17 de marzo/ Cancún, Q. Roo.- A cinco años de haber sido extraditado de Panamá a México para enfrentar los delitos que se le imputan y lo mantienen sujeto a prisión preventiva, el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, no ha llegado a la etapa de juicio oral en ninguno de los procesos que enfrenta a nivel federal y local.
Los dos delitos que se le imputan por operaciones con recursos de procedencia ilícita (causa penal 381/ 2017) y delincuencia organizada (causa penal 541/ 2019), del orden federal, se mantienen en etapa inicial de investigación.
En tanto las causas penales del orden local, por peculado (159/ 2017); aprovechamiento ilícito del poder (151/ 2017) y desempeño irregular de la función pública (154/ 2017), siguen en etapa intermedia.
Ocho meses después de concluido su mandato, al frente del gobierno estatal, el 31 de mayo de 2017 un juez de Distrito del Centro de Justicia penal Federal en el Estado de México, libró la orden de aprehensión contra Borge Angulo por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de ocultar o pretender ocultar bienes dentro del territorio nacional, sabiendo que proceden de una actividad ilícita.
El cuatro de junio de ese año, el político nacido en Cozumel fue detenido en un aeropuerto de Panamá y recluido en penales de ese país, mientras se autorizaba su extradición a México, lapso en el que se sumaron tres delitos más en su contra, del orden local.
Para el cuatro de enero de 2018 Borge fue extraditado a México y presentado ante un juez federal, quien al día siguiente lo vinculó a proceso por el delito federal que le fue imputado en la causa federal 381/ 2017.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Borge –en esa causa penal– de ser coautor de un plan –primero– para enajenar y adquirir, junto con otros funcionarios de su administración, 22 inmuebles del patrimonio estatal, a precios subvaluados, para luego ocultarlos o intentar ocultarlos, a través de familiares, amigos, empleados o empresas, que le sirvieron de prestanombres, utilizando el sistema financiero mexicano, en un periodo de abril de 2011 al 25 de septiembre de 2016.
La venta de los 22 predios fue por 238 millones 790 mil 121 pesos, cuando su valor real era de mil 138 millones 889 mil 540 pesos, lo que representó para Quintana Roo un quebranto por un total de 900 millones 099 mil 418 pesos
Con la vinculación a proceso, el juzgador dio seis meses para la investigación complementaria y dictó la prisión preventiva justificada como medida cautelar, durante el tiempo que durase el proceso.
Vencido el plazo para complementar la investigación, la audiencia para el cierre de la misma se prorrogó siete veces, debido a los recursos de defensa presentados por Borge y la respuesta jurídica de la FGR.
Delincuencia Organizada
Ayer, un juez vinculó a Borge por un quinto delito, adicional a los que motivaron su extradición a México, para lo cual la FGR tuvo que obtener la autorización del gobierno de Panamá.
El delito de Delincuencia Organizada que se le imputa en esa nueva causa penal (541/ 2019), se centra en los mismos hechos consignados en la causa penal 381/ 2017 y en la causa penal local, por peculado (159/ 2017), es decir, en que para enajenar, adquirir y ocultar el origen, destino, movimiento, propiedad y titularidad de 22 inmuebles de la reserva territorial del estado, Borge Angulo estableció complicidad con funcionarios bajo su mando, amigos, familiares, empleados y empresas.
Así, conforme a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la FGR acusa a Borge de haber incurrido en peculado, luego en operaciones con recursos de procedencia ilícita y, finalmente, “al análisis de esos dos, se llega a la conclusión que igualmente las conductas desplegadas por los imputados (entre ellos, Borge), configuran inicialmente el delito de Delincuencia Organizada”.
Procesos en el fuero local
El ex jefe del Ejecutivo enfrenta también procesos en el fuero común, integrados a la solicitud de extradición a Panamá, en 2017.
El 14 de mayo de 2019 fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de aprovechamiento ilícito del poder (151/ 2017), con medida cautelar de prisión justificada por dos años, durante los cuales también se han ejercido actos de defensa. Este caso corresponde a la transportadora aérea VIPSaesa.
Respecto a la causa penal 154/ 2017, fue vinculado a proceso el 13 de noviembre de 2019, con prisión preventiva justificada de dos años, revisada en audiencia el 10 de noviembre del 2021 y motivo de otros recursos de impugnación.
El asunto versa sobre la exención del pago de derechos por la renta de carritos de golf, lo que provocó un quebranto al erario.
Finalmente, por el delito de peculado (159/ 2017), Borge fue vinculado a proceso el 12 de diciembre de 2019, sin que se haya dictado una medida cautelar. Este caso es por la enajenación de 18 inmuebles a un precio inferior a su valor comercial.
Los predios se ubican en Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Akumal, Chemuyil, Cozumel, Bacalar y Mahahual.
En noviembre del 2022, un Tribunal Colegiado resolvió negar un amparo en revisión promovido por la defensa de Borge, cuyo argumento era que el delito había prescrito.
A ese momento, la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo, quien lleva los tres casos a nivel local, informó sobre éste, que el monto de desfalco alcanzaba los dos mil 510 millones 532 mil 784 pesos.
