Quintana Roo

Imputan delito de despojo a defensora de derechos humanos, quien ha exigido la destitución del fiscal de Quintana Roo

30 de diciembre/ Cancún, Q. Roo.- Con base en testimonios presuntamente fabricados, la Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) imputa a la activista y abogada, Fabiola Cortés, el delito de despojo, como parte de una carpeta de investigación que inició en mayo del 2020, sobre un asunto que involucra un predio en Mahahual y a la ciudadana Marleny P. A. quien la denunció.

Cortés Miranda, quien ha denunciado las diversas irregularidades, omisiones y dilaciones en que ha incurrido la institución y ha encabezado la solicitud para destituir al fiscal, Óscar Montes de Oca, fue notificada el pasado 15 de diciembre sobre el delito que se le imputa.

Conforme a la versión de Cortés Miranda, Marleny P. afirma que, acompañada por la Guardia Nacional (GN), militares, marinos y policías estatales, ella se presentó el 27 de mayo de 2020 en el predio y, con trascabos, derribó alrededor de 40 casas construidas con material de la región, afectando el patrimonio de las familias ahí alojadas.

En la carpeta figuran los testimonios de al menos 14 personas que respaldan esa versión.

El detalle está en que Cortés Miranda cuenta con los informes de las instituciones señaladas –Guardia Nacional, Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública– que desmienten que en esa fecha hayan participado en el acto antes descrito.

A pregunta expresa, la abogada sostiene que ella no se encontraba en el lugar el día, la hora y ni realizando los actos que se le imputan, pero Marleny P. la señala directamente como quien estuvo ahí.

También subraya que los testimonios que acompañan la denuncia, «son fabricados».

La activista atribuye la acusación a la probable vendeta del funcionario y del ex gobernador, Carlos Joaquín González; el primero, por los cuestionamientos hacia su desempeño al frente de la Fiscalía y, el segundo, por la denuncia que involucró a su cuñado y su esposa, también por el tema de un despojo de un rancho de 37 hectáreas.

Ambos eventos le generaron desde 2020 a la también periodista, una “campaña negra”, no solo mediática, sino a través de las redes sociales, en donde era constantemente acosada.

El antecedente

Al respecto, explica que MArleny P. se asume como posesionaria del predio desde hace 30 años, con base en una solicitud de enajenación de terrenos nacionales con fecha del 1 de marzo de 2021, presentada el 16 de marzo de ese mismo año. El documento le sirvió para solicitar a la Fiscalía el aseguramiento del predio.

“Es decir, denunció el despojo el 27 de mayo de 2020 y acreditó su posesión con una solicitud de enajenación de terrenos nacionales ante la Sedatu, del 1 de marzo de 2021, esto es, un año posterior a la denuncia”, expone.

En consecuencia, la fiscal Karina Márquez Aguilar emitió al orden de aseguramiento del predio, el 17 de marzo y la entrega en depósito provisional del mismo.

El hijo de la señora –Jesús E.S.P.– se presentó a tomar posesión del predio, “robó la malla” colocada por otro particular, quien asegura ser el propietario legítimo del terreno y ambos se han dedicado a fraccionar y comercializar ilegalmente el predio, creando un asentamiento humano irregular, con el respaldo de la Fiscalía, relató la también periodista.

Para el 30 de septiembre del 2021, un juez de Control declaró la nulidad del aseguramiento librado por la fiscal Márquez Aguilar, debido a que la institución no tenía ni siquiera identificado el predio.

Pese a ello, ha pasado más de un año y la FGE se ha negado a cumplir lo ordenado por el juez, por lo cual el terreno sigue asegurado.

El pasado 12 de diciembre, el fiscal Omar Maldonado Jiménez no acudió a la audiencia solicitada al Juez para exigirle el cumplimiento de la nulidad del aseguramiento y, tres días después, Cortés Miranda fue notificada de su cambio de situación jurídica en la carpeta de investigación sobre el caso, de defensora a imputada.

Cortés Miranda señala que otra de las anomalías dentro de la carpeta de investigación de Marleny P, consiste en que su sobrina –quien es la fiscal, Landy Noemí Sánchez y está encargada de la Mesa de Delitos Patrimoniales– se encargó de la integración de dicha carpeta, lo que ameritó que se pidiera su recusación en el caso, por el evidente conflicto de interés.

El 15 de diciembre de 2020 y el 10 de febrero de 2021, durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia, Montes de Oca, al ser cuestionado, acusó a Cortés Miranda de “litigar casos millonarios” como abogada, que después mediatizaba como periodista y activista, buscando ejercer presión en la autoridad.

En diciembre pasado, al ser cuestionado sobre la creciente solicitud para destituirlo del cargo, Montes de Oca Rosales respondió que se trataba de “ataques políticos”, provenientes de “intereses obscuros” y, sin mencionar a Cortés Miranda o a la organización que encabeza –Somos Tus Ojos– la responsabilizó.

La activista es también asesora victimal de tres mujeres que han denunciado la desaparición de sus hijas e hijo, la obstaculización de los casos, las negligencias cometidas, las omisiones y la impunidad que envuelven esos y otros asuntos.

Como tal, estuvo con ellas durante el bloqueo a la zona hotelera, el 16 de noviembre y en la mesa de trabajo que se realizó un día después, con la gobernadora, “Mara” Lezama.

Las autoridades han intentado presionar a las familias para desistir de la asesoría de Fabiola Cortés, e incluso se han resistido a dar seguimiento a los casos de las mujeres que asesora, especialmente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceaveqroo), a cargo de Landy Blanco.

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