Quintana Roo

Inspiradas por caso Yucatán, feministas piden a gobernadora de Quintana Roo impulsar Ley 3de3 contra violencia de género

18 de enero/ Cancún, Q. Roo.- Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarase constitucional la “Ley 3 de 3 contra la violencia de género”, aprobada en Yucatán en 2022, la Red Feminista Quintanarroense (RFQ) llamó a la gobernadora, “Mara” Lezama, a promover reformas que sigan esa misma ruta en la entidad y se impida que hombres con historial de violencia contra las mujeres ocupen un cargo público.

“Es necesario impulsar en Quintana Roo y en todo el país, la Ley 3 de 3 contra la violencia. Desde la Red Feminista Quintanarroense, trabajaremos para hacerla una realidad en la entidad.

“¡Ningún agresor en el poder! ¡No tendrán nunca más la comodidad de nuestro silencio! Mara Lezama, si en realidad en su administración su prioridad son las mujeres, esta es una de las iniciativas que hay que impulsar”, indicó la colectiva.

El 22 de junio de 2022 el Congreso de Yucatán modificó diversas leyes locales a fin de prohibir que personas deudoras alimentarias, acosadores sexuales y agresores por razones de género puedan acceder a cargos públicos, ya sea por designación o por elección popular.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) había promovido una acción de inconstitucionalidad con el número 98/ 2022, admitida por el máximo tribunal del país.

Sin embargo, éste avaló las reformas aprobadas por la Legislatura, en donde se establece que las personas con antecedentes como agresoras por violencia familiar, delitos sexuales, de violencia contra las mujeres por razones de género en cualquiera de sus modalidades o que tengan antecedentes como deudores alimentarios morosos o como agresores por el delito de incumplimiento de obligaciones, no deben ocupar cargos públicos.

“Las personas agresoras no están en condiciones de accionar para prevenir, combatir y sancionar la violencia que tanto daña a nuestra sociedad, situación aún más delicada tratándose de altos cargos públicos en cuyas manos está la elaboración y modificación del marco legal, la gestión de la administración pública, la persecución de los delitos y la impartición de justicia”, expuso la RFQ.

Al respecto, Yunitzilim Rodríguez, de “Marea Verde Quintana Roo”, recordó que el entonces diputado, Edgar Gasca, presentó la iniciativa con la anterior Legislatura, pero ni siquiera fue turnada a comisiones.

Por tanto, se trata de una de las iniciativas pendientes que la Red Feminista Quintanarroense presentó al nuevo gobierno y a la XVII Legislatura, como parte de la Agenda Feminista, dijo.

“Es necesario fortalecer la legislación del estado para proteger mejor el derecho de las mujeres a tener una vida libre de violencia, tomando medidas de prevención para que quienes ocupen cargos públicos en el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en los órganos autónomos, no cuenten con antecedentes de denuncia, investigación, procesamiento o sentencia ejecutoriada por violencia familiar, incumplimiento de obligaciones alimentarias, violencia sexual o de género en cualquiera de sus modalidades.

“¿Por qué? Porque quienes están en la clase gobernante tienen ciertos privilegios que se han utilizado en perjuicio de las mujeres y de las infancias. Tenemos varios casos en donde los servidores públicos desde su cargo participan para que cuando un juzgado pregunta cuánto ganan para hacerles el descuento, Oficialia mayor o recursos humanos informan que ganan menos o niegan que trabajan para cierta dependencia”, detalló.

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