09 de mayo/ Cancún, Q. Roo.- En una reunión con autoridades estatales y municipales, integrantes del Colectivo Ciudadano Isla Cozumel, solicitaron al gobierno de Quintana Roo fungir como intermediario ante diversas dependencias federales para revocar permisos y concesiones otorgadas a la empresa Muelles del Caribe para la construcción y operación de un cuarto muelle en aquella demarcación.
El encuentro se celebró en la representación del gobierno del estado, en la ciudad de Cancún, la tarde de ayer, y fue entregada una carta dirigida a la gobernadora, con una lista de peticiones hechas por la ciudadanía organizada, en representación a los 3 mil 170 habitantes de la isla que se oponen al megaproyecto.
“Manifestamos nuestra franca y abierta oposición a la construcción de un cuarto muelle para cruceros, debido a los enormes y numerosos impactos negativos que generaría el proyecto, tanto en su etapa constructiva como operativa”, se lee en la carta entregada a las autoridades.
Luis Rodríguez Huesca Alcántara, en entrevista, recordó que el documento facilitado a las autoridades locales expone las razones económicas, ambientales y sociales por las cuales no es pertinente construir un cuarto muelle, además de las probables irregularidades en que incurrieron las Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), de Medio Ambiente (Semarnat) y Comunicaciones y Transportes (SICT), al autorizar el proyecto, dentro de sus ámbitos de competencia.
También se anexó la situación jurídica, luego del recurso que revisión que se interpuso ante el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, derivado de la sentencia emitida por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Veracruz, Rodolfo Pedraza Longi, quien sobreseyó la demanda, al desconocer el interés legítimo de integrantes del Colectivo”.
En ese mismo acto se solicitó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) ejerza su facultad de atracción para atender el asunto.
El recurso de revisión RR 472/ 2022, fue presentado el pasado 24 de abril y se argumenta que los promoventes del amparo no solo acreditaron su interés legítimo, sino que además la jueza en turno lo avaló y les había concedió una suspensión definitiva que ordenaba que las cosas se mantuviesen en el estado que se encuentran.
“Sabemos que son autorizaciones federales, pero también que el gobierno estatal es un aliado importante, uno, al momento de reconocer esta lucha y dos, como vínculo con el gobierno federal”, manifestó Huesca.
El decálogo de peticiones consiste en que se garantice el respaldo de la gobernadora, “Mara” Lezama, para que funja como un enlace con la Semarnat, para que se reconozcan las probables irregularidades e ilegalidades cometidas durante la evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), del proyecto, con el fin de revocar la autorización en materia de impacto ambiental.
Que Lezama Espinosa proceda de la misma forma frente a la Dirección General de Zona Marítimo Terrestre (Zofematac) para revocar la solicitud de concesión para el proyecto; y que haga lo propio ante la SHyCP, con los mismos fines.
Además, que el ayuntamiento de la alcaldesa, Juanita Alonso, niegue los permisos de carácter municipal a “Muelles del Caribe” y que se promueva una consulta popular, a fin de que sean las y los habitantes de Cozumel quienes decidan si se concreta o no el proyecto.
El entrevistado explicó que no existe viabilidad económica para la construcción y operación del muelle, habiendo ya 3, subutilizados y que para que alcancen el 100 por ciento de su capacidad de operación, tardaría años.
Recordó que la zona donde se pretende construir es donde se ubica el Arrecife Villa Blanca, que es la última en donde se pueden hacer tours de snorkel fuera de los polígonos protegidos.
