Quintana Roo

Juez federal obliga al gobierno de Tulum a transparentar recursos emanados del Derecho de Saneamiento Ambiental


01 de septiembre/ Cancún, Q. Roo.- El Juez Séptimo de Distrito, con residencia en Cancún, concedió un amparo a las Asociaciones de Hoteles de Tulum y Riviera Maya, que obliga al ayuntamiento de Tulum a transparentar los montos de lo recaudado por el cobro del Derecho de Saneamiento Ambiental y a informar sobre el destino de esos recursos públicos.

La demanda fue promovida por ambos organismos ante la violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8 de la Constitución Mexicana, que establece que toda autoridad debe dar respuesta en un plazo máximo de 20 días a las solicitudes de información o reclamos que la ciudadanía mexicana presente por escrito.

El cuatro de mayo y el tres de junio de este año, ambas asociaciones de hoteles enviaron un escrito al alcalde, Marciano Dzul, solicitándole dar a conocer los motivos por los cuales se negaba a instalar un fideicomiso para transparentar el manejo de lo recaudado por concepto de Derecho de Saneamiento Ambiental, así como las acciones realizadas en torno a la recolección y disposición final del sargazo.

Previamente el edil había manifestado su molestia ante la exigencia de endición de cuentas y de la constitución del Fideicomiso al cual deberían ingresarse los recursos, fruto del cobro del Derecho de Saneamiento a los turistas por parte de los hoteles.

Conforme a lo aprobado, el dinero pagado por las y los huéspedes debía ser enterado por los hoteleros al ayuntamiento e ingresarse, no en las arcas municipales, sino en un Fideicomiso para su administración en temas ambientales e infraestructura pública.

Dzul Caamal se ha negado a instalar ese instrumento y dejó sin contestación los escritos que le fueron enviados, violentando el derecho de petición.

Ante ello, la Asociación de Hoteles de Tulum, presidida por David Ortiz Mena, y la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, encabezada por Tony Chávez Palomo, interpusieron un amparo con número de expediente 638/2022, ante el Juez Séptimo de Distrito de Quintana Roo, el pasado 21 de junio.

En la audiencia celebrada para resolver el asunto, el juez federal Darío Villa Amaiz constató que ambos escritos quedaron sin contestación, hecho que el representante del presidente municipal aceptó.

El juez determinó que el alcalde violó los derechos constitucionales de los quejosos, al incurrir en omisión, por lo que amparó a ambos organismos.

De acuerdo con la sentencia, Dzul Caamal está obligado a dar contestación a los escritos presentados, informando por qué se ha negado a constituir el fideicomiso; debe expedir una fotocopia certificada de los acuerdos aprobados por el Cabildo en torno al Derecho de Saneamiento Ambiental, desde el 2021.

El edil tendrá que hacer público el monto del Derecho de Saneamiento Ambiental recaudado por el ayuntamiento, desde que entró en vigor a la fecha, así como la relación de los hoteles o centros de hospedaje y el número de las habitaciones ocupadas por noche que sirven de base para dicho cobro.

También quedó obligado a esclarecer si el Derecho de Saneamiento Ambiental se deposita en una cuenta general del ayuntamiento o si es exclusiva para ese Derecho.

Dzul Caamal debe precisar los montos y conceptos en los que se ha erogado el recurso y especificar los criterios adoptados para decidir en qué se gastó, así como las personas que ordenaron su erogación.

Además debe detallar las acciones emprendidas para reducir el impacto del sargazo en el año 2022; cómo se ha coordinado con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para los trabajos de remoción y extracción de la macroalga; expedir un Manual de Operación para su recolección y manejo y si no lo posee, aclarar la razón.

La comuna tiene que precisar quiénes conforman el Grupo Intermunicipal de Tulum, para atender los arribos masivos de sargazo y, en caso de contar con ello, le informar los motivos; expedir un documento que establezca las zonas costeras y terrestres para el acceso y operación adecuada del equipo de extracción de la macroalga en Tulum, así como los respectivos mapas con la ubicación de dichos accesos.

Transparentar los puntos de desembarco y de acopio cercanos a la playa para la descarga del sargazo recolectado, tanto en el mar, como en la playa, así como la ubicación de su disposición final y si es previamente deshidratado.

Cuantificar e informar el número de vehículos municipales que prestan el servicio de recolección y traslado de sargazo y el número de viajes que realiza cada uno; expidir los informes mensuales de macroalgas recolectadas tratadas, su uso y su destino final.

También entregar fotocopias de los acuerdos que formen parte de las deliberaciones de las sesiones de Cabildo, respecto al Derecho de Saneamiento Ambiental y notificar al juzgado cuando dé cumplimiento a cada punto, pues de lo contrario Dzul Caamal incurriría en desacato.

Ortiz Mena y Chávez Palomo señalaron que en el pasado 21 de marzo, durante la Décima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, se aprobó la creación de un comité ciudadano para dar seguimiento a la aplicación de los recursos públicos generados por el cobro del Derecho de Saneamiento Ambiental.

Sin embargo, se excluyó a los organismos hoteleros en la conformación del grupo de trabajo, por lo cual se desconoce hasta el momento si está en funciones, cómo opera, quiénes lo conforman y cómo se integró.

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