Quintana Roo

Refuta Fiscalía cifras de colectivos sobre el número de desaparecidos en Quintana Roo y reconoce solo 163, de 2016 a la fecha

22 de noviembre/ Cancún, Q. Roo.- La Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) refutó la cifra de poco más de dos mil personas desaparecidas desde 2016 en la entidad, aportada por colectivos ciudadanos, y señaló que de ese año a la fecha se han reportado solo 163 casos, pues el resto pertenece a personas no localizadas, que ya volvieron a sus casas.

En agosto pasado, el vocero del Colectivo “Verdad, Memoria y Justicia”, Ludovico Zamora, publicó que, conforme a datos de la propia FGE, durante el sexenio pasado se registraron 2 mil 881 desapariciones de personas en el estado, de las cuales mil 326 se encontraban sin localización, hasta ese mes.

Zamora, asesor técnico y forense, cofundador del colectivo, habría expuesto que desde 2018, en Cancún, específicamente, habían ocurrido mil 236 desapariciones, de las cuales 543 se encontraban sin localizar, hasta ese momento.

Como lo publicó entonces EstamosAqui.mx, Zamora desarrolla el proyecto de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el estado, apoyado de una base de datos de elaboración propia, que va del 2007 al 2022, que se nutre de estadística criminológica, así como del mapeo y registro de fosas clandestinas y contexto de hallazgo forense en la entidad.

La versión oficial

La Fiscalía difundió este martes un comunicado con declaraciones atribuidas al fiscal, Óscar Montes de Oca Rosales, en las cuales señala que existe una “confusión” de términos, por lo cual las cifras del colectivo no son “reales”.

“La cifra que manejan diversos colectivos, de dos mil personas desaparecidas, no es real y se le da una lectura incorrecta, ya que una gran parte se trata de no localizables, que en su mayoría ya regresaron a su domicilio”, indicó Montes de Oca.

El funcionario explica que el término “no localizables” se refiere a personas que se ausentan de su domicilio por voluntad propia sin un contexto de violencia o cuando la madre o el padre retiene a sus hijos e hijas sin el consentimiento de la otra parte, pero sus familiares los buscan a través de la Fiscalía.

En contraste, se considera que una persona está desaparecida cuando no se fue por propia voluntad y hay indicios de que pudo ser víctima de la comisión de un delito.

“Debemos ser muy cuidadosos en este tipo de reportes, para no involucrar a quienes no tienen que ver en delitos.

“El gran número de personas no localizables atiende a temas de matrimonios que se separan, entran en conflicto, se llevan a los niños, eso implica que alguno de los padres haga un reporte de Alerta Amber o Protocolo Alba que nosotros, cualquiera que sea la circunstancia, tenemos la obligación de dar inicio y subir la alerta como lo mandata la ley”, expuso.

Bajo ese entendido, Montes de Oca Rosales informó que de 2016 a la fecha, el número de personas desaparecidas en la entidad suma 163; el año con más casos fue 2021 con 47.

Al desglosar la cifra por año, detalló que en 2016 se reportó la desaparición de ocho personas; 2017, 15; en 2018, 16; en 2019, 34; en 2020, 28; en 2021, 47 y en lo que va de 2022, 15.

El funcionario citó los casos de la adolescente Chantal Itzel, por quien se había activado una Alerta Amber, que mediáticamente se asumió como una desaparición, cuando se trató de una ausencia voluntaria y, de acuerdo con las primeras investigaciones, la mujer regresó a su casa por propia voluntad, conforme a lo informado por la propia familia a la Fiscalía.

Mencionó también el caso de Elsa Yolanda, también reportada por la familia como una desaparición, cuando se trataba en realidad de “una ausencia voluntaria”.

Montes de Oca Rosales añadió que, de 2020 a la fecha, se han realizado alrededor de siete mil operativos de búsqueda de personas no localizables y de reportadas como desaparecidas.

“Se hacen las búsquedas correspondientes, un despliegue operativo, un rastreo remoto, búsqueda individual, inmediata y general”, dijo.

Con relación a Mónica Sebkoba, la mujer extranjera, residente en Cancún, quien denunció la desaparición de sus hijos, aclaró que la situación tiene que ver con un conflicto con el padre de los niños, quien los tiene retenidos, lo que motivó la protesta, justificada de esta persona.

Sebkoba también denunció públicamente que elementos de la FGE habían intentado sobornarla, a través de su defensa legal, para que emitieran una Alerta Ámber que, por cierto, apenas fue publicada hoy en las redes sociales de la institución, luego de exhibida la situación, el pasado 14 de noviembre.

La retención o sustracción de los menores fue reportada por la ciudadana de origen checo, desde el 12 de septiembre.

“Ya estamos revisando que el juez familiar haya ordenado la restitución a ella de los niños.

“Ella dice que hubo una petición de dinero (para emitir la Alerta Amber), ya se está llevando a cabo la investigación; la abogada es esposa de un Ministerio Público, precisamente quien lleva la carpeta de investigación, ese contexto le da un trato irregular, un conflicto de intereses y tal vez esto derive en esta mala interpretación de que se hace una petición de dinero”, argumentó el fiscal.

Montes de Oca agregó que se inició el procedimiento administrativo correspondiente para aclarar esta situación y aseguró que, en breve, –sin precisar una fecha– recibirá a Sebkoba para escucharla directamente y saber en realidad lo que sucedió.

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