Quintana Roo

Entre solicitudes de destitución, fiscal comparece ante el Congreso

  • Cuestionado sobre su desempeño Oscar Montes de Oca contrapuso cifras frente a lo que llamó “percepción”
  • Le preguntan sobre el 9N, desaparición de personas, extorsiones y delitos de odio

Cancún, Q. Roo, 26 de octubre.- Con base en la estadística de resultados desde diciembre de 2018, en que fue designado al frente de la Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) y bajo el argumento de la carencia de recursos económicos y humanos para brindar una mejor respuesta, Óscar Montes de Oca compareció anoche ante el Congreso del estado, en medio de solicitudes de destitución presentadas ante la XVII Legislatura y a la gobernadora, “Mara” Lezama.

A momentos, durante el ejercicio de rendición de cuentas, Montes de Oca tuvo de las y los diputados que integran la XVII Legislatura, más muestras de reconocimiento que cuestionamientos, pese a que enfrenta solicitudes de destitución por probables violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Las quejas provienen de grupos de la sociedad civil y especialmente de víctimas, entre las que destacan familiares de personas desaparecidas, víctimas de la represión armada en Cancún, la noche del 9 de noviembre del 2020; y un grupo de operadores de Uber, que acompañaron su petición con casi 70 carpetas de investigación congeladas, con deficiente integración o sin mayor avance.

En ese contexto, legisladoras como Luz María Beristain elogiaron el desempeño del funcionario, a quien calificó como “un caso de éxito” en la Ciudad de México, debido a que previo a su designación en Quintana Roo, fue procurador en la capital.

Pese a ello, Beristain Navarrete confirmó que Lezama Espinosa analiza la permanencia de Montes de Oca, pero dijo que la mandataria estatal está consciente de que alguien con su perfil “de ninguna manera es desechable” y consideró que debido a sus cuatro años de experiencia en el estado, es una pieza “muy útil”, pues “conoce la película completa”.

Cristina Alcérreca Manzanero y Andrea del Rosario González Loria lo cuestionaron sobre las críticas que han arreciado en días recientes sobre su desempeño.

El fiscal les respondió que su trabajo está avalado por la estadística del Secretariado Ejecutivo Nacional; por el propio titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Adán Augusto López –quien ha señalado en las conferencias “Mañaneras” que la incidencia delictiva en Quintana Roo ha descendido, principalmente los homicidios dolosos–; así como por los resultados que expuso ante la Legislatura.

Manifestó que también ha tenido el reconocimiento internacional de organizaciones e incluso de autoridades de Estados Unidos, a través de convenios de colaboración para trabajar conjuntamente e incluso adelantó que el próximo viernes firmará un acuerdo en materia anticorrupción para poner en marcha un chat box, que recibirá quejas y denuncias sobre conductas indebidas de funcionarios públicos de la institución, mecanismo que estará abierto a la ciudadanía y servirá de indicador.

Con datos citados por la gobernadora “Mara” Lezama, el pasado 20 de octubre durante un foro celebrado en la sede del Congreso, el diputado Julián Ricalde, se sumó a los cuestionamientos hechos al fiscal.

Lezama Espinosa habría enunciado aquella noche que el 78 por ciento de población se siente insegura; que 4 de cada 5 habitantes considera a la inseguridad como el principal problema por resolver; que el 70 de la ciudadanía percibe corrupción en el ministerio público y fiscalías estatales; que 9 de cada 10 delitos no se denuncian y que “no pasó nada” con el 51 por ciento de las carpetas de investigación abiertas.

Al respecto, Montes de Oca se escudó en que la diferencia entre los resultados y la mala percepción sobre su desempeño y el de la propia institución, tiene que ver con fallas en la comunicación de lo que se hace.

“El tema de la percepción es cómo informamos los logros”, dijo al manifestar que “la única forma” de difundir lo hecho es publicándolo, para que la ciudadanía se entere, pero añadió que si por un lado se dicen cosas positivas y por otro, negativas, “eso es en perjuicio de la ciudadanía”.

“En Miami hay más homicidios y nadie dice nada”, subrayó, pero aclaró que no se trata de “ocultar”, pero sí de cómo comunicar.

Admite desaparición de evidencia el 9N

Entre solicitudes de destitución, fiscal comparece ante el Congreso

El diputado Humberto Aldana, sobre los avances en el caso de la represión armada, la noche del 9 de noviembre en Cancún de 2020, informó que fueron iniciadas tres carpetas de investigación.

La primera, por comisión por omisión correspondiente al delito de lesiones, abuso de autoridad y encubrimiento en contra de los principios del Sistema Penal Acusatorio y robo; la segunda, por lesiones y abuso de autoridad y la tercera por el delito de tortura (sexual)

“Se ha ejercido acción penal en contra de 14 personas que fungían al momento de los hechos como elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Benito Juárez, entre ellos el secretario en funciones (Eduardo Santamaría) en ese momento.

“Fueron emitidas 4 órdenes de aprehensión, de las cuales, una, fue cumplimentada. La indagatoria en donde se encuentran vinculados los mandos se encuentra en etapa intermedia, es decir, ya es un tema de procedimiento penal y los juzgados son los encargados de ir dando los tiempos procesales para su continuación”, detalló.

Solo una mujer policía fue vinculada a proceso con medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; los demás continúan con ordenes de aprehensión vigentes.

Para el caso de tortura, que tiene como agravante el tema sexual, en agravio de dos mujeres, se practicó el Protocolo Homologado para la Investigación de dicho delito y se trabaja en conjunto con la asesoría jurídica para la identificación de los probables responsables.

“Hemos tenido reuniones mensuales con el Comité de Víctimas del 9N y Amnistía Internacional desde noviembre de 2021. Hasta la presente fecha se han llevado acabo reuniones físicas y presenciales (sic)”, señaló.

Montes de Oca añadió que al momento se tienen consignados algunos elementos de Seguridad Pública, por no haber elaborado un informe policial homologado y haber permitido que toda la evidencia existente fuese levantada.

“Eso por supuesto entorpeció la investigación, pero ya hay personas procesadas por esos hechos”, admitió.

El “cobro por derecho de piso”

Aldana también le preguntó sobre acciones para combatir la extorsión a negocios, a través del llamado “cobro por derecho de piso”. El funcionario manifestó se registra una “carencia de denuncias” por temor, lo que complica la intervención de la Fiscalía.

Indicó que existe un acercamiento con el sector hotelero, restaurantero y otros, para ofrecer el servicio de “agente encubierto”, como técnica de investigación contemplada por el Código Nacional de Procedimientos Penales, para lo cual se diseñó un protocolo específico de actuación.

Esta figura permite –explicó– que ni el dueño ni el personal pisen el ministerio público, ni se expongan, porque el agente encubierto “se convierte en testigo”. Como resultado se tienen ya identificados probables responsables, órdenes de aprehensión libradas, pendientes de ejecutar, debido a que los participantes se encuentran en otras entidades de la República.

Agregó que el tema se concentra principalmente en el municipio de Solidaridad, toda vez que es ahí donde inició desde hace “décadas” y se fomentó el delito, lo que derivó en la consolidación de estructuras delictivas más sólidas y económicamente fuertes.

“Por eso hemos encontrado tanta dificultad y tanta resistencia para ir pudiendo resolver los temas de extorsión”, señaló.

Las desapariciones y los no localizados

Otro tema altamente sensible, abordado también a petición del legislador Aldana y de su par, Hugo Alday, fue el de las personas desaparecidas. Indicó que se han hecho revisiones en 100 puntos diferentes en la entidad; de ellas 29 son búsquedas generalizadas y 32, individualizadas, en Cancún, Leona Viario, Tintal, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum, José María Morelos y Chetumal, en donde se han encontrado osamentas, personas sin vida y restos humanos.

Tales búsquedas ocurren con la participación del Colectivo Verdad Memoria y Justicia, integrado por familiares de personas desaparecidas, además de personal de los tres órdenes de gobierno, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHQROO) y de Búsqueda.

Explicó que las discrepancias entre las cifras del Colectivo y la Fiscalía en torno al número de desapariciones, ocurre porque la agrupación mezcla las fichas emitidas por la fiscalía, correspondientes a las personas no localizadas –que corresponden a desapariciones en las que no existen contextos de violencia– con las desapariciones en que sí se registra esa condición.

“Hay que diferencias y la ley lo hace. No podemos juntar los dos mil o tres mil que hay. Una cosa es personas no localizables cuya ausencia no tiene un contexto de violencia. De todas maneras, se emiten las fichas de búsqueda, sea cual sea la circunstancia”, aclaró.

Precisó que las carpetas iniciadas en 2022 por ambos tipos de desaparición son 612, de las cuales, 59 son de personas desaparecidas y 664 de personas no localizables, aunque dichas cifras tampoco concordaron.

“Entonces debemos diferenciar. Desaparecidos en 2022, 59; en 2021, 90; en 2020, 64. Estamos hablando de desaparecidos”, amplió, al subrayar que “nunca antes” se habían hecho operativos de búsqueda y cateos, como ahora, la mayoría, vinculados con temas de desaparición de personas. Añadió que cada sábado se hace un operativo generalizado.

Sin recursos, pero con resultados

El funcionario arrancó su comparecencia acotando que ha operado sin recursos económicos suficientes, habiendo heredado carencias en instalaciones y capacitación del personal, escasa tecnología y equipamiento, gran rezago en carpetas de investigación y bajo resultado en actos procesales, pero pese a ello, ha dado resultados.

En otro momento, a la pregunta de la diputada, Luz María Beristain sobre qué necesitaba para que la Fiscalía rindiera mejores frutos, respondió que, el mínimo suficiente sería que se le autorizara la contratación de 150 agentes de investigación, de los 250 que solicitó para optimizar las funciones de la institución, lo que implícitamente incidirá en mayor presupuesto, aunque no lo mencionó.

Comentó que, en su momento, solo se aceptó la contratación de 100 agentes, pero el personal total se atomiza en sus 15 fiscalías especializadas e incluso da seguimiento hasta a delitos de tránsito, cuando en otras entidades no se tiene esa responsabilidad, pues corresponde a los ayuntamientos, por lo que solicitó una modificación al marco legal local, en ese sentido.

Sobre su trabajo, aseguró que se han “sentando las bases” para un cambio en la forma de trabajar, dotando del “espíritu de pertenencia, responsabilidad y sensibilización” al personal, así como de equipo, y aplicando nuevas tecnologías para la investigación y persecución de los delitos, lo cual –consideró– debe consolidarse.

“Los resultados son tangibles”, afirmó, al indicar que se ha “definido” la ruta para “garantizar el acceso a la justicia pronta y expedita”.

Entre las acciones destacó la presunta resolución del 88 por ciento en delitos de feminicidio y del 100 por ciento en tentativa de feminicidio con carpetas judicializadas e imputado conocido y el incremento al 400 por ciento en la determinación y judicialización de carpetas de investigación por violencia familiar.

Resaltó la implementación de la Unidad Especializada en Delitos de Trata y Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, que ha permitido el rescate de 34 víctimas, principalmente niñas y la detención de 21 personas.

También la obtención de 70 sentencias condenatorias por delitos sexuales con penas que van desde 35 hasta 100 años de prisión; la vinculación a proceso de cuatro personas jurídicas por su posible participación en delitos patrimoniales y el haber obtenido la primera sentencia de extinción de dominio en el estado, lo que incluye otros inmuebles asegurados en estudio para demandar la aplicación de esa misma figura.

Montes de Oca afirmó que se espera en este 2022, un incremento de 211 por ciento en la obtención de órdenes de aprehensión y del 162 por ciento en su eficacia y cumplimiento; contemplan la autorización de 200 cateos, lo que representa cinco veces más que en 2018; y en este año se alcanzarían las mil 500 vinculaciones a proceso, rebasando a las 595 obtenidas en 2018.

Mediante acuerdos reparatorios, de 2018 a la fecha se han recuperado más de 326 millones de pesos por concepto de reparación de daño a favor de las victimas; de enero a septiembre el número de víctimas de homicidio doloso bajó de 658 en 2018 a 475 en 2022, lo que implicó una reducción del 27 por ciento.

Se remodeló el Centro de Justicia para la Mujer, en Cancún y se busca que sea certificado, además de construirse el de Solidaridad, entre otras acciones.

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