Quintana Roo

Organizaciones piden al Congreso destituir a fiscal de Quintana Roo y auditar a la institución

17 de octubre/ Cancún, Q. Roo.- Por omisiones, dilaciones y otros probables agravios que afectan a la sociedad y a las víctimas de actos delictivos, la Red por la Equidad y los Derechos Humanos de Quintana Roo (REDDHH) solicitó a la Comisión de Justicia de Quintana Roo, que la Fiscalía General del estado (FGE) sea auditada, mientras que la asociación “Somos Tus Ojos” pidió la destitución del titular de la institución, Óscar Montes de Oca.

Las quejas en contra del funcionario público van en aumento, de cara a su próxima comparecencia ante el Congreso del estado, programada para el 25 de octubre.

Las quejas abarcan ya a hoteles, a particulares en Tulum que se dicen víctimas de despojos a través de operativos con el uso de la fuerza pública y a familiares de víctimas de desaparición forzada que en septiembre pasado exigieron la destitución del funcionario.

Esta mañana representantes de algunas de las organizaciones que conforman la Red, presidida por Rosa María Márquez, así como personal del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), sostuvieron una reunión con el presidente de la Comisión de Justicia de la XVII Legislatura, Hugo Alday, en las oficinas de representación del Congreso en la zona norte de la entidad, localizadas en Cancún.

Ahí, se expusieron diferentes temas que deben ser atentidos en materia de procuración de la justicia, derechos humanos, personas desaparecidas y derechos de la comunidad LGBTTTI+, por citar algunos.

También se explicaron las razones que han nutrido las inconformidades en torno al desempeño de Montes de Oca Rosales, designado por el Congreso como titular de la Fiscalía, el 12 de diciembre de 2018, por un periodo de nueve años, luego de modificar la Constitución en octubre de ese año para permitir a personas no nacidas en el estado para ocupar el puesto.

Rosamaría Márquez cuestionó el que la Fiscalía sea una de las instituciones que ha recibido mayores recursos, pero con resultados que, a su juicio, no justifican el nivel de gasto de recursos públicos recibido.

En 2020 la XVI Legislatura autorizó a dicha institución un presupuesto de 942 millones 709 mil pesos para el ejercicio fiscal 2021; sin embargo, durante ese año recibió una ampliación presupuestal del orden de los 127 millones 506 mil pesos, lo que dio un total de presupuesto modificado que alcanzó los mil 070 millones 216 mil pesos.

La activista remarcó que la Fiscalía se conduce con “falta absoluta al debido proceso”, que el grueso del personal carece de sensibilidad, empatía y vocación de servicio; que el Centro de Justicia para la Mujer (CJM) trabaja para atender “solo a las amigas” y que el titular ha “perdido la confianza” de la sociedad civil.

Cecilia Solís, una de las 13 víctimas por la represión armada del 9 de noviembre de 2020, al pie del Palacio municipal de Cancún, manifestó que el manejo del caso que, desde el origen, ha dado la Fiscalía, ha favorecido a la impunidad, al violar el debido proceso, revictimizar a las personas agraviadas y al impedir el acceso a la justicia, la verdad y la reparación integral.

Precisó que a casi dos años de los hechos, hay 14 policías sujetos a proceso, tres agentes prófugos y una oficial mujer vinculada a proceso con medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; carpetas abiertas con delitos menores a los que realmente corresponden y la pretensión de la Fiscalía de que se lleven juicios abreviados.

Durante la conversación abierta a la prensa, Alday Nieto comunicó que el fin de semana recibió un escrito presentado por la presidenta de “Somos Tus Ojos”, Fabiola Cortés, dirigido al Congreso y a la gobernadora del estado, “Mara” Lezama, mediante el cual se solicita la destitución de Montes de Oca.

“Sí hay mucha información que tenemos que analizar de aquí al 25. Tenemos que desmenuzar lo más importante, independientemente de que solicitemos con posterioridad de que se rindan cuentas en lo particular”, expresó el legislador.

El también coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), indicó que legalmente no es posible remover al funcionario, a menos que medien violaciones graves a la Constitución, que tendrían que ser acreditadas, pero manifestó que el tema será estudiado.

En ese tenor, subrayó que las fallas que presenta la Fiscalía no son responsabilidad de una sola persona, ni se le pueden atribuir en específico, por lo que consideró que independientemente del caso del titular, la institución debe ser reestructurada, ya que se ha creado una “macroinstitución”.

En respuesta, Rosamaría Márquez señaló que si no es posible la destitución del funcionario, éste debe enfrentar un juicio político.

Pendiente designación de ombudsperson

Al abordar otros temas, Márquez señaló que la designación de la persona titular de la Comisión de los Derechos Humanos (CDHEQROO) sigue pendiente y el organismo, prácticamente acéfalo, pese a que cuenta con un encargado de despacho que mantiene en el “limbo” al organismo.

Recordó que la anterior presidenta de la Comisión de Derechos Humanos dentro de la Legislatura, Judith Rodríguez, reformó la ley para eliminar el obstáculo legal que le impedía postularse como aspirante al cargo al frente de la CDHEQROO y que la lista de concursante está integrada, en su mayoría, con gente que posee conflicto de interés por provenir del propio organismo.

Se agregó que hace un año, Judith Rodríguez dio por cumplida –indebida y anticipadamente– sin respetar el principio de satisfacción de las víctimas, la recomendación emitida por la CDHEQROO en noviembre de 2020, dirigida a la entonces presidenta municipal, “Mara” Lezama.

La recomendación fue emitida por el entonces ombudsperson, Marco Antonio Toh, derivado de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos de la policía, al usar armas de fuego para disuadir una protesta ciudadana contra los feminicidios, disparando en contra de la multitud, lo que dejó un saldo de heridos y víctimas de tortura sexual.

El contenido de la recomendación no se cumplió en su totalidad en el tiempo que marcó la Comisión, por lo cual fue enviada al Congreso, que decidió darla por cumplida aunque de forma extemporánea.

La comunicadora y la activista coincidieron en que Rodríguez debe ser citada a comparecer y rendir cuentas de su actuar, por viciar el procedimiento para la designación de ombudsperson, y por el caso de la recomendación del 9N. Alday Nieto expresó que dicha comparecencia es factible y que también sería analizado.

En el tema de la designación de la o el ombudsperson, el diputado Guillermo Brahms, quien preside la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso, fue entrevistado por separado e indicó que no se ha continuado el procedimiento pues están a la espera de la resolución de un amparo. Dicha demanda persigue que el procedimiento sea repuesto.

En ese sentido, manifestó que en esta semana espera que se tenga una resolución por parte del Juzgado, lo cual abre como escenario que se reponga el proceso o que continúe y se cite a pleno para someter a votación a una de las personas enlistadas en el dictamen aprobado en comisiones.

Revisión y reformas a Ley de Derechos Humanos

Por el Círculo Social Igualitario, Edgar Mora pidió que se revise y reforme la Ley de Derechos Humanos, pues aún contiene conceptos en desuso, estigmatizantes y discriminatorios.

Consideró que también es necesario trabajar en el tema de los alcances de las recomendaciones que emite la Comisión y que es urgente designar a la persona titular.

Ya que el encargado de despacho “ha hecho silencio” en torno a situaciones como el “Operativo mochila” en los Conaleps, acciones que consideró como violatorias a los derechos humanos.

También mencionó que preocupa la posición de algunas colectivas feministas que se han acercado al Congreso para exigir que se excluya a las personas trans cuando son víctimas de feminicidio, bajo la premisa de que –biológicamente– no son mujeres.

Al respecto, explicó que el tipo penal no puede regirse o limitarse por el sexo de la persona agraviada, sino por su género. Alday le respondió que sí se trabaja en una reforma a la Ley de Derechos Humanos.

Otros asuntos planteados fueron que el Parque del DIF en Cancún –recientemente rescatado– sea destinado para los fines que fue donado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), como espacio de convivencia para hijas e hijos de padres y madres que se encuentran en una confrontación legal.

Se habló de la designación de Landy Blanco Lizama, como nueva titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceaveqroo), sin que cubriese el perfil ni la experiencia requerida. Las organizaciones señalaron que ni siquiera ha habido interés de la funcionaria por propiciar un acercamiento o mínimo, presentarse.

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