Quintana Roo

Tribunal Colegiado ampara a Uber y determina que debe ser regulada como servicio privado en Quintana Roo

Esto implica que podrá operar solicitando un permiso y no la concesión que se le exige actualmente

11 de enero/ Cancún, Q. Roo.- El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, radicado en Cancún, resolvió hoy amparar a UBER para efectos de que pueda operar en Quintana Roo bajo la regulación del estado, pero en la categoría de transporte privado y no de transporte público, lo que implica que el Instituto de Movilidad (Imoveqroo) no habrá de exigirle tramitar una concesión, sino un permiso, como ha peleado la plataforma desde hace cuatro años.

La empresa internacional se inconformó, entre otras cosas, porque en la Ley de Movilidad vigente, las plataformas tecnológicas o digitales se han clasificado como un servicio de transporte público, de acuerdo con el artículo 81 de esa normativa.

En esa misma ley, el artículo tercero estipula que, por tanto, deberán contar con la concesión expedida por el Instituto.

El proyecto de sentencia presentado por el magistrado Jorge Mercado Mejía, discutido y votado a favor este miércoles, por el Tercer Tribunal, invoca lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en dos acciones de inconstitucionalidad promovidos en Yucatán (63/ 2016) y Colima (13/ 2017).

En ambos, el máximo Tribunal del país determinó que el servicio de transporte prestado mediante plataformas tecnológicas no puede ser catalogado como un servicio de transporte público, al ser una Empresa de Redes de Transporte (ERT) que ofrece un servicio privado, cuyo modelo de negocios es distinto, por lo cual pedirle una concesión sería “inconstitucional”.

“Partiendo de la base de que se le exige una concesión para prestar el servicio, se estima que este requisito es inconstitucional (…) Se llega a la conclusión de que las normas impugnadas de la Ley de Movilidad Quintana Roo son inconstitucionales, en virtud de que hacen equivalentes y tratan igual al transporte público de taxis con el diverso transporte privado prestado por plataformas tecnológicas.

“Se concluye que no es constitucionalmente válido, ni legal que las normas reclamadas exijan a la quejosa una concesión para prestar el transporte privado de pasajeros, en virtud de que la concesión solo es exigible al servicio público de transporte”, dijo Mercado Mejía.

Por tanto, se propuso y se aprobó amparar a UBER para efecto de que “el sistema normativo que regula el sistema de transporte prestado por plataformas electrónicas, no se aplique a la parte quejosa”, pero el magistrado aclaró que ello “no le permite a la quejosa operar sin regulación alguna”.

“Expresamente se reconoce la atribución, la facultad del estado de regular ese sistema de transporte. La única restricción para el legislador es acatar lo establecido por la Suprema Corte en las respectivas ejecutorias, esto es: No puede considerar que el servicio de transporte prestado mediante plataformas digitales o tecnológicas es un servicio de transporte público, porque se trata de un servicio privado”, subrayó.

Como parte de la sentencia se desecharon dos escritos que solicitaban que el magistrado Mercado Mejía fuese recusado, es decir, que no conociera del asunto.

El par de documentos se ingresaron ayer al Tercer Tribunal, por un particular y un miembro del Sindicato de Taxistas, pero fueron desestimados por los magistrados, pues ambos no forman parte del proceso.

Además, el Tercer Tribunal revocó la resolución del Juzgado Cuarto de Distrito, del 12 de abril de 2019, que fallaba contra UBER y que dio pie al amparo en revisión a discutirse hoy.

Aquella resolución sobreseyó el acto reclamado por la plataforma internacional en contra del decreto 292, referente a la Ley de Derechos; negó amparar a la plataforma en contra del Decreto 252, mediante el cual se reformó la Ley de Movilidad, señalando que se trataba de un servicio público y por tanto concesionable. Y le concedió el amparo solo para efectos de que pudiera cobrar en efectivo.

UBER presentó un recurso de revisión, radicado en el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito con el número 334/ 2019. Se solicitó que el caso fuese atraído por la SCJN.

El 1 de agosto de 2020, el Tercer Tribunal se declaró incompetente para resolver el asunto y lo remitió a la Corte, cuya Segunda Sala determinó devolverle el expediente el 31 de agosto de 2020 y lo dejó en “plenitud de jurisdicción” para resolver.

Así, al dar cumplimiento, hoy se desecharon las solicitudes de recusamiento; se revocó la sentencia del Juzgado Cuarto, se dejó firme el sobreseimiento que determinó respecto a la Ley de Derechos del estado; se amparó a la plataforma y se declararon sin materia los dos recursos adhesivos al asunto, como parte de la sentencia.

Afuera del edificio del Poder Judicial de la Federación, en la ciudad de Cancún, cercado por cientos de taxistas, los líderes sindicales de ese gremio advirtieron que “no está dicha la última palabra”.

Los operadores habían escuchado y visto la sesión en vivo, mediante bocinas y un televisor colocados afuera del recinto. El fallo les cayó de peso.

Los más mesurados declararon públicamente que vigilarán que se acate la sentencia durante la etapa de cumplimiento, “porque las cosas pueden cambiar”, mientras que otros llamaron a bloqueos e incluso a “quemar unidades de UBER”.

En el lugar se encontraba Eleazar Sagrero Ordoñez, dirigente del Frente Único de Trabajadores del Volante en la entidad (FUTV); a su lado, Jonathan Pineda Castro, abogado de la organización gremial, no descartó movilizaciones.

“No estamos derrotados”, dijo, Pineda Castro y reclamó al Tribunal el haber “vulnerado la autonomía del estado”, pues a su juicio los magistrados sacaron  de la esfera de la competencia estatal, una actividad considerada como un servicio público.

“Es lamentable. No está cerrado el camino. En la etapa de cumplimiento nos vamos a ver, porque no vamos a permitir que el Tercer Tribunal Colegiado continúe con esa interpretación. No somos ingenuos.

“Tienen que pedirle concesión (Uber), porque el derecho es exclusivo del estado, de prestarlo y regularlo. Uber no presta el servicio. Uber intermedia, no es dable jurídicamente; no es lógico que se ampare a un intermediario que no presta el servicio en los términos en que el Tercer Tribunal lo está haciendo. Esto aún no se termina”, expresó.

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