Quintana Roo

Gobierno de “Mara” en Quintana Roo contempla contratar su primer financiamiento por 262.8 millones de pesos

02 de noviembre/ Cancún, Q. Roo.- La gobernadora de Quintana Roo, “Mara” Lezama Espinosa, contempla la contratación de un financiamiento por un monto de hasta 262 millones 861 mil 190 pesos para refinanciar uno de los créditos contratados durante la administración del gobierno de Roberto Borge Angulo, el 22 de noviembre de 2012.

Aquel crédito se contrajo con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), al amparo del Fondo de Apoyo para la Infraestructura y Seguridad Pública, por 273 millones 394 mil, cuyo saldo insoluto al 31 de octubre de 2022 asciende a 262 millones 861 mil 190 pesos.

La intención de contratar lo que sería el primer financiamiento previsto por la administración de Lezama Espinosa aparece en la iniciativa de Ley de Ingresos que la mandataria entregó al Congreso de Quintana Roo el pasado 20 de noviembre.

En términos muy simples, el refinanciamiento es una forma de usar un crédito para pagar deudas y ocurre cuando un préstamo se solicitó a mediano o largo plazo y se requiere modificar las condiciones de pago en busca de mejores tasas de interés, plazos u otros términos.

De este modo, lo que se busca es pedir un nuevo crédito para pagar uno anterior –por ejemplo– negociando que el nuevo financiamiento tenga mejores condiciones de pago.

De ser aprobada la Ley de Ingresos, el financiamiento será solicitado a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y podrá instrumentarse mediante uno o varios contratos de crédito, hasta por un plazo de 20 años, contados a partir de la primera disposición de cada contrato de crédito.

La vigencia de la autorización va del 01 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.

Los contratos, convenios o instrumentos jurídicos mediante los cuales se formalice el refinanciamiento estarán vigentes mientras existan obligaciones a cargo del estado, que deriven de los mismos, se lee en el artículo 17 del texto de la iniciativa, consultado por EstamosAquí.mx.

Una vez celebrado el o los contratos de crédito, la Sefiplan deberá solicitar su inscripción en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de las entidades federativas y municipios, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP)

En éste, se señala además que se autoriza al Poder Ejecutivo la afectación como fuente de pago de los contratos de crédito del derecho y los ingresos hasta del 2.40 por ciento del Fondo General de Participaciones que recibe el estado, lo cual equivale al 3 por ciento de las participaciones presentes y futuras que corresponden a la entidad, provenientes de ese fondo, excluyendo las que se entreguen a los municipios.

La fracción IV del artículo 17 que versa sobre el nuevo financiamiento, establece que las operaciones que celebre la Sefiplan, deberán contratarse con las instituciones financieras que ofrezcan las mejores condiciones del mercado, con base en la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios y de la Ley de Deuda Pública del estado, entre otras normativas.

El gobierno de Lezama Espinosa también pretende contratar “uno o más instrumentos” para mitigar los riesgos de un alza en la tasa de interés de los financiamientos a cargo del estado que constituyan su deuda pública, incluyendo el financiamiento por 262 millones 861 mil 190 pesos que se pretende contratar.

La Sefiplan –dice en el artículo 18– “podrá determinar el tipo de instrumento derivado, el monto a cubrir, el plazo y sus demás condiciones y características, en el entendido que el plazo de los mismos no podrá exceder el plazo de los contratos de crédito a los que se encuentran asociados”.

Además, se pretende obtener la autorización del Congreso para refinanciar o reestructuras los seis instrumentos de intercambio de tasas contratados por el estado el 22 de julio de 2020, que se encuentran vigentes, por una tasa fija de 9.45.

De aprobarse, la Sefiplan podrá contratar nuevos instrumentos derivados del intercambio de tasa de interés, dando por terminados anticipadamente los instrumentos vigentes. La vigencia de las autorizaciones a que se refiere el artículo 18, es de un año, a partir del 1 de enero del 2023.

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