Quintana Roo

9N en Cancún: Caso de “mayor brutalidad” en México para reprimir la protesta y el ejercicio periodístico

09 de enero/ Cancún, Q. Roo.- La represión policiaca registrada la noche del 9 de noviembre del 2020, en Cancún, colocó a Quintana Roo como el caso de “mayor brutalidad” en materia de represión de la protesta ciudadana y del trabajo de las y los periodistas en México, lo cual ha comenzado a ser replicado en otras entidades, advirtió Lucia Lagunes, directora de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC)

“Lo que pasó el 9 de noviembre se enmarca en la historia de nuestro país como una de las fechas más terribles en términos de lo que nunca debe volver a ocurrir. No puede repetirse nunca jamás en este país que policías locales y federales atenten contra la vida de las manifestantes por exigir una vida libre de violencia para las mujeres, ni en esta ni en ninguna otra manifestación.

“Aunado a esto, son muy graves los ataques a las periodistas, como es el caso de Cecilia Solís, quien fue herida de bala. Después de lo que vimos en Quintana Roo es que hay una reproducción de la brutalidad policial en otras entidades, como en Guanajuato, hacia las manifestaciones feministas, que es parte de esta política de estigmatización que permea en el país”, expresó.

En entrevista con EstamosAquí.mx, la también periodista explicó que ni siquiera la Ciudad de México podría equipararse “a la brutalidad” que se mostró en Cancún, al momento de reprimir una protesta ciudadana.

“Sí hay enfrentamientos, pero no llegamos a los grados de brutalidad como los de Cancún. Tenemos Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, Ciudad de México, pero Cancún se volvió la expresión brutal de la represión porque en ningún lugar, en ningún otro estado los policías atentaron contra la vida de las manifestaciones, mas que en Quintana Roo”, subrayó.

A pregunta expresa, la socióloga mexicana, especializada en perspectiva de género, respondió que luego de dos años del trágico pasaje, la sociedad cancunense pareciera adormecida y casi indiferente, pese la magnitud de los hechos que se vivieron aquella noche, lo mismo que la prensa, rebasada para explicar los alcances del evento en la historia de la ciudad y del estado.

“Creo que hay varias cosas. Uno, porque lo que ocurre a las mujeres no es considerado importante, mas que en ciertas coyunturas, como el 8 de marzo o el 25 de noviembre, cuando se vuelven nota. Pero el 9 de marzo y el 26 de noviembre, las mujeres desaparecen y siempre hay algo ‘mas importante que cubrir’ y no tiene espacio en la agenda.

“Creo que lo que pasa en Quintana Roo, como pasa en otros lugares, es que la demanda informativa impide hacer una reflexión del tipo de trabajo que están haciendo; tiene que ver también con la precariedad, no solo económica, sino de la garantía en el propio empleo, de la vulnerabilidad, de despidos. Creo que todo eso impide que quienes hacemos periodismo nos sentemos a reflexionar qué tipo de periodismo estamos haciendo y cuál es nuestra responsabilidad social”, consideró.

Por parte de la autoridad, indicó que sigue sin haber una reparación integral del daño para las víctimas, ni un acceso eficaz de ellas, a la justicia.

El tema preocupa –admitió– y existe un monitoreo de los avances, por parte de diferentes organizaciones civiles a nivel nacional e internacional, debido a que el nuevo gobierno de Quintana Roo, encargado de dar seguimiento a esa reparación del daño y al castigo de los funcionarios responsables, está compuesto por las autoridades que estuvieron involucradas en el caso.

El 9 de noviembre del 2020

Aquella noche una protesta ciudadana realizada frente a la Fiscalía General del estado (FGE), en contra del feminicidio de la joven Bianca Alejandrina, “Alexis” –cuyo cuerpo se encontró el 8 de noviembre– se trasladó hacia el Palacio Municipal, en el centro fundacional de la ciudad.

Ahí, varias y varios de los manifestantes pintaron la fachada del edificio y arremetieron en contra de los tablones de madera con que se cubrió la puerta principal, que lograron vulnerar. Rompieron los cristales de los ventanales de oficinas públicas, encendieron papelería oficial e intentaron ingresar al Palacio.

Sin embargo, de los costados del edificio salieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, al mando del entonces titular, Eduardo Santamaría, y comenzaron a disparar.

La gente corrió en estampida cruzando Plaza de la Reforma, intentando salvaguardar su seguridad y su vida. En un primer momento, entre la confusión y el espanto, se pensó que los disparos eran balas de goma u otro material, pero se trataba de balas reales.

La reportera Cecilia Solís y su par, Roberto Becerril fueron lesionados por arma de fuego. La joven Wendy G. intentaba ponerse en resguardo con su pareja, a bordo de una motocicleta, pero también fue alcanzada por las balas.

El ahora activista, Julián R., fue golpeado, mientras su compañera María A. y otra joven de nombre Quetzalli, fueron llevadas a los bajos del palacio y ahí fueron víctimas de tortura sexual, por parte de elementos policiacos.

En la explanada, periodistas intentaban dar cobertura, pero ante los disparos corrieron mientras transmitían en vivo, videogrababan o tomaban fotos, en busca de un sitio más propicio para continuar su labor.

La policía disuadió la manifestación y mantuvo la persecución hacia los costados del Palacio y cruzando la avenida Tulum. Lo ocurrido escaló a nivel nacional e internacional y motivó el inició de investigaciones, altamente cuestionadas.

Horas después, la escena de los hechos no fue resguardada como lo mandata la ley, por lo cual fue alterada y la investigación, viciada.

La lucha contra la impunidad

Entre deslindes, mensajes de lamento y promesas por parte de la entonces alcaldesa y hoy gobernadora, “Mara” Lezama y del entonces gobernador y actual embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín González, se separó del cargo a Santamaría y a Alberto Capella, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, quien coordinaba el Mando Único a que estaba sujeta la policía en la entidad.

El 11 de noviembre la XVI Legislatura creó, por acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) una “Comisión transitoria especial” para dar seguimiento a la represión del 9N, integrada por los entonces diputados y diputadas, Gustavo Miranda, Atenea Gómez, Alberto Batún, José Luis “Chanito” Toledo, Pedro Pérez, Carlos Hernández, José Luis Guillén y Ana Pamplona, la cual se quedó en el papel, pues no tuvo mayor actuación, ni incidencia.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHQROO) emitió una recomendación el 29 de noviembre de 2020 –CDHQROO/ 020/ 2020/ II– girada a la entonces alcaldesa de Cancún, “Mara” Lezama.

El documento, admitido por el gobierno municipal el 2 de diciembre de ese año, reconocía a 13 víctimas directas, tres, con heridas de bala; dos, objeto de tortura sexual y ocho personas golpeadas, amenazadas, insultadas, privadas ilegalmente de la libertad e incomunicadas y establecía 10 puntos a cubrir.

La recomendación se dio por cumplida de forma extemporánea por la XVI Legislatura, pasados los seis meses fijados por el ombudsperson Marco Antonio Toh, quien el 8 de diciembre del 2021 dijo que se habían cubierto los 10 puntos fijados, por lo cual fue acusado de “traición” por el Comité de Víctimas del 9N.

El 30 de diciembre del 2020 el ayuntamiento liberó 100 mil pesos por cada una de las 13 víctimas, como un “adelanto” de la reparación integral del daño, para no desampararles y respaldarles de forma inmediata, en lo que se elaboraban los dictámenes finales. También se iniciaron terapias psicológicas y atenciones médicas.

En junio del 2021 los 11 dictámenes fueron emitidos por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado (Ceaveqroo), pero también, judicializados por las y los agraviados, debido a que el “adelanto” y las consultas y medicinas otorgadas de diciembre a esa fecha se les descontó de la reparación integral del daño, además de que no fue a satisfacción de las personas agraviadas. El juicio se mantiene.

La escalada penal

Entre octubre y noviembre del 2022 las víctimas reclamaron que los delitos que dieron pie al inicio de las carpetas fueron los menos graves, pese a la magnitud de la actuación de los funcionarios públicos involucrados y los daños físicos, psicológicos, emocionales y a su proyecto de vida.

De acuerdo con la FGE, hasta octubre del año pasado se habían abierto tres carpetas de investigación; una por lesiones, abuso de autoridad y encubrimiento en contra de los principios del Sistema Penal Acusatorio y robo; la segunda, por lesiones y abuso de autoridad y la tercera por el delito de tortura (sexual), esta última, a raíz del análisis hecho por las nuevas asesoras victimales de tres de las agraviadas.

Se ha ejercido acción penal en contra de 14 funcionarios públicos que, en su momento, ejercían como elementos de la Secretaría de Seguridad Pública involucrados en la represión armada.

A decir del fiscal, Óscar Montes de Oca, algunos elementos de dicha corporación se tienen procesados por no haber elaborado un informe policial homologado y haber permitido que toda la evidencia existente fuese levantada.

El pasado 31 de octubre el ex secretario de Seguridad Pública, Eduardo Santamaría, fue denunciado por tortura, en su modalidad de violencia sexual, luego de aportar un peritaje médico psicológico, elaborado por peritas independientes especializadas, como parte del Protocolo de Estambul.

Al cumplirse los dos años de la represión armada, Wendy G. quien recibió dos impactos de bala –uno de ellos no detectado en el Hospital General “Jesús Kumate”– presentó una nueva denuncia por tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Se han emitido 4 órdenes de aprehensión, de las cuales una se cumplimentó. En otra, la FGE se declaró imposibilitada de dar con el oficial, quien respondía el nombre de Iván F.S.C., y se encontraba prófugo, pero fue abatido la madrugada del pasado 27 de diciembre, durante el ataque en una fiesta realizada en la colonia El Milagro, en Cancún.

Solo una mujer policía ha sido vinculada a proceso con medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Los demás continúan prófugos.

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