Quintana Roo

Piden a próxima gobernadora de Quintana Roo reparar daño a víctimas del 9N en Cancún

«Mara» Lezama asumirá el cargo el próximo domingo

Le corresponderá atender el caso

23 de septiembre/ Cancún, Q. Roo.- A dos días de que “Mara” Lezama rinda protesta como gobernadora de Quintana Roo, el Comité de Víctimas del 9N, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y Amnistía Internacional-México, le solicitaron formalmente retomar de forma prioritaria las acciones de reparación integral del daño –actualmente suspendidas– provocadas por la represión armada registrada la noche del 9 de noviembre en Cancún, durante su mandato como alcaldesa.

En una pública el Comité y las organizaciones que les respaldan, le hacen saber que, a partir de julio pasado, de forma “inexplicable”, el actual gobierno, encabezado por el gobernador, Carlos Joaquón González, suspendió la comunicación y los mecanismos para concretar dicha reparación.

“Mientras se prepara para tomar posesión de su cargo el 25 de septiembre de 2022, le hacemos un llamado para dar prioridad a este asunto de forma inmediata que, cabe añadir, ocurrió durante su mandato como Alcaldesa del Municipio de Benito Juárez (Cancún).

“Ante usted se encuentra la oportunidad única de defender los derechos humanos y dar el ejemplo de cómo reparar integral y significativamente a quienes fueron agraviadas en el pasado (…) usted tiene la excepcional oportunidad de establecer un nuevo estándar sobre cómo las autoridades mexicanas deben actuar para proteger y garantizar los derechos de las mujeres que protestan y cómo deben responder cuándo estos derechos no son respetados”, le expresan.

En el escrito se enfatiza la confianza en que el diálogo con la otrora edil y próxima gobernadora, se restablezca de forma presencial, para trabajar conjuntamente en el tema.

La noche del 9 de noviembre de 2020, integrantes de la policía municipal de Cancún reprimieron una protesta feminista, abriendo fuego en contra de la multitud que protestaba al pie del Palacio municipal por el feminicidio de la joven Bianca Alejandrina “Alexis”.

Amnistía Internacional también documentó en el informe “La Era de las Mujeres: estigma y violencia contra mujeres que protestan”, la detención arbitraria de personas manifestantes, así como el uso de la tortura y la tortura sexual contra ellas, acciones que constituyen “una clara violación de sus derechos humanos”.

El 20 de noviembre de ese año la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo (CDHEQROO) confirmó, a través de la Recomendación CDHEQROO/20/2020/II dichas violaciones a los derechos humanos y que debía ofrecerse una reparación integral del daño.

Las autoridades facilitaron el acceso a algunas medidas de rehabilitación y satisfacción, como atención psicosocial y la develación de una placa conmemorativa. Además, el ayuntamiento pagó un adelanto de 100 mil pesos por cada una de las 10 víctimas que reclamaron la reparación del daño.

Las medidas emprendidas por las autoridades fueron consideradas como “insuficientes para garantizar una reparación integral y adecuada del daño infligido”, además de que no se cumplió con el principio de satisfacción de las personas afectadas.

Las personas afectadas se agruparon en el “Comité de Víctimas el 9N” para exigir sus derechos mediante acciones mensuales.

En este contexto, Amnistía Internacional inició una campaña mundial para garantizar el acceso a la justicia y a la reparación integral de las personas que sufrieron la represión policial de Cancún.

Más de 340 mil personas de todo el mundo firmaron una petición en la que se pedía al titular de la Fiscalía de Quintana Roo (FGE) que garantizara la justicia para Wendy Galarza, una de las víctimas y supervivientes.

Mientras tanto, a nivel local, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos asumió la representación legal del caso y se amparó en contra de los dicitamenes de reparación de daño expedidos por la Comición Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado (Ceaveqroo)

“El actual gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, se había comprometido a facilitar el acceso a las medidas de reparación integral del daño durante las reuniones de trabajo a lo largo de 2022.

“Sin embargo, inexplicablemente, en julio de 2022, dio marcha atrás a este compromiso. Esto ha dejado a las víctimas y sobrevivientes en un estado de revictimización y vulneración. Casi dos años después de los hechos, el Estado no ha cumplido en garantizar, respetar y proteger sus derechos”, se indica en la carta enviada a Lezama Espinosa.

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