30 de enero/ Cancún, Q. Roo.- La Secretaría de Desarrollo Social de Quintana Roo (Sedeso), que obtuvo del Congreso uno de los presupuestos más abultados de su historia, opera la entrega de ayudas sociales y subsidios a la población, sin reglas de operación y sin haber sometido al aval de la Legislatura, la definición de las zonas de atención prioritaria, con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
El Observatorio Legislativo Ciudadano (OLC) indicó que el Congreso local estableció en el Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo, condicionantes para la aplicación de los recursos destinados al otorgamiento de las “ayudas sociales” por parte de los entes públicos que tengan ese objetivo dentro de sus atribuciones.
Los dos entes que concentran una gran partida presupuestal con ese objetivo, son la Sedeso, a la cual le aprobaron 973 millones 838 mil 770 pesos, y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), con mil 137 millones 828 mil 424 pesos.
De acuerdo con el artículo 70 del Presupuesto de Egresos 2023, la dependencia y el organismo debieron haber publicado sus reglas de operación en el Periódico Oficial del estado, el 13 de enero, como fecha límite.
“Esta situación no se cumplió y lo consideramos grave, no solo porque no contempla recursos para programas de agrupaciones que han estado apoyando la política social (…)
“La aplicación de los recursos por parte de las entidades señaladas, sin ese cumplimiento legal, puede ser cuestionada judicialmente y objeto de señalamientos en el cumplimiento normativo en el proceso de rendición de cuentas ante la Auditoria Superior del estado (ASEQROO)”, subrayó el Observatorio.
La asociación ciudadano-empresarial acompañó el texto del artículo 70 del decreto del Presupuesto de Egresos, el cual señala que las reglas de operación debieron publicarse en el Periódico Oficial en la fecha señalada y que dichas reglas deben identificar la población objetivo, el propósito o destino principal y la temporalidad del otorgamiento de las ayudas sociales y subsidios.
Los mecanismos para su distribución, operación y administración deberán garantizar que los recursos se entreguen a la población objetivo y reduzcan los gastos administrativos del programa correspondiente, se lee.
La Sedeso –se indica– deberá promover la elaboración, así como la validación de las reglas de operación de los programas sociales que operan en el estado, en cumplimiento al artículo 22, Fracción XVII de la Ley para el Desarrollo del estado.
Una vez publicadas en el Periódico Oficial, “los entes públicos deberán ponerlas a disposición de la población a través de sus páginas oficiales de internet, y enviarlas oficialmente en su versión electrónica para su publicación en la página de la dependencia.
“Los entes públicos no podrán ejercer los recursos destinados para los programas sociales sin que previamente se hayan notificado a la Secretaría (Sefiplan) las reglas de operación de los mismos”, se subraya.
Nada de ello ha ocurrido, como tampoco se ha cumplido lo que mandata la Ley para el Desarrollo de Quintana Roo, que establece que la Sedeso debió cumplir los artículos 27 y 28 de esa normatividad, para determinar las zonas de atención prioritaria y los segmentos de la población objetivo a las que se canalizarán los recursos públicos destinados al desarrollo social.
“Estas zonas de atención prioritaria deben de informarse al Congreso del estado para su revisión anual y, en su caso, adecuarse en el primer periodo de sesiones de la Legislatura de cada año.
“Igualmente no se ha cumplido y que es necesaria para la aplicación de los programas, de acuerdo a lo que establece el artículo 30 de la propia ley en comento”, se menciona.
