Luego de prolongada audiencia que duró toda la noche y parte de la mañana de este día, se le impone prisión preventiva justificada a 38 personas imputadas, detenidas el pasado 20 de marzo en violento desalojo de tierras de Chicxulub Puerto, con excepción de uno de los consignados por el cual se decreto suspensión del proceso por motivos de salud, ya que convulsionó y tuvo que ser trasladado a un hospital.
En la audiencia se decretó legal la detención de los 39 detenidos y la fiscalía adscrita al Juzgado Segundo de Control del Centro de Justicia Oral de Mérida a cargo de la Licenciada Diana Yadira Garrido Colonia, les formuló imputación por los delitos de ataques peligrosos contra servidor público, lesiones contra servidor público, daño en propiedad ajena contra Institución pública y resistencia de particulares, todos ellos cometidos en pandilla.
A petición de los defensores, entre ellos el Licenciado Jorge Valencia Palomo, se reservan el derecho a declarar y piden que su situación jurídica se resuelva en la ampliación del término, por lo que se fijó para el próximo lunes la continuación de la audiencia.
Durante la madrugada, uno de los imputados comenzó a sentirse mal, al grado de desvanecerse en la sala, por lo que la Juez ordenó que fuera trasladado a un hospital, tras llegar paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública, lo que causó inquietud entre los familiares de los detenidos que pasaron la noche en los pasillos del Centro de Justicia.
La Juez les impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada por todos los imputados con excepción del que fue trasladado al Hospital, bajo el argumento de que no han podido demostrar arraigo domiciliario ni laboral, así como atendiendo al nivel de alto riesgo comunicado por Centro Estatal de Medidas Cautelares, así como también tomando en cuenta que se trata de delitos previstos con pena privativa y que se pone en riesgo a la sociedad, ya que la mayoría refirieron ser de Chicxulub, poniendo en riesgo la paz social.
Todos ellos fueron trasladados hacia las instalaciones penitenciarias, en espera de que se resuelva el próximo lunes su situación jurídica.
