El Congreso de Quintana Roo aprobó el conjunto de reformas a la Constitución mexicana que suspende derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público a agresores sexuales y deudores alimentarios, conocida como “Ley 3 de 3 contra deudores alimentarios”, que le fue turnada por el Congreso de la Unión.
En la sesión ordinaria número 25, celebrada ayer y presidida por la diputada Mildred Ávila Vera, se aprobó el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 38 y 102 de la Constitución mexicana, para suspender los derechos o prerrogativas de aquellas personas que tengan una sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, y el normal desarrollo psicosexual.
También se les suspenderán sus derechos a quienes tengan una sentencia firme por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos; y por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.
En la misma sesión se aprobó también la polémica minuta de reforma constitucional a los artículos 55 y 91 de la Constitución federal, que reducen la edad mínima para ocupar los cargos de diputada o diputado y secretaria o secretario de Estado.
Con la modificación avalada por el Congreso de Quintana Roo, se busca disminuir de 21 a 18 años la edad con la que deben contar las personas que ocupen el cargo de diputada o diputado.
A través de la reforma, se busca dar un reconocimiento a la relevancia de la participación de las juventudes en la deliberación y toma de decisiones, para dar voz a sus expresiones, visión, filosofía y cosmovisión del mundo, aun cuando la iniciativa fue ampliamente criticada al considerar que se abre la puerta a personas que gozan de conocimientos, pero nula experiencia para enfrentarse a problematicas complejas, propias de la investidura que persiguen.
En la siguiente sesión el Pleno Legislativo aprobó adiciones a la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de Quintana Roo, para la aplicación de sistemas de manejo ambiental como una herramienta que defienda los criterios ambientales en el funcionamiento cotidiano de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los órganos autónomos, los ayuntamientos y las dependencias.
A través de estos sistemas, se busca contribuir al fomento de una cultura ambiental en el servicio público.
