Quintana Roo

Rappi rechaza dictamen que reforma Ley de Movilidad en Quintana Roo. Afecta a repartidores, alerta

19 de enero/ Cancún, Q. Roo.- El proyecto de dictamen aprobado días atrás, en comisiones, que propone reformas a la Ley de Movilidad de Quintana Roo, afecta directamente a repartidores registrados a plataformas digitales que intermedian el servicio de entrega a domicilio de alimentos y bebidas, como Rappi, advirtió la empresa.

El director de Asuntos públicos de esta compañía, con presencia en nueve países de Latinoamérica y diversos estados de México, Fernando Cota, dijo a EstamosAquí.mx que las modificaciones al marco legal vigente buscan que los repartidores soliciten un permiso de operación, formen una suerte de cooperativa y paguen dos por ciento por cada viaje hecho, lo cual consideró un exceso y una exigencia única, no hecha en ningún otro lugar.

El 17 de enero, por unanimidad, la Comisión de Movilidad aprobó el anteproyecto de dictamen que determina, entre otras cosas, que el servicio de transporte de repartición y diligencias es privado, adicionando una fracción V al artículo 82 y que requiere de permiso expedido por el Instituto de Movilidad (Imoveqroo) para operar en el estado (artículo 102 bis)

El artículo 85 TER, creado, define al servicio privado de Transporte de Repartición y Diligencias como aquel que se otorga a solicitud de particulares, ya sea de manera verbal o digital de forma directa entre un particular y un permisionario, a través de plataformas tecnológicas.

Consiste en la realización de mandados o encomiendas como pueden ser: Compras, repartos, entregas de mercancías, alimentos preparados o productos en general, así como pagos de servicios o productos, cobros o retiros económicos, mensajería o diligencias en general, en bicicletas, motocicletas o vehículos conducidos y transportados por un solo operador, cumpliendo con las características solicitadas para dichas funciones.

Los vehículos utilizados deberán estar debidamente acondicionados con cajas especiales de resguardo de productos para su debida transportación, reparto y entrega en óptimas condiciones.

Para el otorgamiento del permiso correspondiente, se solicitará previamente la acreditación de la organización laboral o empresa a la que el solicitante representa o pertenece.

“Las plataformas tecnológicas que tengan por objeto ser medio para solicitar el servicio privado de transporte de repartición y diligencias requerirán de una autorización expedida por el Instituto”, se lee en el dictamen, al cual se le hicieron cambios en lo particular para marcar el cobro del 2 por ciento, para alimentar el Fondo de Movilidad.

“Entendemos que falta que se discuta en el pleno, pero nosotros estamos muy preocupados, porque afecta directamente el modo de vida de los repartidores, que podían autoemplearse y que ahora tendrían que pedir permiso al gobierno, según lo que se plantea.

Las medidas afectarían a un promedio de 2 mil repartidores en Quintana Roo, solo de esta plataforma, pero aplicaría a otras, como Uber eats.

“Luego se crea este impuesto del 2 por ciento por cada viaje a los intermediarios del servicio. En ninguna legislación de América Latina aplica algo así”, dijo.

En la Ciudad de México, explicó, se pretendió aplicar un 2 por ciento sobre las comisiones por cada pedido, lo cual se judicializó y está suspendido, por inconstitucional.

Adicionalmente, afectará a los pequeños y medianos negocios que se apoyan de estos servicios de entrega, a falta de contar con sus propias unidades y equipo de marketing, como sucede con las grandes cadenas o franquicias, que quedarían exentas del pago y el permiso

El entrevistado puso como ejemplo las pizzerías locales, versus las pizzerías de franquicia.

“Nosotros queremos hacer un llamado a que se escuche a las plataformas y a los repartidores. No estamos negados a que se regule, pero no así. No se está escuchando a nadie y el impacto será muy grave. Estamos en todo momento abiertos al diálogo”, sostuvo.

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