Quintana Roo

Gobierno de Cancún busca la tipificación de la pederastia como delito en Quintana Roo

Cancún, Q. Roo, 7 de enero. – El gobierno de Cancún ingresó al Congreso de Quintana Roo una iniciativa para reformar diversos artículos del Código Penal, a fin de castigar con cárcel el delito de pederastia en el estado, como sucede ya en otras ocho entidades de la República.

La propuesta fue presentada al interior del ayuntamiento de Benito Juárez, por el sindico, Pablo Gutiérrez, y aprobada el 15 de diciembre en sesión ordinaria de Cabildo. Cinco días después fue presentada al Congreso.

En la exposición de motivos se admite que Cancún, Guerrero, Tijuana, Guadalajara y Tapachula son destinos de turismo sexual para pederastas originarios de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Holanda– y que la pederastia goza de “altos índices de impunidad” en esos sitios.

“Por sus características de ciudad cosmopolita y con turismo de alto poder adquisitivo, Cancún, desafortunadamente, ha sido escenario de diversos casos de turismo sexual infantil con repercusión internacional”, se indica en la iniciativa consultada por EstamosAquí.mx.

En el documento se señala que aún cuando en el Código Penal local se establecen sanciones a delitos de carácter sexual cometidos contra niñas, niños y adolescentes, la pederastia no está tipificada como tal.

“Con la incorporación del delito de pederastia en el Código Penal del estado se velaría con mayor fuerza los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, armonizando la legislación local con la nacional, en aras del interés superior de la niñez y la adolescencia.

“El combate de estos delitos también reclama de atención en aspectos como la imprescriptibilidad del delito de pederastia, la atención a las víctimas, y sobre todo coadyuvar para que la víctima logre su reintegración a su vida y a la sociedad sin estigmatización ni exclusión”, se expone.

Los artículos a reformar son el 78 Bis, 129, 131 y 191, así como la denominación del capítulo II del título cuarto y adicionarlo con los artículos 129 Bis, y 129 Ter, todos del Código Penal local.

La pederastia –conforme al concepto manejado en la iniciativa– consiste en el acto sexual cometido en infantes y adolescentes, con o sin su consentimiento, valiéndose de la confianza, subordinación o superioridad que tienen sobre el menor de edad, derivado de su parentesco familiar en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier otra índole.

“Las personas que son consideradas como pederastas tienen en común el abuso del poder que detentan sobre sus víctimas, que debido a las condiciones socioculturales que prevalecen en nuestra sociedad mexicana, un adulto goza de un grado de confianza, supuesta responsabilidad y de acuerdo a su profesión u oficio, una calidad moral plena.

“Esta situación es aprovechada por los pederastas, ya que colman a niñas, niños y adolescentes de atenciones, con el fin de ganarse su complicidad y confianza, así como la de la familia y su comunidad”, se describe.

Actualmente el artículo 129 del Código Penal castiga con seis a 13 años de cárcel a quien sin propósito de llegar a la cópula ejecute un acto sexual con una persona menor de 18 años o que no tenga capacidad de comprender el hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo o le obliguen a ejecutarlo en sí o en otra persona.

En tanto, el artículo 130 castiga el estupro, cometido por quien, a través del engaño, realice cópula consentida con persona mayor de 14 años y menor de 18 años. La pena es de cuatro a ocho años de prisión.

Esta conducta se sanciona con cinco a 10 años de cárcel cuando es cometida por una persona en ejercicio de sus funciones, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquier otra que implique subordinación.

Gobierno de Cancún busca la tipificación de la pederastia como delito en Quintana Roo

La propuesta

La iniciativa pretende incorporar un artículo 129 Bis para aplicar de 15 a 25 años de prisión a quien se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre persona menor de 18 años de edad, derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica o doméstica y ejecute, obligue, induzca o convenza a realizar cualquier acto sexual. Estas sanciones aumentarían hasta en una mitad si se llega a la cópula.

El autor del delito perdería, en su caso, la patria potestad, tutela, curatela, adopción, derecho de alimentos y derecho que pudiera tener respecto a los bienes de la víctima, en términos de la legislación civil.

Si el delito es cometido por un servidor público o un profesionista en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, además de la pena de prisión antes señalada, será inhabilitado, destituido o suspendido de su empleo público o profesión por un término igual a la pena impuesta.

La propuesta también pretende la anexión de un artículo 129 TER, que establece que, para determinar el daño ocasionado al libre desarrollo de la personalidad de la víctima, se deberán solicitar todos los dictámenes periciales necesarios para conocer su afectación.

“En caso de incumplimiento a la presente disposición por parte del Ministerio Público, éste será sancionado en los términos de la legislación aplicable”, se lee.

Si el sentenciado se negase o no pudiese garantizar la atención médica, psicológica o de la especialidad que requiera la víctima, el estado deberá proporcionarle esos servicios.

Además se propone aumentar la pena establecida en el artículo 191, de 9 a 18 años de cárcel (actualmente es de 4 a 11 años), a quien facilite o induzca a una persona menor de 18 años o que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, a realizar actos de exhibicionismo corporales o sexuales, prácticas sexuales, a consumir algún narcótico o bebida embriagante, a la comisión de algún delito o a formar parte de una asociación delictuosa.

El castigo aumentará una mitad más si la víctima es menor de 18 años o no tiene capacidad de comprender el hecho.

La iniciativa incluye establecer la elaboración de una base de datos que contenga el Registro Público de Agresores Sexuales, con una sentencia definitiva dictada, que pueda ser consultada a través de una página electrónica, que mostraría una fotografía del agresor, su nombre completo, alias, edad, nacionalidad y el delito por el cual fue sentenciado a pena privativa de la libertad.

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