Quintana Roo

Advierten posible inconstitucionalidad de aprobarse anexión de Tránsito a Instituto de Movilidad propuesto en Cancún

05 de octubre/ Cancún, Q. Roo.- El Observatorio Legislativo Ciudadano advirtió que el ayuntamiento de Benito Juárez podría caer en una inconstitucionalidad al incorporar las funciones de Tránsito al Instituto Municipal de Movilidad, Seguridad Vial y Tránsito, que busca crearse en Cancún.

El 1 de septiembre, en sesión de Cabildo, el regidor, Pablo Gutiérrez, propuso la creación de dicho instituto para atender uno de los graves problemas que aquejan al municipio: La movilidad y el transporte público.

La propuesta fue turnada a comisiones unidas –Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito, Gobierno Interior y Anticorrupción, Hacienda, Patrimonio y Cuenta, Espectáculos y Diversiones, Desarrollo Urbano y Movilidad– para ser estudiada y valorada por sus integrantes.

A decir del concejal, actualmente sindico, el objetivo de la iniciativa es proteger, regular y garantizar el ejercicio pleno del derecho al tránsito libre y seguro de la población, cumpliendo con el principio de accesibilidad universal.

Las “múltiples facultades” que tendrá este instituto -enlistó– serán “formular y ejecutar las bases para la política de movilidad, seguridad vial y Tránsito Municipal, priorizando el desplazamiento de las personas, grupos en situación de vulnerabilidad, así como bienes y mercancías y se encargará de la gestión de factores de riesgo que permitan reducir las muertes y lesiones graves ocasionadas por siniestros viales”.

La iniciativa fue bien recibida por el Observatorio Ciudadano, excepto porque se pretende transferir las funciones de Tránsito al Instituto, para que forme parte del organismo.

“Esta incorporación puede ser inconstitucional de acuerdo a lo establecido en la Constitución mexicana en su artículo 121 y en la propia Constitución del estado en su artículo 147, inciso G, en donde la función de la Policía de Tránsito está considerada dentro de las funciones de la seguridad pública y debidamente reglamentada.

“En el municipio sus miembros están integrados en los procesos de evaluación de controles de confianza y dentro de la autorización del uso del armamento policial, por lo que esta atribución dentro del Instituto es imposible”, se subrayó.

La organización señaló que además la creación del Instituto debe apegarse a lo estipulado en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, sin contar con que la ley estatal no se ha armonizado con ella.

A partir de esa homologación se deberán elaborar los convenios de coordinación necesarios para implementar las acciones del Instituto, por lo cual recomendaron esperar a la actuación del Congreso local en ese sentido, antes de crear el nuevo organismo municipal.

La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial establece en su artículo 1 que las entidades federativas y municipios “no podrán” sobre regular los instrumentos expedidos para la operación de servicios de auto transporte federal y sus servicios auxiliares, lo que incluye la cobertura en vías de jurisdicción estatal y municipal.

La organización también advirtió que en la propuesta para crear el Instituto municipal no se considera la conformación de un Observatorio Ciudadano de Movilidad y seguridad Vial, como lo establece la Ley General y se excluye a ciudadanos para conformar un Consejo Directivo.

Además, el Observatorio Legislativo mencionó que también se pretende que el Instituto asuma atribuciones y funciones del Instituto Municipal de Planeación (Implan) o de Desarrollo Urbano e incluso se contempla regular la transportación de particulares y de concesiones que no están dentro de su área de competencia como las de transporte federal y estatal.

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