la investigación”, expresó.
Al respecto, Germán Jalabert –tío de Agostina– dijo a EstamosAquí.mx, que el fiscal sigue haciendo “caso omiso de las señales de tortura” que presentaba el cuerpo de la víctima y expresó que el proceso para conseguir justicia y verdad en el caso ha sido “muy difícil”.
La denuncia fue presentada por la familia ante la Embajada de México, en Buenos Aires Argentina y se hizo llegar vía mail al propio fiscal, a la Dirección de Asuntos Internos y Contraloría de la institución, a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a la gobernadora, “Mara” Lezama; a la Fiscalía Genera de la República (FGR) y a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim)
Los hechos ocurrieron el 18 de febrero pasado. Los funcionarios denunciados son el agente de la Policía de Investigación, adscrita a la Fiscalía Especializada en Homicidios, Jacobo Gutu Ramírez, como probable responsable de los delitos de omisiones, obstaculización de la investigación y falsedad de documento público.
Figuran también como denunciados el fiscal del Ministerio Público de la FGE, Irlanda Ramírez Flores, quien originalmente llevaba el caso; el vicefiscal de Asuntos Internos, José Carlos Villarreal Rosillo, superior inmediato de los dos funcionarios y el propio fiscal general, Óscar Montes de Oca, quien a pregunta expresa respondió que existe una queja administrativa.
“Ahí hay un tema de que no se hicieron a cabo la recolección de evidencias, de indicios; sí hay una queja administrativa, pero esto no impacta en el hecho en general (…)
“No es el primer caso donde hay omisiones de algún fiscal o elemento de la policía, que no hacen bien su trabajo. Por más que los capacitemos, a veces dejan cosas sueltas y eso le implica una responsabilidad administrativa a quien no haga bien su trabajo”, dijo.
La lectura del caso –aseguró Montes de Oca– se ha intentado explicar a los familiares, “pero ellos están en su derecho de expresar lo que quieran, pero nosotros estamos haciendo nuestro trabajo”.
La denuncia
La impericia de los funcionarios involucrados es evidente. De acuerdo con lo denunciado, la hermana de Agostina llegó al apartamento la mañana del 18 de febrero y el guardia de seguridad le comunicó que la noche previa hubo quejas de los vecinos, ante los disturbios y pelea entre la víctima y su pareja, Juan Manuel R., lo que requirió de la presencia de la policía.
Candela, hermana de Agostina, encontró la puerta del apartamento trabada; después de 15 minutos de golpear la puerta y timbrar a los celulares de la pareja, Juan Manuel abrió, la joven ingresó y encontró a la víctima colgada por el cuello del toallero localizado a un metro del piso, en el sanitario.
Al dar aviso a las autoridades, éstas llegaron al lugar, localizado en Playa del Carmen. Candela redactó una declaración que, posteriormente, fue suplantada por otra, modificada y sin su firma, misma que fue incorporada a la carpeta de investigación FGE/ QROO/ SOL/ 02/ 1229/ 2023.
Dicha declaración, que consigna un hecho previo a los hechos, se indica que Agostina intentó suicidarse con una taza que rompió adrede, lo cual era desconocido por Candela, quien califica esa información como “falsa y malintencionada” en el texto de la denuncia, a la cual tuvo acceso este portal periodístico.
El episodio se lo contó posteriormente la pareja de Agostina, vía mensaje por celular, pero se anexó el 27 de marzo como si fuese parte de su declaración inicial.
Del único lugar o de la única voz que el agente Jacobo Gutu, pudo haber oído dicha declaración, es de Juan Manuel R, se lee.
“La declaración es falsa, armada, pone énfasis en situaciones que no son reales” se denuncia, reclamando que en todo momento se pretende forzar los hechos y la línea de investigación, hacia la salud mental de Agostina, culpándola de su propia muerte.
El punto más grave omitido por la FGE, es la autopsia practicada al cadáver de la víctima, que reveló que antes de morir, fue golpeada, torturada con quemaduras de cigarrillo y abusada sexualmente o violada.
En la denuncia contra los funcionarios se consigna que no fue hasta que la abogada de la familia, solicitó, el 9 de abril, que el asunto se investigara como feminicidio, que ello se cumplió, pese a que desde el 22 de marzo la CNDH lo pidió al vice fiscal, José Villarreal Rosillo, vía oficio CNDH/ QVG/ DGPCTP/ 162/ 2023.
“Los funcionarios intervinientes hicieron todo lo contrario a lo que aconsejan los protocolos; encontraron un cadáver con dos personas, no procediendo como ante un feminicidio y, por lo tanto, no activaron el protocolo que marca la ley; no las demoraron, no les tomaron declaración minuciosa sobre los hechos y se concentraron en características personales de la víctima, revictimizándola”, se señala.
Aquel conjunto de negligencias se agrava en el caso de Jacobo Gutu –se indica en el escrito– por su “manifiesta intencionalidad de beneficiar al victimario, glosando en la causa una declaración falsa que parece redactada por el abogado del presunto feminicida”.
Sobre Montes de Oca, se le acusa como responsable de la institución, pero también por las declaraciones hechas, en las que sostuvo que “científica y pericialmente se comprobó que ella (Agostina) se quitó la vida”.
Al respecto, se cita que en algunos casos, los feminicidios son maquillados como “suicidios”, pero en caso de que sí sean suicidios, se provocan como resultado de haber sufrido violencia feminicida.
