En materia de seguridad pública, Yucatán es un estado de excepción, por la confianza indudable que la sociedad deposita en las policías de la entidad, estatal y municipales. Aquí en gran medida, no les tenemos miedo a los policías, al contrario les tenemos confianza. Los saludamos en las calles y ellos nos devuelven el saludo. Este simple hecho casi no se observa en otras entidades federativas. Esta situación excepcional viene de antaño, no es exclusiva de la tarea policiaca de los últimos años.
Por ejemplo, el Ejecutivo promueve así el asunto: “La corporación estatal cuenta con la confianza y apoyo de los habitantes de Mérida al registrar que el 81.6% de la población de 18 años y más tiene mucha o algo de confianza en ella” (Boletín de prensa, “Policía yucateca con el mejor desempeño y la mayor confianza a nivel nacional”, 20 enero 2023).
Gasto ejecutivo
Durante los últimos cinco años, el gobierno del estado 2018-2024 le ha destinado a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) la cantidad total de 17 mil 829 millones 087 mil 508 pesos.
La SSP ejercerá en 2023, conforme al presupuesto de egresos, un gasto por la cantidad de 3 mil 609 millones 089 mil 519 pesos.
Según el Informe Financiero de 2022, el año pasado dispuso inicialmente de 3 mil 250 millones 124 mil 321 pesos, pero tuvo una ampliación presupuestal de 281 millones 203 mil 173.59 pesos. Así que concluyó 2022 con un gasto total de 3 mil 531 millones 327 mil 494.59 pesos.
En 2021, gastó 3 mil 566 millones 877 mil 605.20.
En 2020, un total de 4 mil 039 millones 090 mil 799.94 pesos.
En 2019, gastó 3 mil 082 millones 702 mil 089.48 pesos.
A la fecha, ni el Ejecutivo ni la SSP, han rendido cuentas del gasto ejercido por la dependencia policiaca. Generalmente se esgrimen “asuntos de seguridad” para no hacerlo. Lástima, en su caso, la confianza social en la SSP se acrecentaría.
La reforma constitucional
Habría que destacar, en primer lugar, la decisión ejecutiva de no militarizar a la corporación policiaca en Yucatán. La propuesta señala, en lo que interesa, que “las instituciones de seguridad pública, estatal y municipales, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”.
Yucatán se aleja así del proceso de militarización que enseñorea el ámbito federal. El mando de la seguridad pública debe ser civil. Yucatán adopta textualmente lo dispuesto por la Constitución federal: “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”.
Desde 1970 a la fecha, el mando en la dependencia ejecutiva policiaca, ha sido civil. Parece que sólo los gobiernos de Carlos Loret de Mola Mediz y Graciliano Alpuche Pinzón, si la memoria no falla, han tenido en algún momento de sus administraciones, a un militar al frente de la hoy Secretaría de Seguridad Pública.
Es curioso, por decir lo menos, que la prensa local y los opinadores políticos y sociales, no destaquen el asunto de esta reforma iniciada por el Ejecutivo local.
Luego plantea que “el presupuesto estatal asignado a la dependencia del Poder Ejecutivo encargada de la seguridad pública no podría ser disminuido respecto al del año anterior, aumentará anualmente, al menos, conforme al índice inflacionario anual, sin exceder del 10% del presupuesto total asignado a la dependencia el año anterior, y una vez asignado no podrá ser dirigido o redistribuido a otra dependencia o entidad”.
Es decir: a). En 2024 el gasto policiaco de la SSP no podrá ser menor de 3 mil 609 millones 089 mil 519 pesos, que ejercerá en 2023; b). Podría aumentar quizá en un 10% del presupuestado para 2023; y c). Este presupuesto tendrá que conservarse inalterable durante todo el 2024, salvo, tal vez, en el caso de alguna ampliación presupuestal a favor de la SSP.
Todo parece indicar que se trata de una razonable propuesta ejecutiva para conservar y elevar los índices de confiabilidad social en la seguridad pública yucateca, y disminuir de paso el porcentaje del 30.6 de la población que percibe inseguridad en el estado, según afirmación del Ejecutivo estatal.
Aquí sí vale la pena que los diputados levanten su mano para aprobar la iniciativa de reforma constitucional.
Convendría también que los congresistas impusieran al Ejecutivo y a la SSP la obligación de rendir cuentas a la sociedad del gasto ejercido por la dependencia policiaca, que no estaría reñido con el concepto de “asuntos de seguridad”, que se usa como excusa para que predomine la opacidad en el ejercicio del gasto público.
El crédito
El Ejecutivo tampoco ha rendido cuentas del crédito autorizado por el Congreso por la cantidad de 2 mil 620 millones de pesos, para el programa denominado “Fortalecimiento tecnológico de seguridad y monitoreo, Yucatán Seguro”, aprobado en 2019, y que preveía “invertir en la tecnología más moderna para reforzar la seguridad de los yucatecos”, según ofrecimiento ejecutivo en julio de 2019.
El decreto de autorización señala que el crédito “deberá amortizarse en su totalidad en un plazo que no exceda de veinte años”, y como “garantía de pago” se afectaría “un porcentaje suficiente de los ingresos y derechos que le corresponden al estado de los recursos del Fondo General de Participaciones”.
90 días
El gobernador del estado aún no ha dado aviso al Congreso para ausentarse del territorio del estado por hasta noventa días naturales, para “cumplir con sus compromisos gubernamentales”.
No lo ha hecho, por la simple razón de que aun no es ley vigente la disposición constitucional de referencia.
Apenas entre en vigor la reforma constitucional, la sociedad estará atenta al aviso ejecutivo que deberá dar al Congreso estatal, para saber a dónde irá por hasta 90 días.
