Quintana Roo

Pese al amparo ganado por Uber, escala violencia contra operadores de la plataforma en Cancún. Ahora les amenazan con pistola

Pese al amparo ganado por Uber, que les reconoce como un servicio de transporte privado, no concesionable en Quintana Roo, sus riesgos al operar –aún sin regulación– han aumentado.

Los taxistas que intentan bloquear su operación recurren ahora al uso de armas de fuego para amedrentarles o son detenidos y fichados por las autoridades municipales, denunciaron hoy socios conductores registrados ante la plataforma.

En conferencia de prensa, Agueda Esperilla y Carlos Calzado, socios conductores, responsabilizaron del peligro que corren las y los socios operadores de esta plataforma, al gobierno estatal, a la Fiscalía General del estado (FGE) y al Congreso del estado.

Al gobierno estatal, por solapar a los taxistas y funcionarios omisos; a la Fiscalía, por bloquear las 500 denuncias interpuestas, y a la XVII Legislatura por rechazar la solicitud de juicio político en contra de la secretaria de Gobierno, Cristina Torres y del director general de Instituto de Movilidad (Imoveqroo), Rodrigo Alcázar, presentada en febrero pasado.

La razón para no dar entrada a la solicitud de juicio político –explicaron– fue que no compete a Torres y Alcázar el dar cumplimiento a la sentencia de amparo emitida el pasado 11 de enero por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que exenta a la plataforma de la porción normativa que regula a las plataformas digitales como un servicio público de transporte.

Esperilla y Calzado coincidieron en que la demanda de juicio político no sólo se centraba en la sentencia, sino en otros apartados de la Ley de Movilidad que han sido incumplidos.

Subrayaron, en lo general, que la inacción de las autoridades ante las agresiones que, paradójicamente, escalaron luego de obtenido ese amparo a favor de Uber, se han intensificado, poniendo en riesgo no solo la vida de las y los operadores, sino de los propios turistas.

Johan, socio conductor registrado ante la plataforma, expuso la experiencia que vivió días atrás, cuando luego de llegar por unos turistas y subir sus maletas al vehículo, un taxista a bordo de su auto, se colocó al frente suyo, descendió, lo amenazó y le arrojó una piedra, dañando su unidad.

El conductor se marchó, llevó a los turistas a su destino. El turista se ofreció a apoyarlo con su testimonio, por si deseaba denunciar al taxista agresor. Johan se retiró y condujo hacia el sitio de taxis localizado en la terminal de Ultramar, en Puerto Juárez, para ubicar a su agresor.

“Ubiqué el vehículo, pero no estaba el taxista. Llamé a una patrulla que pasaba por la zona, fuimos a donde estaba el vehículo, le mostré las votos y video, se llamó a otras patrullas, llegaron dos más, esperamos a que apareciera el taxista, pero nunca llegó. Se llamó a una grúa, montaron el auto y se acercaron los delegados del Sindicato, apareció el taxista, sin el uniforme y negó ser el conductor del vehículo.

“El jefe de la policía me dijo que el vehículo sería llevado a la Secretaría de Seguridad Pública y que yo me fuera con ellos, porque los delegados querían llegar a un acuerdo”, detalló.

Ya en la Secretaría de Seguridad Pública, los delegados nunca llegaron. El jurídico le explicó que ante la ausencia de representantes legales del taxi o el conductor, se iban a llevar el auto al corralón y que él debía interponer una denuncia ante la FGE, lo cual acató.

Al día de hoy desconoce qué pasó con el taxi y con el dueño, responsable de la agresión que él sufrió.

Águeda relató el caso de otra conductora quien también denunció, pero al juez cívico, luego de ser detenida sin razón, cuando ella fue la agredida por taxistas.

“Lo que podemos ver aquí es que la autoridad está siendo cómplice de lo que está pasando. Realmente siguen apoyando a los taxistas y a los agredidos no nos ayudan en nada. A esta niña Rosy, se llevaron su coche al corralón, se tuvieron que perder tres días, se pagó al juez cívico mil pesos para dejarla salir, sin comprobante de por qué, porque originalmente le pedían cinco mil pesos.

“Al final querían que ella pagara el corralón para sacar su carro, cuando fue un error de la autoridad el haberla detenido (…)”, dijo, al confirmar que la conductora fue tratada como delincuente, pues fue arrestada, fichada y exhibida.

Otro de los casos expuestos versa sobre una conductora que recogió a unos turistas en uno de los hoteles Oasis, cuando un taxista le salió al paso, la amenazó con una pistola y provoca que ella se retirara. Sin embargo, la operadora acudió a la policía turística para pedir apoyo y al acudir a donde estaba el taxista, le fue encontrada el arma y droga.

“Finalmente seguimos siendo amenazados, violentados, no solo nosotros, sino hasta los turistas. No puede ser posible que deberíamos estar trabajando con toda tranquilidad, trabajamos peor”, reprochó, al citar un caso más, que ella mismo videograbó.

El hecho ha sido ampliamente difundido por el gobierno estatal, a través de pautas pagadas en redes sociales, como publicidad, mediante un video con el coordinador de la estrategia de seguridad, José de la Peña y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, Rubén Oyarvide, a cuadro, informando sobre la detención.

Águeda cuestionó a quién tienen que acudir para que la violación de sus derechos humanos sea frenada y castigada y su seguridad, garantizada.

Carlos Calzado manifestó que contemplan pedir el apoyo fuera del estado, recurriendo a instancias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero reconoció que el problema radica en que la gobernadora, “Mara” Lezama es “protegida” por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien pareciera “engañado” de la verdadera situación que prevalece en el estado con ese y otros temas.

Calzado sostiene que la mandataria estatal no actúa y “solapa” a sus subalternos, debido a que ella y su familia fueron beneficiados con placas de taxi otorgadas durante el mandato del entonces gobernador, Roberto Borge Angulo, mientras que la clase política goza también de placas para amigos y familiares, como “pago de favores”.

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