Quintana Roo

Dan “beneficio de la duda” a gobernadora de Quintana Roo, familiares de desaparecidos, pero no al 100 por ciento

18 de noviembre/ Cancún, Q. Roo.- Con los ojos llorosos, algunas, algunos; exhaustas las madres y padres de personas desaparecidas en Cancún y la zona continental de Isla Mujeres, salieron ayer de la Secretaría de Educación (SEQ), después de poco más de cinco horas de exponer sus casos ante la gobernadora de Quintana Roo, “Mara” Lezama.

El objetivo era comprometer al nuevo gobierno para avanzar en la búsqueda y localización de sus familiares y lograr la destitución del titular de la Fiscalía General del estado (FGE), Óscar Montes de Oca, como responsable de una institución que se ha mostrado “insensible”, esto último, en palabras de la secretaria de Gobierno, Cristina Gómez.

Luego de escuchar los compromisos asumidos por la mandataria estatal, para atender asunto por asunto, las madres y padres de personas desaparecidas declararon que le brindaban, a ella, “el beneficio de la duda”, pero aclararon que no al 100 por ciento, pues desconfían del gobierno y de las autoridades que les han revictimizado una y otra vez, durante el doloroso y difícil caminar en la búsqueda de sus hijas e hijos.

“Damos un voto de confianza a la gobernadora, ‘Mara’ Lezama, pero no confiamos al 100 por ciento. No confiamos en el gobierno. Le damos el beneficio de la duda, pero no confiamos en el gobierno, porque el mismo gobierno nos ha dañado severamente”, manifestó anoche Luis Armando Kiau García.

El hombre es padre de Jorge Armando Kiau Rodríguez, un joven que desapareció junto con Diana García –hija de Romana Rivera– en la discoteca Imperio, localizada en Plaza Infinity, en febrero del 2020.

Kiau García, quien a momentos se quebró emocionalmente, teme que la permanencia del fiscal implique la continuidad de la administración del ex gobernador, Carlos Joaquín González, que considera, les dejó abandonados en la localización de su hijo.

“Se ha entorpecido la investigación, se ha abandonado. Mi caso tiene dos años, ocho meses, no tiene un día; nos han amenazado de muerte de dentro de la Procuraduría (Fiscalía), han golpeado a nuestros compañeros dentro de la Procuraduría, a cobijo del fiscal Montes de Oca. No hay respuesta para nosotros, nosotros somos víctimas y nos vuelven a victimizar; 100 mil pesos pagamos de extorsión, nos han dañado severamente.

“Yo caí en una profunda depresión, que hasta hoy me voy levantando, pero no soporto esto de la desaparición de mi hijo, no tener un cuerpo, no tener un hueso, no tener nada, ni una respuesta”, dijo

Luisa, su esposa, subrayó que esperan encontrarlo vivo a él y a las otras víctimas, pero de no ser así, desean saber en dónde está su cuerpo.

“Si no está vivo, aunque sea muerto, pero lo queremos, queremos que nos lo entreguen, queremos acabar con este dolor que sentimos…ya; que nos hagan justicia, es lo que exigimos, justicia para nuestros hijos, para mi hijo”, señaló, también con la voz a punto del llanto.

Ahí mismo, Deysi Blanco, madre de la adolescente Fernanda Cayetana, desaparecida en la zona continental de Isla Mujeres, el 21 de julio de este año, se dijo más tranquila, porque con la reunión se cumplió un primer objetivo: Que la gobernadora “volteara a vernos y nos escuchara”.

“Yo no la conocía, pero le dije que ellos mismos nos orillaron a hacer lo que hicimos anoche (el bloqueo del miércoles), por eso gritamos ‘fuera Mara, fuera el fiscal’, porque nos ignoraron hasta ahora.

“Entonces yo le dije que si no hay una respuesta de ella, volveré a cerrar la zona hotelera, lo que sea, pero como ya se reunirá con nosotros cada dos meses y habrá seguimiento, estoy más tranquila. Creo que la reunión fue favorable, ella dijo que estará disponible a cualquier hora, queremos pensar que sí”, relató.

Luis Armando añadió que durante el encuentro les presentaron a unos abogados, para brindarles acompañamiento, pero pedirán que se incorpore a Fabiola Miranda, quien les asesora jurídicamente.

Los acuerdos, satisfacción parcial

De entrada, la mandataria “no se comprometió al cese del fiscal”, quien tampoco estará bajo evaluación, respondió la abogada de varias de las víctimas indirectas, Fabiola Cortés Miranda, a quien se pretendió cerrarle el acceso a la reunión, pero se accedió a permitirle entrada a insistencia de las madres buscadoras.

Anoche, al ser entrevistada sobre los resultados del encuentro, la también activista indicó que las casi 10 víctimas indirectas que acudieron, expusieron sus casos y le hicieron ver a la gobernadora que en las carpetas de investigación hay innumerables irregularidades, falta de actuaciones y omisiones que calificó como “verdaderamente dolosas de parte de la Fiscalía”.

“Creo que el día de hoy (ayer) le quedó clarísimo a la gobernadora que esto no es un asunto político, sino de urgencia; de urgencia en el estado, la remoción del fiscal general, y en eso todas las víctimas coincidieron. Hay omisiones gravísimas en sus carpetas. Creo que no tiene ningún pretexto ya”, expresó.

Cortés Miranda manifestó que para destituir al fiscal se les ofreció una vía oficial para denunciar, con el acompañamiento de un equipo jurídico de nueva creación, a través de la Auditoria Superior del estado, (ASEQROO), para luego proceder con un juicio administrativo que, en su opinión, no es la vía adecuada porque ahí solo se obtendrán sanciones de tipo administrativo, mas no penal.

Tampoco se tomará en cuenta la solicitud de destitución presentada el 14 de octubre, que se acompañó con casi 70 carpetas de investigación con irregularidades.

“Ella (Mara Lezama) quiere denuncias ante la Auditoria Superior del estado, porque dicen que ese es el proceso”, señaló, con base en la línea marcada por la Secretaría de Gobierno, a cargo de Cristina Muñoz, agregó Moisés Araujo, también abogado de las víctimas indirectas.

“Esa fue la vía planteada por la secretaria de Gobierno, Cristina Torres. Desde mi punto de vista como abogada, no coincido. La Constitución es muy clara y dice que la gobernadora podrá iniciar la remoción, sin especificar las causas y nosotros le estamos dando las causas y le estamos diciendo que por violaciones de derechos humanos”, detalló Cortés Miranda.

Esas denuncias se llevarán tiempo, sin contar con que falta que procedan, cuando el tema es apremiante y la petición expresa –insistió Cortés Miranda– tomando en cuenta que Montes de Oca es “la cabeza” de la institución y ésta, no funciona, dijo.

“Aquí la gobernadora escuchó decenas de casos en los que hay omisiones de principio, hasta el último momento, hasta en las ya judicializadas hay omisiones que ponen en riesgo los casos y se le hizo saber.

“En términos claros ella ya escuchó todas las omisiones, en voz de las víctimas, aquí lo que procedería es que el señor entregue su renuncia”, expuso.

La abogada reconoció que por parte de Lezama Espinosa hubo un compromiso “firme” de atender a las víctimas indirectas “24/7”, por lo cual se le dará “el beneficio de la duda”, porque se comprometió, no con una madre buscadora, sino con todas.

“Mentirle a todas las víctimas sería doblemente grave y revictimizarlas”, subrayó, seguida por Araujo quien confirmó que habrá reuniones periódicas, incluso con la propia gobernadora.

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