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Juez difiere por tercera ocasión la audiencia de Lozoya 

Juez difiere por tercera ocasión la audiencia de Lozoya 

 Por tercera ocasión se difirió la audiencia de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), en la cual su defensa buscaría un acuerdo reparatorio para evitar ir a juicio por la compra a sobreprecio de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.

El Juez concedió a Lozoya un último plazo de 30 días para que su defensa revise las pruebas en el caso. La audiencia del exfuncionario del Gobierno de Enrique Peña Nieto se reanuda el 16 de febrero.

“Decirle también al señor Presidente que esta defensa y el señor Lozoya Austin van a continuar colaborando con la Fiscalía General de la República en el marco de los hechos denunciados vinculados a hechos de corrupción sucedidos en el pasado ese es el mensaje que queremos mandarle al señor Presidente”, dijo la mañana de este martes el abogado Miguel Ontiveros Alonso previo a la audiencia.

Al término de la audiencia, que esta vez fue precidia por el Juez Genaro Alarcón López, Ontiveros aseguró que “no va haber juicio contra Emilio Lozoya, lo que va a haber será un acuerdo reparatorio”, esto pese a que la representantación legal de Pemex insistió en que no han alcanzado un convenio y dijo estar lista para llevar el proceso penal a la etapa intermedia, en ello coincidió la Fiscalía General de la República (FGR).

La defensa de Lozoya pidió más tiempo para analizar los datos de prueba que la FGR ha aportado pues destacó que algunos estarían dañados porque no pueden abrirse en sus computadoras, por su parte, los representantes de Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera expusieron que los abogados no les han compartido todos los datos de prueba con los que cuentan, incluida información sobre las reuniones para alcanzar un acuerdo reparatorio.

“Exhortamos a la defensa que informe de las conversaciones porque antes Pemex había anunciado que no llegaron a algún acuerdo”, dijo durante la audiencia Antonio López García, representante de la UIF.

La FGR acusa al funcionario en el Gobierno de Enrique Peña Nieto del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que se sanciona con hasta 15 años privado de la libertad si la dependencia demuestra su culpabilidad.

En noviembre, los abogados del exfuncionario dijeron que luego de conversar con funcionarios de Pemex estaban cerca de lograr un acuerdo en el que su cliente pague 3.4 millones de dólares, por lo que pidió a la Jueza de control Verónica Gutiérrez aplazar el inicio de la audiencia intermedia para concretarlo.

Desde enero del año pasado el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal falló a favor de Lozoya Austin para cambiar la medida cautelar por la libertad provisional, pero pese a ello, y aún si consigue un acuerdo, continuará detenido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México por el otro proceso penal que enfrenta, donde la Fiscalía lo relaciona con la trama de corrupción de la constructora Odebrecht.

Lozoya Austin lleva meses buscando un acuerdo para ambos casos, Odebrecht y Agronitrogenados. El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió en abril de 2022 analizar la propuesta pues recordó que sólo por la compra de la planta chatarra el daño al erario asciende a los 200 millones de dólares. “Pedí que se hiciera la investigación porque el daño tendría que reponerlo, repararlo en Pemex”, expuso el mandatario.

El panorama para quien fue coordinador de Asuntos Internacionales de la campaña de Peña Nieto no es sencillo. Si bien en julio de 2020, cuando fue vinculado a proceso por la compra de la planta, la Fiscalía solicitó como medida cautelar la colocación de un brazalete electrónico que le permitiera seguir su proceso en detención domiciliaria, para noviembre de 2021 la FGR pidió su arresto, esto después de que la periodista Lourdes Mendoza difundió fotografías del exfuncionario cenando en un restaurante de lujo de la colonia Lomas de Reforma, en la Ciudad de México.

Además, desde el año pasado la FGR solicitó a un Juez el decomiso de una residencia de Lozoya en la capital valuada en 3.4 millones de dólares; argumentó que el inmueble habría sido adquirido gracias a los sobornos que Alonso Ancira Elizondo, presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), le entregó para concretar la compra de la planta.

Ante este panorama, la defensa del exfuncionario pidió el 4 de noviembre a la Jueza Verónica Gutiérrez más tiempo para iniciar la etapa intermedia del proceso penal argumentando que su “testigo más importante”, es decir, el exfuncionario de Pemex Edgar Torres Garrido, falleció meses atrás, por lo que tendrían que ajustar su estrategia.

En la declaración que dio al Ministerio Público Federal, y que fue citada por el diario Milenio, Torres Garrido reconoció que percibió la presión que Emilio Lozoya habría recibido del expresidente Peña Nieto para acelerar la compra de Agronitrogenados.

“Tanto al coordinador de asesores como a mí, el señor Emilio Lozoya nos pedía constantemente acelerar el proceso, debido a que sus superiores le pedían resultados. Esto es el Secretario de Hacienda Luis Videgaray y el Presidente Enrique Peña Nieto”, mencionó, de acuerdo con el diario.

Con información de SinEmbargo

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