La situación en la frontera entre Estados Unidos y México está cada día más tensa y el lugar parece una zona de guerra.
Ante esto, el presidente Joe Biden tuvo que desplegar 24 mil agentes en la frontera con México para atender a los migrantes que tomen “vías legales” para entrar al país y expulsar a los demás cuando el jueves expire una norma ligada a la pandemia.
La administración demócrata intenta ahora convencer a los migrantes de recurrir a “vías legales”, como pedir cita a través de la aplicación móvil CBP One para solicitar asilo en un puerto de entrada, recurrir a un permiso de reunificación familiar o acogerse a un programa que autoriza entrar a 30 mil personas por mes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití por motivos humanitarios.
Las nuevas reglas “impondrán condiciones significativas” sobre el acceso al asilo para quienes “no aprovechen estas sólidas vías legales […] y no soliciten asilo en uno de los países por los que viajaron”, advirtieron desde el Gobierno estadounidense.
Si los migrantes no son “elegibles al asilo”, es altamente probable que acaben deportados en nombre del Título 8, una norma migratoria que ya se usa desde hace décadas y que permite expulsar a todo aquel que entre al país sin una visa o documentación requerida.
Además de los 24 mil agentes, habrá gran cantidad de fuerzas militares
Estados Unidos desplegó 1.500 militares más en la frontera con México que “no participarán directamente en actividades de mantenimiento del orden”, ante un previsible aumento de migrantes cuando se levante la norma que permite impedir la entrada a muchos de ellos.
“A petición del Departamento de Seguridad Nacional” (DHS), el secretario de Defensa, Lloyd Austin, “aprobó un aumento temporal […] de 1.500 efectivos militares adicionales para complementar los esfuerzos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)”, afirmó el portavoz del Pentágono Pat Ryder en un comunicado.
El personal del Departamento de Defensa “ha apoyado a la CBP en la frontera durante casi dos décadas”, de modo que “es una práctica común”, matizó la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en rueda de prensa. Además llevarán a cabo “tareas administrativas”, precisó.
Según el Pentágono, se ocuparán durante 90 días de labores como detección, monitoreo o ingreso de datos hasta que la CBP pueda encargarse de las mismas contratando personal. “El personal militar no participará directamente en las actividades de mantenimiento del orden”, afirmó Ryder.
En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional reconoce haber pedido ayuda “debido a un aumento anticipado en la migración”, pero coincide en que el personal del Departamento de Defensa “no interactuará con migrantes u otras personas bajo custodia del DHS”.
El próximo 11 de mayo quedará sin vigor una polémica norma sanitaria conocida como Título 42, que permite bloquear o expulsar de inmediato a la inmensa mayoría de los migrantes que llegan a la frontera sin visa o documentación requerida para entrar.
Desde que se creó la regulación con la supuesta intención de frenar la pandemia, las autoridades estadounidenses han impedido bajo su amparo que se realicen más de 2,7 millones de solicitudes de asilo. Solo en marzo intentaron entrar más de 160 mil migrantes.
El Gobierno del presidente demócrata Joe Biden, candidato a la reelección en las presidenciales de 2024, sabe que el levantamiento del Título 42 disparará probablemente el número de cruces fronterizos y se prepara para ello.
Con información de Semana
