Quintana Roo

Por juicio laboral desalojan hotel Club Las Velas Resort en Cancún y adjudican propiedad a 16 ex empleados

20 de septiembre/ Cancún, Q. Roo.- Después de un juicio laboral que se prolongó durante 20 años, el hotel Club Las Velas Resort Cancún, localizado en la zona turística, fue desalojado hoy con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, por orden de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje (JECA) número 1, que adjudicó la propiedad a 16 trabajadores que demandaron a Organizadora Turística Internacional (OTISA)

El hotel de 284 habitaciones fue construido en un terreno de 2.6 hectáreas, adquirido al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) por el arquitecto Tomás Auñón, en 1984; colinda con el Sistema Lagunar Nichupté y se ubica en el kilómetro 3.3 y 3.5 del bulevar Kukulcán, en la zona turística de la ciudad.

El huracán Gilberto en 1988 retrasó su inauguración un año y fue el primero en operar bajo el concepto de Todo Incluido en México, con ocupaciones constantes del 100 por ciento, pero en 2002 se vio obligado a cerrar sus puertas luego de la crisis generada por los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York, del 11 de septiembre de 2001.

A partir del cierre, iniciaron los primeros juicios laborales demandando a OTISA y a Auñón, el pago a los trabajadores, que nunca llegó y que motivó una pelea legal de ambas partes durante 20 años, hasta que el 17 de enero de 2020 la JECA remató el inmueble y adjudicó la propiedad a las y los 16 empleados demandantes, que además quedó inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPyC) desde esa fecha.

Este martes a las 9.30 horas inició el desalojo correspondiente, en presencia de un actuario, un notario y abogados de los demandantes.

Auñón y su familia –Lucinda Solano, su esposa y Juliana, su hija– quienes se encontraban al interior de la propiedad, tuvieron que abandonar el lugar, con todo y mascotas, denunciando irregularidades y abusos por parte de las autoridades, no solo durante la diligencia, sino en torno a todo el proceso.

Juliana Auñón relató que la policía pasó por alto su petición de esperar a que se vistiera para atender la diligencia, ya que se encontraba aún en ropa interior.

“Me dijeron que si no abría la puerta iban a tirar la puerta y a meterse a la fuerza. Les dije que no entraran a los hombres porque estaba yo sola en mi casa y en ropa interior.

“Entraron dos policías mujeres y un tipo que no sé quién es, que se metió y me estuvo grabando todo el tiempo que yo estuve tratando de recoger mis cosas, a medio vestir. Traía los shorts y lo que traigo de ropa interior y una camiseta”, narró.

A Lucinda Solano la sacaron de su habitación y, en su ausencia, abrieron la caja fuerte en donde guardaba joyas y objetos de valor.

Aarón Eduardo Martín Medina, abogado de Tomás Auñón, indicó que, por orden del actuario, le impidieron entrar a la propiedad para asesorar a su cliente, dejándolo en estado de indefensión.

Auñón señaló que otra anomalía es el haber adjudicado una propiedad parcialmente asegurada por autoridades estatales y federales, por un tema de la titularidad de la concesión de la zona federal marítimo terrestre.

“No puedes entregar la propiedad a medias, ni con un aseguramiento parcial”, dijo, con referencia a la diligencia realizada en octubre y noviembre del año pasado.

El empresario mencionó también la probable violación de un fideicomiso, cuyo fiduciario es The Bank of New York Mellon y la inscripción del inmueble en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, a favor de los 16 trabajadores.

“Esto es una tranza que hizo la Secretaría del Trabajo (del estado) Esta propiedad está en un fideicomiso. Los fideicomisos son los propietarios y ese fideicomiso está a nombre de Mellon Bank, que se lo vendió o cedió a Cibanco”, expuso.

Durante el desalojo Auñón se comunicó vía telefónica con el diputado local por el Partido del Trabajo (PT), Hugo Alday, para comunicarle lo que estaba pasando.

“Mira, en este momento estoy en la puerta, me sacaron prácticamente en calzones de la casa. Hay un señor aquí que dice ser abogado de la parte demandante, que dice que no sabe nada del Fideicomiso, que es una falacia, por lo visto no ha ido al Registro Público.

“Entonces estoy siendo depositado con muletas, perros y casi casi en calzones, en la calle. Mi pregunta es ¿se puede hacer esto? Aquí hay policía estatal. La policía municipal dice que están cumpliendo órdenes y el actuario dice que él recibe órdenes de arriba y hay una cantidad de gente impresionante aquí. ¿Esto es legal?, dime, tú eres abogado. Aquí has de cuenta que están invadiendo Ucrania. Aquí todo mundo se hace pendejo”, le expresó a Alday.

Citando la presunta respuesta del legislador, Auñón dijo que éste le explicó que hubo un ‘madruguete’ en el Registro Público para inscribir la propiedad a favor de los 16 trabajadores, por lo cual él ya no es el dueño, pero que el acto será revertido.

“En 8 días esta gente ya no está. Esto es un fideicomiso el que va a tener que entrar a los golpes es el banco. Esta es una tranza que lleva años”, sostuvo el empresario, quien desde hace un año denunció que detrás del juicio laboral existe la presunta intención de despojarle de la propiedad, valuada en 900 millones de pesos, para luego venderla a alguna cadena hotelera, para remodelarla y volverla a operar.

“¿Saben en cuánto lo querían vender? En 60 millones, para venderlo rápido. Lo subieron a 100 millones. Todo es una tranza. Existe un amparo en el Juzgado Cuarto de Distrito, en contra de esto, pero los amparos federales son más tardados”, argumentó.

Dicho amparo se promovió ante el Juzgado Cuarto de Distrito, en contra de la Junta de Conciliación, por la adjudicación de la propiedad a nombre de los 16 ex empleados, en 2020, pero no se solicitó suspensión para frenar los efectos del acto.

Actuación de la JECA, acto de “justicia social”

Presente en la diligencia, Félix Torres Alcocer, abogado de cuatro de los 16 ex trabajadores demandantes –ahora propietarios del hotel– aseguró que todo el procedimiento se ha desarrollado conforme a Derecho y felicitó a las autoridades estatales por su conducción en un caso que, calificó, como de “justicia social”.

“Mi agradecimiento a las autoridades, porque por 20 años han trabajado con una honestidad fabulosa”, reiteró.

El litigante explicó que la diligencia de hoy da cumplimiento a la adjudicación de la propiedad –con valor de 99 millones 347 mil 220 pesos– a favor de 16 ex trabajadores que demandaron a OTISA y a Las Velas Resorts, desde 2002, 2004, 2008, 2009 y 2016, por adeudos de salarios y prestaciones.

La JECA, en enero de 2020, falló a favor de los trabajadores durante una audiencia de remate en Cuarta Almoneda, adjudicándoles la propiedad, ya embargada a OTISA desde el siete de agosto de 2013.

Torres Alcocer aclaró que Auñón Alonso dejó de ser representante de OTISA y propietario del Club Las Velas desde el 17 de enero de 2020 y lo responsabilizó de dilatar el juicio durante 20 años a través de amparos y recursos de revisión para evitar ser desalojado de la propiedad.

“Ellos argumentaron inexistencia de los despidos, en algunos casos, inexistencia de la relación de trabajo; argumentaron que sí se pagaron los salarios; en algunos casos se les fue en rebeldía el juicio, porque no contrataron abogados y comparecieron posteriormente a las audiencias de ley.

“El señor Auñón era administrador único de la empresa, tuvo conocimiento, todo el tiempo, de los juicios. Es uno de los demandados. Estos juicios tuvieron como consecuencia, una vez dictado el laudo, que se le requiere el pago a la empresa por cada monto, pero al no hacer el pago, los trabajadores tienen derecho de embargar propiedades de la compañía. En este caso fue el hotel, en la Manzana 30, Lote D-9-2, que le pertenecía a OTISA”, expuso.

El embargo incluyó los derechos como fideicomitente y fideicomisarios, en un fideicomiso ya mencionado; se fijaron fechas de remate, se hicieron avalúos, se citó a los posibles acreedores, incluidos los demandados, pero estos se ausentaron.

“El señor Auñón, en lugar de tratar de solucionar esto, lo que hizo fue retrasar los procesos. Estamos hablando de más de 20 años, tiempo en el que los trabajadores despedidos tuvieron problemas diferentes, para mantener a sus familias o para emplearse de nuevo, porque fueron boletinados por el señor y no encontraban trabajo en ningún lado.

“Tenemos tres trabajadores que fallecieron esperando sus pagos y continuaron sus juicios, sus herederos”, reiteró. 

Luego del remate de enero de 2020 se requirió a Auñón la firma de escrituras a favor de los trabajadores. Ante su negativa, el abogado afirmó que el presidente de la Junta de Conciliación, Gabriel Tadeo Ake, firmó en su lugar; le requirió nuevamente la entrega del inmueble, pero no aceptó y por eso es que se suscitó el desalojo.

Por el contrario, Auñón señaló que sus firmas fueron falsificadas y, aunque se presentó como accionista mayoritario de OTISA, se retractó al comentarle que ese poder le fue revocado.

“Sí, pero eso no tiene nada que ver porque esto lo estamos manejando a través de Club Las Velas Resorts, que es la operadora que tiene los contratos de operación con OTISA. El desalojo es contra OTISA y no tiene nada que ver con Club Las Velas, ni conmigo, porque todo es chueco”, insistió.

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