09 de mayo/ Cancún, Q. Roo.- Las Madres Buscadoras, mujeres que cargan con el dolor por la desaparición de una hija o hijo, se encuentran doblemente vulnerables, pues además de enfrentar amenazas y correr riesgos durante búsqueda de sus familiares, no son reconocidas ante la ley como personas defensoras de derechos humanos, lo que impide que frente a riesgos y ataques, puedan acceder al Mecanismo Federal de Protección operado por la Secretaría de Gobernación (Segob)
El tema fue abordado el 19 y 20 de abril, en la Ciudad de México, durante el Encuentro Nacional con Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, organizado por las organizaciones Comunicación e Información de la Mujer (CiMAC), Artículo 19, la Casa del Migrante de Saltillo, Brigadas Internacionales de Paz (PBI) y asociaciones que integran el Espacio OSC.
La reunión de trabajo que en la cual participaron personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la región norte, centro y sur-sureste de México, tuvo como objetivo revisar el Manual para construir política pública integral que asegure el ejercicio del derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión.
Durante el encuentro, uno de los temas abordados fue la desprotección en que viven las Madres Buscadoras, como se conoce a las mujeres que, tras la desaparición de sus hijas e hijos, dedican sus esfuerzos para encontrarles, ante las omisiones, dilaciones, negligencia, corrupción y revictimización de las autoridades en esa materia.
Varias de ellas están agrupadas en colectivos u organizaciones o trabajan de forma individual, pero pese a la peligrosidad de su labor, que incluye la búsqueda en campo, fosas clandestinas, bares, zonas de riesgo y labores de investigación independiente, en la que invierten tiempo, dinero y esfuerzo para acceder a su derecho a la justicia, la verdad, y la reparación integral, no son reconocidas como personas defensoras de derechos humanos.
Las organizaciones participantes en el Encuentro Nacional reconocieron ahí la necesidad de promover modificaciones legales para que adquieran el status de defensoras de derechos humanos o encontrar una figura dentro del marco legal que garantice su protección, en los hechos.
Cuestionada al respecto, la encargada de despacho de la Comisión de Búsqueda de Personas en Quintana Roo, María López Urbina, admitió que las madres buscadoras se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y que se necesita protegerles dentro del marco jurídico.
Sin embargo, evadió el compromiso de que desde la Comisión que encabeza, se impulse una iniciativa ante el Congreso para que se les dé el estatus de personas defensoras de derechos humanos.
“La historia de los últimos 10 años nos ha arrojado diversas pérdidas de vida de activistas sociales, de representantes de derechos humanos, que han estado trabajando en prevención de la violencia contra las mujeres, el feminismo y tienen que estar protegidas por derechos humanos en todo momento. Se requiere trabajar con esta defensa de todas estas activistas y colectivas”, respondió en un primer momento.
Al precisarle que se trata de Madres Buscadoras, que carecen del reconocimiento legal como personas defensoras de derechos humanos, dijo que “estaría muy bien que nos sentáramos a trabajar con las colectivas para ver si alguna de ellas corre riesgos, pero hasta el momento no tenemos reporte de ello”.
Urbina encabeza una Red Interinstitucional para la Búsqueda de Personas, de reciente creación –diciembre del 2022– en la que precisamente han participado madres buscadoras –en su momento– del colectivo “Verdad, Memoria y Justicia” y ahora del colectivo “Madres Buscadoras de Quintana Roo”.
Las integrantes de ambos colectivos, en diferentes momentos, han expresado públicamente que se saben en riesgo, que tienen temor y que en algunos casos han recibido amenazas, incluso de muerte, a través de sus celulares o en redes sociales.
La gravedad, estriba que dichas amenazas no sólo provienen de personas ligadas a la desaparición de sus hijas e hijos, sino de funcionarios públicos, como ocurrió en el caso de una mujer que incluso tuvo que desplazarse de Cancún a otro estado, al recibir amenazas que, presume, provinieron de la propia Fiscalía General del estado (FGE)
La identidad de la víctima indirecta, de identidad reservada, volvió recientemente a la ciudad, para redoblar los esfuerzos en la busca de su hijo, quien fue privado de la libertad por sujetos desconocidos y luego desaparecido.
