Quintana Roo

Comunidades indígenas presentan recurso jurídico contra Sac Tun (Calica), que opera en Riviera Maya

24 de octubre/ Cancún, Q. Roo.- Activistas y habitantes de comunidades indigenas en el municipio de Solidaridad, promovieron ante Juzgados de Distrito, radicados en Cancún, una acción colectiva ciudadana en contra de Sac-Tun, antes Calica, por probables violaciones a derechos humanos, como a un medio ambiente sano en lo general, pero especialmente en agravio del derecho superior de las niñas, niños y adolescentes a la salud.

La acción colectiva es un recurso legal consagrado en el Código Federal de Procedimientos Civiles, que permite a las comunidades obtener la protección y defensa de los derechos e intereses colectivos en materia de medio ambiente.

Con base en este instrumento, los demandantes reclaman la restitución del ecosistema al estado que guardaba antes de la afectación o en su caso al cumplimiento sustituto de acuerdo a la afectación de los derechos de la colectividad.

Quetzal Tzab, Lucely Tuz y Raúl Benet, acudieron al edificio del Poder Judicial en esta ciudad, para presentar el recurso jurídico que también exige a la empresa, filial de la norteamericana Vulcan, que lleve a cabo las labores de remediación o reposición por el daño causado al acuífero y a la biodiversidad.

En representación de las y los demandantes, Tzab informó que, recientemente, se dieron a conocer estudios llevados a cabo por instituciones como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y el Instituto de Ecología y Cambio Climático (INECC), que confirman la presencia de diversos contaminantes perjudiciales para la salud de los pobladores y para el ecosistema en su conjunto.

También citaron que, conforme a la versión de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiental (Profepa), Sac Tun ha violentando permanente las condicionantes establecidas en sus permisos, lo cual ha causado “el grave deterioro ambiental que se observa en la zona”.

Los resultados de los examenes fueron relacionados con las diversas afectaciones a la salud de las niñas y los niños, así como el evidente deterioro en la calidad del agua y la evidente pérdida de biodiversidad, con la explotación del banco de material, el cual abarca un promedio de 2 mil 400 hectáreas, a escasos kilómetros de donde se ubican algunas de las comunidades afectadas, incluyendo jardines de niños y primarias.

Lucely Tuz, quien también habita y representa a comunidades cercanas al banco de material, exigió el cierre definitivo de la Sac-Tun, cuyas activdades extractivas están suspendidas debido a las clausuras de sus predios, y pidió que la empresa asuma su responsabilidad, haciendo lo necesario para revertir o compensar a las comunidades mediante acciones sustitutas, por el daño ambiental causado por la empresa.

Sobre el tema, Raúl Benet, asesor ambiental de los demandantes, señaló que durante más de 30 años la empresa ha detonado continuamente grandes cantidades de explosivos del tipo de los hidrogeles, perforando profundos barrenos varios metros por debajo del nivel freático, y ha vertido al acuífero concentraciones significativas de nitritos y otros contaminantes, además de haber liberado a la atmósfera y al mar caribe inmensas cantidades de finísimo polvo calizo muy dañino para la salud de la población, y en particular de la niñez.

Benet responsabilizó a la empresa del desmonte de cientos de hectáreas de selva, devastando el suelo y el subsuelo de la zona, y presuntamente desviando el curso de las corrientes subterráneas, apropiándose de inmensos volúmenes de agua, muy superiores a los aprobados, según se desprende de los estudios publicados recientemente por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)

Señaló que si bien la empresa contaba con algunos permisos otorgados durante el gobierno de Ernesto Zedillo, la violación constante y permanente de las condicionantes establecidas y los volúmenes aprobados en tales permisos, ha sido causa fundamental del gran impacto social y ambiental que la explotación ha significado.

Añadió que ésta y “cualquier otra empresa que viole las condicionantes establecidas en sus permisos, y que tenga como resultado un grave deterioro ambiental y la violación de los derechos de la colectividad, tienen que ser llevados a juicio, sus operaciones deben ser clausuradas definitivamente, y las empresas tienen que responder por los daños ambientales y sociales causados”.

Tzab consideró que las clausuras a los predios de Sac Tun “son medidas necesarias y urgentes, pero que no son suficientes”, pues además de la clausura definitiva es imprescindible que la empresa pague o lleva a cabo las acciones sustitutas que dicte el juez, por los daños causados. 

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