Quintana Roo

Desde el Congreso de Quintana Roo, Adán Augusto rechaza militarización de México con reforma constitucional

20 de octubre/ Cancún, Q. Roo.- El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, negó, desde la tribuna del Congreso de Quintana Roo, que la reforma constitucional que amplía hasta el 2028, la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, implique la “militarización” de México y pidió que “no hagamos alegoría de desastre que no existe”.

Por convocatoria de la gobernadora, “Mara” Lezama, a quien agradeció la invitación, el funcionario participó en el Foro “Participación de las Fuerzas Armadas en Seguridad Pública”, realizado la tarde noche de este jueves en Chetumal, capital del estado.

López Hernández, dijo que por instrucción del presidente, Andrés Manuel López Obrador, debe visitar los 32 congresos locales para explicar los alcances de la reforma al artículo Quinto transitorio que extiende la presencia de las fuerzas armadas, del 2024, hasta el 2028.

Originalmente, ese artículo fue publicado el 26 de marzo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para dar vida a la Guardia Nacional y asignarle tareas de seguridad pública al 2024, pero el 14 de septiembre y el cuatro de octubre de este año, fue reformado por el Congreso de la Unión

Esa modificación amplía su margen de acción hasta el 2028, de forma regulada y fiscalizada, sujetando a los militares a capacitarse conforme a una doctrina policial civil, sin sustituir actividades civiles de otros órdenes de gobierno.

La reforma incluye la supuesta rendición de cuentas al Congreso de la Unión, pudiendo ser citados a comparecer los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina (Semar) y los municipios y estados deben rendir cuentas anualmente al Consejo de Seguridad y a sus congresos, respecto al fortalecimiento de sus policías, que no deben ser abandonadas.

Además, se creará a partir del 2023 un Fondo cuyos recursos se repartirán en un 40 por ciento para la Sedena y la Marina, y un 60 por ciento para entidades federativas y gobiernos locales, de forma proporcional y bajo criterios aún por definirse, expuso el funcionario federal.

En el recinto legislativo, representantes de distintos sectores le formularon preguntas sobre la estrategia especifica para recuperar la seguridad del estado, si la reforma constitucional del artículo quinto, implicaba militarizar al país; cuáles eran las garantías de que una vez cumplido el plazo al 2028, el Ejército se negase a retornar a los cuarteles o el riesgo de, “teniendo todo el poder”, el Ejército diese un “golpe de Estado”, por ejemplo.

“Yo soy un convencido de que esto no es un ejercicio de militarización del país y de que todos los que estamos aquí somos demócratas convencidos. Si alguien, si un ciudadano de formación militar llega a la presidencia de la República, seguramente será porque obtiene en las urnas el respaldo mayoritario de los ciudadanos.

“Pero no es eso lo que se está debatiendo en esas fechas, lo que se está debatiendo es qué seguridad pública queremos para nuestro país (…) no hagamos alegoría de un desastre que no existe”, expresó.

El foro contó también con la presencia de la gobernadora, “Mara” Lezama; de la magistrada Adriana Cárdenas, en representación del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo (TSJ), del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) de la Legislatura, Renán Sánchez Tajonar; de dignatarios mayas, ex gobernadores, legisladores federales, políticos y dueños de medios de comunicación locales.

Durante su intervención, Adán Augusto admitió que existen zonas del país que enfrentan problemas de violencia e inseguridad graves; que existen municipios que carecen de policías, que hay “zonas de silencio” en donde la autoridad cedió territorio y resaltó que aprobar la reforma es la “oportunidad de recuperar el país”, aprovechando la organización, orden y equipamiento del Ejército.

Indicó que la incidencia delictiva del estado registra una baja. Citó que en homicidio doloso ocupa el sitio 18, cuando estaba en el 14 “en el último mes”; que en abuso sexual se sitúa en el lugar 11 y en violencia familiar, en el 18; en robo general, en el 12; en robo de vehículos, en el 22; en extorsión, también en el 22; en secuestro, en 27 de 32. “Ahí va recuperándose”, comentó

Al reconocer la relevancia de lo que Quintana Roo aporta al país, en términos de Producto Interno Bruto (PIB), consideró que el gobierno federal no ha sido recíproco con el estado y ofreció a Lezama Espinosa “todo el apoyo” para combatir las desigualdades.

“Aquí hay mucha (desigualdad) y conviven 2, 4 y hasta 4 Quintana Roos (…) El Quintana Roo Rico y el Quintana Roo pobre tienen que terminar”, advirtió.

Lezama Espinosa, quien solicitó –dijo– “respetuosamente” a la XVII Legislatura, el aprobar la reforma constitucional, aclaró que no es “un cheque en blanco para nadie”; que las fuerzas armadas quedan sujetas a la doctrina policial civil para modular su actuación; que no se sustituye a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno y que el fondo permanente para fortalecer a la seguridad pública de municipios y estados, deberá estar listo a partir del 2023.

“Es fundamental que reafirmemos el compromiso entre nosotros para resolver los temas de seguridad, para transitar a un modelo de seguridad ciudadana que nos permita prevenir, perseguir y castigar los delitos que se cometen, principalmente, aquellos que atentan contra la vida y el patrimonio de las personas.

“Los delitos de alto impacto, casi por norma, se cometen por el crimen organizado y sin duda estas mafias superan las capacidades de las policías municipales y estatales”, expuso.

Citó que el 78 por ciento de población se siente insegura; que 4 de cada 5 habitantes considera a la inseguridad como el principal problema por resolver; que el 70 de la ciudadanía percibe corrupción en el ministerio público y fiscalías estatales; que 9 de cada 10 delitos no se denuncian y que “no pasó nada” con el 51 por ciento de las carpetas de investigación abiertas.

Al subir a tribuna, diputadas y diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Trabajo (PT), Fuerza por México, Morena, Verde (PVEM) y Auténtico Social (MAS), anticiparon su respaldo a la reforma.

El legislador Julián Ricalde, aprovechó para recordar al funcionario federal que su reconocimiento público sobre lo que Quintana Roo aporta al PIB, pero también en divisas por concepto de turismo, debe verse reflejado en el pacto federal, con mayores recursos, “que hacen mucha falta”.

“Aquí me recuerda un viejo adagio de que ‘amistad que no se refleja en la nomina, es pura demagogia’”, expresó.

El ex alcalde de Cancún, quien recordó que viene de las izquierdas, consideró que la probable “militarización”, de aprobarse la reforma, es un falso debate y volvió a enunciar una cita, esta vez, de un jurista español, cuya identidad tampoco precisó.

“Si hay paz y bienestar para los ciudadanos, no importa si tienen un rey, un demócrata o un tirano. Lo que queremos son resultados”, dijo, al considerar que el verdadero debate está en los resultados.

El diputado de Morena, Humberto Aldana, señaló la necesidad de llevar la discusión al terreno de la información y “no de las posturas políticas” y acusó que existe en el país una “sistemática campaña de desinformación” que, a su juicio, carece de bases jurídicas, para “manipular” a la ciudadanía y hacerle creer que se pretende militarizar al país.

Por el PRI, la legisladora Candelaria Ayuso salió a defender el voto de su partido, en el Congreso de la Unión, argumentando que las modificaciones que propuso el tricolor, no militarizan a la nación ni ponen en peligro la democracia.

Renán Sánchez, por el PVEM coincidió en que se busca fortalecer la seguridad ciudadana y cuestionó lo que pasaría si en 2024, al vencerse el plazo original, tan solo 90 mil elementos de la Marina asignados a tareas de seguridad pública, tuvieran que retirarse.

Hugo Alday, por el PT y Alfonsina Padilla, del MAS, reforzaron la importancia de pensar en el beneficio que supone garantizar la paz y tranquilidad del país.

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