Quintana Roo

Se asumen víctimas de violencia vicaria en Quintana Roo, ex presidentes de Barra de Abogados y Coparmex

-Ambos fueron denunciados por violencia familiar por sus ex esposas

-Acusan a abogada de mediatizar juicios y emprender campaña de desprestigio

30 de agosto/ Cancún, Q. Roo.- Unidos, los ahora expresidentes de la Barra de Abogados y de Coparmex en Quintana Roo, Héctor Sarti y Sergio León, acusaron hoy a la defensora de derechos humanos y abogada Araceli Andrade de emprender una presunta campaña de desprestigio en su agravio, a través de la prensa y de colectivas feministas.

La presunta finalidad, extorsionarles y presionar a jueces y autoridades para que fallen a favor de los juicios que la litigante lleva en contra de ambos, aseguraron.

El abogado y el empresario –denunciados por violencia familiar, económica, psicológica y emocional por sus respectivas ex esposas– afirmaron que Andrade Tolama utiliza este tipo de casos para ganar reflectores y buscar cargos públicos, en la Fiscalía General del estado (FGE) o ahora en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), mencionó Sarti Pérez.

Ambos, acusados por sus ex esposas de aprovechar sus influencias políticas y su poder económico para violentarlas en algún momento del enlace matrimonial o una vez divorciados, quitándoles a sus hijas e hijos y dejándoles en la calle, pidieron “piso parejo” e “igualdad” de condiciones para acceder a la justicia y se asumieron víctimas de “violencia vicaria”, conforme a la controvertida versión quintanarroense que aprobó el Congreso del estado, la semana pasada.

De acuerdo con su versión de los hechos, sus ahora ex esposas les piden, como parte de los juicios que les enfrentan, sumas estratosféricas, como pensiones que rondan los 200 mil pesos mensuales, camionetas, casa, un porcentaje de sus propiedades y una suerte de pensión vitalicia por 50 mil pesos, poniendo en medio a sus hijas e hijos.

Explicaron que las pretensiones son similares porque el común denominador en ambos casos es la asesoría de la abogada Andrade Tolama, a quien reprocharon valerse de feministas e incluso de periodistas que, en su momento, defendió en contra del entonces gobernador del estado, Roberto Borge y del otrora alcalde de Cancún, Gregorio Sánchez, para ejercer presión mediática hacia jueces y autoridades.

En conferencia de prensa conjunta y acompañados por su cuerpo de abogados, se quejaron de que sus casos, sus nombres y el de sus hijas e hijos se han ventilado en medios de comunicación y que incluso, en el caso de Sarti Pérez, el asunto fue llevado a la “Mañanera” del presidente, Andrés Manuel López Obrador, el 8 de noviembre de 2021, causando afectaciones emocionales y a su imagen.

El caso Sarti-Calderon

El ex presidente de la Barra de Abogados del estado se dijo víctima de violencia institucional, probable abuso de autoridad y aprovechamiento ilícito del poder por posibles actos de corrupción, por parte de la juez de instrucción Lilia Isabel Nadal Álvarez, adscrita al Juzgado Segundo Oral de lo Familiar en los expedientes 353/ 2021 y 365/ 2022, a quien acusó de ceder a las presiones de la abogada Andrade.

Esto se ha traducido –expuso– en que, pese a que puede convivir con sus hijos, estas reuniones son asistidas y supervisadas, cuando él quiere que sean “libres, sin supervisión y sin asistencia de Cecofam”

A su juicio, la vigilancia de la convivencia es injustificada, debido a que los peritajes psicológicos han arrojado que no es un violentador y que los menores de edad, no corren riesgos a su lado.

Mencionó que la jueza fijó una pensión provisional 10 veces más elevada que la que se impuso a su ex esposa cuando los niños estuvieron bajo el cuidado de él y pese a que demostró su supuesta imposibilidad de pago.

Para el abogado, medió un “desequilibrio procesal” que atribuyó a intereses obscuros o posibles actos de corrupción.

Ante ello, llamó al presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Heyden Cebada Rivas, a revisar la actuación de la jueza.

Sarti Perez, vinculado a proceso por la jueza de Control, Georgina María Mendez Vázquez, por su probable responsabilidad en la comisión de Violencia familiar, cometido en agravio de su ex esposa –Brenda Aguirre– añadió que la FGE mantiene “congelada” la denuncia que, por ese mismo delito, presentó en contra de su ex pareja.

Su lectura es que la presión de Andrade Tolama ha surtido efecto en el fiscal, Óscar Montes de Oca, quien ha ignorado sus escritos de queja, ya que la abogada “recibe trato VIP”.

Además llamó al Colegio y Barra de Abogados a “cerrarle las puertas” a la litigante y a quienes lleven los casos ante los medios.

El caso Cervantes-Castro

El ex presidente de la Coparmex y actual representante de “Empresarios por Quintana Roo”, señaló que la abogada no ha presentado pruebas que acrediten sus dichos y las que ha exhibido, son falsas.

Reiteró que Andrade Tolama tiene una “red” de feministas –como el Colectivo Xtabay, dijo– y periodistas, para publicar y formular acusaciones públicas. También sumó a ese grupo afín, a personajes del ámbito empresarial, como Elibenia Pineda, presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias en la entidad (CCME), y ex directora de Coparmex.

El empresario también acusó que la cónsul de Colombia en Quintana Roo, María Fernanda Grueso Lugo, intervino indebidamente para firmar pasaportes que permitieran a su ex esposa, Catalina Castro, sacar a sus hija e hijo del país, sin su consentimiento, lo cual pudo frenar. Él mantiene la custodia provisional de los menores.

Subrayó que la cónsul pudo haber incurrido en un delito de carácter internacional al prestarse y actuar en presunta complicidad con Castro Meneses, a quien acusó de planear el divorcio desde 2019 con otros abogados buscando sacar la mayor ventaja económica posible.

En ese tenor, dijo que asesorada por abogados, entre ellos, Araceli Andrade, su ex esposa se prestó a un “circo mediático” para desprestigiarlo, sin aportar pruebas para sustentar las imputaciones hechas.

Por ello propuso a la abogada y a las colectiva, hacer un foro público para exponer las evidencias del caso, las pruebas y los testimonios, a fin de que se determine a quién le asiste la razón.

El empresario habló de fotos supuestamente truqueadas para inculparlo, de material sensible al que tuvo acceso que probaría que su ex pareja no es apta para tener la custodia de sus hija e hijo y criticó el tren de vida que actualmente lleva Castro Meneses, pues consideró que no corresponde al de una persona que lleva ocho meses sin sueldo y que lo acusa violencia económica.

A ella le pidió que no se deje utilizar políticamente. “Catalina, eres un peón en este juego” –expresó– “esto se convirtió en un tema político” y remarcó que, en el conflicto, han perdido ambos, junto con sus hija e hijo.

Sarti Pérez y León Cervantes fueron cuestionados sobre la necesidad de hacer públicos casos, ante hombres de poder, con dinero e influencias que podrían obstaculizar la acción de la justicia incidiendo en jueces y autoridades, aprovechando la corrupción institucional y las brechas de desigualdad de género que padecen las mujeres, sobre todo si tienen una dependencia económica de sus esposos, si son víctimas de violencia y tienen miedo, desde que les quiten a sus hijas e hijos, a ser más violentadas o a que las dejen en la ruina.

Ambos se deslindaron de ese proceder y consideraron que, en sus casos, los juicios se han mediatizado a falta de pericia legal, con fines adicionales vinculados con el deseo de obtener reflectores y escalar posiciones.

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