Quintana Roo

Comunidades indígenas reclaman en Foro de la ONU, los impactos ecológicos provocados por Sac Tun en Riviera Maya

29 de noviembre/ Cancún, Q. Roo.- Representantes de comunidades indígenas del municipio de Solidaridad, presentaron un recurso jurídico contra la compañía Vulcan Materials y su filial en México Sac Tun, antes Calica, durante el onceavo foro de las Naciones Unidas (ONU) sobre Empresas y Derechos Humanos, que se lleva a cabo esta semana en Ginebra, sede del organismo multilateral.

Quetzal Tzab, uno de los promotores de la acción colectiva emprendida contra la compañía, expuso que la operación extractiva de material pétreo en terrenos ubicados en la Riviera Maya, propiedad de la empresa, han provocado “graves daños” forestales, a los acuíferos subterráneos y cenotes de la región, lo cual constituye “una clara violación del derecho humano a un medio ambiente sano, consagrado en el artículo cuarto constitucional”.

Aunado a ello, se refirió a la probable violación a los derechos territoriales de las comunidades indígenas en la zona y al derecho superior de la niñez a un medio ambiente sano, ya que la presunta contaminación que atribuyen a la empresa, tiene importantes implicaciones para la salud humana, particularmente de las comunidades marginadas que habitan cerca de los bancos de materiales de donde extraen roca caliza.

“Durante más de 30 años, Calica ha realizado constantes voladuras por debajo del nivel freático, utilizando explosivos del tipo de los hidrogeles, con lo que ha alterado los flujos y corrientes subterráneas; se ha apropiado indebidamente de inmensos volúmenes de agua y ha contaminado severamente los cenotes y el acuífero del que depende la vida en la región”, manifestó.

Tzab, simpatizante del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y del régimen que encabeza y bautizó como la Cuarta Transformación, acusó a la compañía de entablar un “litigio muy agresivo” contra el gobierno federal para obtener nuevos permisos, para mantener la explotación de los bancos de materiales de su propiedad, por tiempo indefinido, en una superficie superior a las mil hectáreas de selva.

De lograrlo, aseguró, el impacto de la selva devastada sería “irreversible”, como ya ocurrió –dijo– con las primeras mil hectáreas de selva que fueron desaparecidas por la empresa después de haber realizado excavaciones de más de 12 metros por debajo del manto freático.

Expuso que la empresa contaba con permisos otorgados hace más de dos décadas por autoridades mexicanas, que calificó como irregulares, y citó estudios recientes publicados por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), que han demostrado las violaciones “sistemáticas” a las condicionantes impuestas por la propia autoridad, en esos permisos.

En consecuencia, las comunidades afectadas demandan la cancelación de permisos y el impedimento para seguir extrayendo material y el resarcimiento a las comunidades, mediante la acción colectiva interpuesta.

Las comunidades demandantes, representadas por Quetzal Tzab, presente en Ginebra, son respaldadas por el Grupo Internacional de Asuntos Indígenas (IWGIA), el Centro de Documentación, Investigación e Información de los Pueblos Indígenas (DOCIP), así como el Geneva Water Hub (GHW) y la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), entre otras.

Raúl Benet, asesor ambiental de los demandantes, cuestionó a Chanan Weissman, representante del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ante la cumbre, sobre el compromiso de su gobierno con los derechos humanos.

En respuesta, Weissman se comprometió a revisar el caso de la empresa Vulcan y dar respuesta a las comunidades mayas sobre el asunto.

El activista agregó que durante las próximas semanas, los tribunales y juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, radicados en Quintana Roo, estarán revisando las demandas colectivas presentadas por las comunidades.

Se espera –indicó– que en poco tiempo los jueces dicten las medidas exigidas, como es el cierre definitivo del banco de material y el resarcimiento o cumplimiento sustituto por el daño ambiental provocado por la empresa.

El Foro Mundial de Negocios y Derechos Humanos de la ONU busca poner en el centro de la atención a los derechos de las comunidades y desarrollar instrumentos que obliguen a las empresas de los países desarrollados a respetarlos, en los países donde llevan a cabo sus operaciones.

Deja un comentario

Botón volver arriba
error: Este contenido está protegido. Gracias.