Quintana Roo

Los sabores amargos de la despenalización del aborto hasta las 12 semanas en Quintana Roo

Al margen de la oposición de grupos provida e iglesias, las reformas tampoco fueron idóneas para todas las feministas

Las modificaciones que, en lo particular, se hicieron de último momento a la iniciativa para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas, en Quintana Roo, dieron como resultado la eliminación de la causal que permitía a las mujeres víctimas de violación, interrumpir su embarazo hasta los 90 días, además de borrar de los artículos reformados la palabra “mujer”, para sustituirla por “persona gestante”.

Dichas adecuaciones fueron propuestas por el coordinador de la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Humberto Aldana, y votadas a favor por 19 legisladoras y legisladores, la madrugada del 26 de octubre, al aprobarse la despenalización del aborto hasta las 12 semanas.

La iniciativa original para reformar el Código Penal fue presentada por las y los diputados de la bancada morenista: Ricardo Velazco, Silvia Dzul, Mildred Ávila, Andrea del Rosario González, María Fernanda Cruz, José María Chacón, Elda María Xix, Omar Rodríguez, Luz María Beristain y el propio Aldana Navarro.

En ella se propuso reformar los artículos 92, 93, 94, 95 y 97, en sus fracciones II, III y IV, y adicionar un párrafo segundo y un tercero al artículo 92, además de derogar el artículo 96, todos del Código Penal de Quintana Roo.

Luego de darle lectura, fue pasada como de obvia y urgente resolución y votada a favor, en lo general, con 19 votos a favor y 3 en contra.

Sin embargo, de último momento, Aldana Navarro solicitó hacer modificaciones en lo particular a esa propuesta.

Los alcances no quedaron claros en ese momento, al no explicarse y no contrastar lo que marcaba el Código Penal vigente que se deseaba reformar, con lo que proponía la iniciativa original y con los cambios sugeridos por Aldana Navarro.

Bajo esas condiciones y con 19 votos a favor y 3 en contra, los cambios pasaron sin ser objetados y la iniciativa se aprobó, generando en su momento algarabía entre las colectivas feministas, hasta que el decreto final fue consultado y detectadas las fallas.

Eliminan causal sobre violación y el término “mujeres”

Una de las modificaciones sugeridas por el legislador consistió en eliminar el término “mujer” en todos los artículos reformados, pese a que la iniciativa original las visibilizaba.

Su argumento fue que las mujeres ya están incluidas dentro del concepto de “personas gestantes”, partiendo de que “persona gestante” es cualquier persona con aparato reproductor femenino y, por ende, con capacidad de gestar, independientemente de su edad, apariencia física u orientación sexual.

Para Aldana, hablar de “mujeres” y de “personas gestantes” –como lo hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y como se consignaba en la iniciativa originalmente presentada– implica “una distinción que, en su caso, podría ser discriminatoria”, sostuvo.

De este modo, en las reformas aprobadas se habla solo de “personas gestantes”, pues las mujeres fueron suprimidas bajo la consideración –errónea o por lo menos altamente debatible– de que están incluidas en ese término.

También borran causal

Además, Aldana sugirió eliminar la fracción II del artículo 97, que era la causal para que las mujeres víctimas de violación pudieran acceder al aborto en un plazo de hasta 90 días, como lo establecía en ese momento el Código Penal vigente.

La iniciativa original proponía modificar esa fracción II, no eliminarla. La reforma inicial consistía en suprimir el plazo de 90 días para poder abortar –en caso de violación– junto con el requisito de interponer la denuncia correspondiente ante el ministerio público. También se incorporaba que el aborto pudiera practicarse en casos de una inseminación artificial no consentida.

Aldana Navarro consideró que la causal debía desaparecer y argumentó, sin explicarse, algo que no quedó claro:

“El supuesto que prevé la ley es otorgar un plazo a la persona gestante para realizar el aborto sin impedirle la sanción penal en caso de violación, no obstante, de que se entenderá como delito de aborto después de la decimo segunda semana de gestación, es innecesario prever el supuesto, incluso en el caso de inseminación artificial”, dijo. Aún con ello, nadie interpeló, cuestionó u objetó.

La consecuencia

Al eliminar la causal, una víctima de violación que rebase las 12 semanas de gestación y desee abortar, no podrá hacerlo, porque ya está penalizado.

Ocurre que con las reformas aprobadas, el artículo 92 establece que aborto es la interrupción del embarazo “después” de las 12 semanas de gestación y el artículo 93 señala que a “la persona gestante” que se le procure el aborto o consienta que otro la haga abortar, se le impondrán de seis a dos años de prisión. “Igual pena se le aplicará al que haga abortar a la persona gestante con su consentimiento”, se lee en el decreto aprobado.

Vale aclarar, que antes de las reformas, tampoco podía abortar, después de los 90 días.

Sin embargo, como la iniciativa original planteaba modificar la causal (fracción II) y no eliminarla, el plazo para poder acceder a un aborto quedaba abierto, sin importar en qué semana de gestación se encontraba la niña, adolescente o mujer agraviada.

De este modo, de haberse aprobado así, una víctima de violación podría solicitar la interrupción legal del embarazo después de las 12 semanas de gestación, invocando esa causal para no ser penalizada.

Pero al ser eliminada esa causal, solo podrá hacerlo hasta las 12 semanas de gestación.

Una de las razones por las cuales lo idóneo era mantener la fracción II y modificarla, mas no eliminarla, estriba en que existen casos documentados de niñas y adolescentes que viven en poblaciones indígenas o rurales, que luego de una violación, no se saben embarazadas hasta pasadas las 12 semanas de gestación, por ejemplo.

El tema ha sido advertido ya por colectivas feministas, locales y nacionales, que solicitan corregir estos errores –la invisibilización de las mujeres y la eliminación de la causal de aborto por violación– que juzgan graves.

Una modificación más, sugerida por el legislador, afectó el artículo 94, que en el Código penal hasta ese momento vigente, hablaba sobre las penas aplicadas al aborto no consentido, pero que en la iniciativa originalmente presentada lo refería como aborto forzado, lo definía como aquel que se practica en cualquierl momento, sin consentimiento de la mujer o persona gestante y ampliaba la pena.

Aldana sugirió que el castigo para el aborto forzado se mantuviera como en el Código Penal vigente –de 3 años de prisión como mínima y 8 años, como máxima– en lugar de subir a 5 como mínima y 8 como máxima; y en casos en que mediase violencia, que se quedase en 4 como mínima y 9 años como máxima y no de 8 años como mínima y 10 como máxima, como se proponía inicialmente.

Deja un comentario

Botón volver arriba
error: Este contenido está protegido. Gracias.