Quintana Roo

Gobierno de Quintana Roo y FGE dejaron crecer la problemática de desaparición de personas

Nueva administración creará Red Interinstitucional preventiva

06 de diciembre/ Cancún, Q. Roo.- La administración encabezada por el entonces gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, invirtió pocos recursos económicos, materiales y personales en atender el creciente problema de la desaparición de personas cometida por particulares en el estado, de acuerdo con victimas indirectas, organizaciones civiles que les acompañan en sus demandas y autoridades del nuevo gobierno, liderado por “Mara” Lezama.

En la ecuación del desamparo de las familias, la Fiscalía General del estado (FGE), a cargo de Óscar Montes de Oca, contribuyó al incumplir el Protocolo Homologado de Búsqueda, desestimó denuncias de los familiares de varias personas desaparecidas; “congeló” varias de las carpetas de investigación, evitando su avance y evitó realizar operativos de búsqueda más recurrentes y eficientes, reiteran.

Además, su clasificación para determinar el número de personas desaparecidas y no localizables es poco confiable y contrasta diametralmente con la cifra de organizaciones sociales, que cuantifica casi 3 mil casos en los últimos seis años, contra los 163, aportada por Montes de Oca.

Incluso, la atención de los casos se vio afectada por el enfrentamiento entre la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, cuya titular, Luz Margarita González López, “renunció” al cargo y fue sustituida por María López Urbina, el pasado 17 de noviembre, un día después del bloqueo en la zona hotelera, por madres buscadoras y después de meses de pedir su destitución y la del fiscal.

El diagnóstico resumido párrafos atrás, surge a partir de escuchar los testimonios de madres buscadoras y de organizaciones como el colectivo “Verdad, Memoria y Justicia”, la Red por la Equidad y los Derechos Humanos de Quintana Roo (REDDHH), Somos Tus Ojos, Gobernanza MX y Siempre Unidas, durante un encuentro con las nuevas autoridades.

Las víctimas indirectas y las organizaciones citadas se reunieron la tarde-noche de ayer, con la encargada de despacho de la Comisión de Búsqueda de Personas, María López Urbina y con su homólogo en la Comisión de los Derechos Humanos (CEDHQROO), Felipe Nieto Bastida, así como con la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceaveqroo), Landy Blanco.

El encuentro fue en seguimiento a los trabajos iniciados desde agosto pasado con el Colectivo y la REDDHH, y a los acuerdos del pasado 17 de noviembre, cuando la actual gobernadora, “Mara” Lezama se comprometió a brindar atención personalizada, caso por caso, a las víctimas indirectas.

Las consecuencias de la indolencia

En suma, al concluir la reunión, quedó claro que la negligencia del gobierno estatal anterior y de la FGE, aumentó la vulnerabilidad de la población frente a un delito que involucra a redes de trata o del crimen organizado; entorpeció la localización con vida de las víctimas y obstaculizó el acceso a la justicia a sus familiares, en su mayoría madres que se vieron obligadas a liderar la búsqueda de sus hijas e hijos, con recursos propios y poniendo en riesgo su propia seguridad.

A toro pasado, con las consecuencias que ello arrastra, el nuevo gobierno asegura que el abandono a las víctimas indirectas y la prevención del delito de desaparición será prevenido y combatido.

La fundadora del colectivo “Verdad, Memoria y Justicia”, Romana Rivera, madre de Diana García, desaparecida en febrero del 2020, explicó por qué es una víctima indirecta, no solo por la ausencia de su hija, sino de la pasada administración y de sus omisiones.

“Las víctimas estamos desgastadas emocional y físicamente. Nosotros somos víctimas, que no vemos de políticas ni de pleitos. No nos interesa. Yo, no vivo… sobrevivo viendo cómo buscar a mi hija.

“En el caso del gobierno anterior nunca hubo un acercamiento. Jamás me buscaron. Yo tuve que salir a buscar a mi hija con mis propios recursos, pagando gasolina, comiendo o no comiendo. Antes, nunca conocí a la comisionada de Búsqueda. Landy, de la Ceaveqroo, fue la que me buscó”, comentó, al agregar que percibe que, actualmente, existen algunos avances.

El presupuesto

Para ilustrar las condiciones de lo encontrado, María López Urbina dijo que recibió la Comisión con apenas 8 elementos de apoyo, entre asesores especializados que encabezan las búsquedas, realizan perfiles de víctimas, análisis de contexto, monitoreo de redes para rastrear reportes de desaparición de personas o dar contención a víctimas indirectas, pero con limitaciones de equipo y herramientas.

El gobierno, aseguró, busca fortalecer al organismo. De acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2023, presentado por la mandataria estatal y consultado por EstamosAquí.mx, los recursos para la Comisión Estatal de Búsqueda se irán a más del doble, de ser aprobado por el Congreso, con 15 millones 735 mil 109 pesos, contra los 6 millones 217 mil que le fueron aprobados para el ejercicio 2022.

En el caso de la Ceaveqroo, la propuesta dice que recibiría 33 millones 095 mil 863 pesos, contra los 33 millones 414 mil 561 que le fueron aprobados en 2022.

El recorte es contradictorio tomando en cuenta que el organismo está rebasado en cuanto a la atención de víctimas de todo tipo: Feminicidios, violación sexual, secuestro, desaparición, homicidios, entre otros, sin contar con el decremento de 6 a 3.9 millones del Fondo de Atención a Víctimas que, de acuerdo con la fórmula aplicable, se reducirá también.

A la funcionaria le tocó asistir el fin de semana pasado a una búsqueda e internarse en la selva, con el poco equipo existente, que incluye apenas dos perros entrenados que, subrayó, evidentemente no se dan abasto para las extensiones a rastrear, con altas temperaturas y un sol abrasador.

Tan solo en este fin de semana, la Comisión de Búsqueda recibió el reporte de 13 personas desaparecidas, siete de ellas mujeres y 3 infantes, indicó Luis Cáceres, jefe de búsqueda.

Conformarán Red Interinstitucional

Al margen del dinero, López Urbina anunció que está por conformarse una suerte de Red Interinstitucional para la Prevención de la Desaparición de Personas, que será presentada por Lezama Espinosa y que integrará a diversos sectores, incluidos estudiantes de universidades del estado.

La idea es concentrar voluntades y “sumar a todos”, para integrar un promedio de 600 integrantes de la Red, sostuvo la funcionaria, mientras María Patrón, madre de Francisca Mariner, desaparecida el 22 de junio de 2020, se quejó de la discriminación que están sufriendo organizaciones civiles que se han acercado para ayudar a las madres buscadoras.

Ocurre que las nuevas autoridades afirman que para recibir el apoyo del gobierno, las víctimas indirectas deben acogerse a los asesores victimales de la Ceaveqroo y no a particulares, lo que incluye a la sociedad civil.

“Lo que pido es que no nos discriminen ni discriminen a las organizaciones que nos han apoyado como asesores; pido respeto total, porque no se les puede cerrar la puerta a quienes se acercan a ayudar voluntariamente”, señaló.

López Urbina también comunicó que se ha abierto una oficina de la Comisión de Búsqueda en Chetumal, que abarcará la atención en municipios como Felipe Carrillo Puerto, porque se detectó que las víctimas de habla maya, carecen de traductores, por lo cual se buscará contratar a intérpretes para poderles asistir.

Esto incluirá la elaboración de un tríptico informativo en maya, con información de contacto para que la población indígena esté prevenida y sepa a dónde acudir.

Deysi Blanco, madre de Fernanda Canul, desaparecida en julio pasado, en la zona continental de Isla Mujeres, celebró que se contemplen traductores en habla maya, porque en su peregrinar por el ministerio público, relató que ha observado como gente indígena no comprende el español y no puede hacerse escuchar.

“No hay personas capacitadas mayeras (sic) en la Fiscalía, para que estas personas puedan poner sus demandas; no les hacen caso y no les entienden, entonces se van”, manifestó, al remarcar que están cansadas de “simulaciones” y requieren que las y los funcionarios “hagan su trabajo y no solo que se mantengan sentadas, cobrando un sueldo que no merecen”.

La mujer cuestionó que las autoridades “se escuden” en anteponer los derechos humanos de las personas que delinquen y, que en este caso destruyen a una familia al arrebatarles a un ser querido, en lugar de preponderar el derecho de las víctimas.

Landy Blanco habló sobre la necesidad de atender “la deshumanización” de las y los propios servidores públicos, como recursos para protegerse del impacto y de los sentimientos que también les provocan los casos a los que se enfrentan a diario.

“La gente se deshumaniza para protegerse. Llegas al ministerio público y ya no sienten, ya no te escuchan, es la verdad”, admitió.

Acciones paralelas

Se pretende además que la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas sea inmediata y no tengan que mediar las 72 horas que marca el Protocolo Homologado; planificar las salidas de búsqueda con los familiares y sus representantes legales, junto con la CEDHQROO.

Se busca firmar convenios que involucren en labores de coordinación y capacitación al Buró Federal de Investigaciones (FBI), que es el servicio de inteligencia y seguridad de los Estados Unidos y a la Border Patrol, una agencia dentro de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de aquel país, dijo.

El peso de la atención a la problemática no recae solo en el Ejecutivo. Rosa María Márquez, de la REDDHH, recordó que al Congreso se le ha solicitado crear una “Comisión de la Verdad”, a lo que se ha encontrado resistencia. “Me parece que tienen miedo”, consideró, sobre la postura de la XVII Legislatura.

También exhortó a las y los diputados a “ponerle billetito” al presupuesto para mejores salarios para el personal de atención a víctimas y de búsqueda de personas, además de la dotación de equipos y herramientas materiales y tecnologías que les permitan realizar sus labores.

Tania Ramírez, de la colectiva “Siempre Unidas” secundó, al señalar que “si no hay presupuesto, y no hay personal, y no hay equipos, ni tecnología, estas mesas son una simulación”, enfatizando que tan solo la Ceaveqroo tiene 44 asesores victimales y 18 mil carpetas de investigación.

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