Durante su paso por la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna tuvo ingresos presuntamente ilícitos por al menos $27.3 millones, adicionales a los $23.4 millones que percibió como servidor público en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, de acuerdo con lo documentado por la Fiscalía General de la República (FGR).
Acorde al expediente sobre García Luna, preso desde 2019 en EE. UU., donde enfrenta acusaciones de narcotráfico, entre 2000 y 2012 recibió depósitos bancarios de personas no identificadas por $15 millones y participó en la compra-venta de al menos cinco inmuebles por $9.7 millones. Además, realizó pagos no identificados por $2.3 millones a tarjetas de crédito y adquirió un vehículo de más de $617 mil.
Según la imputación de la FGR, basada en las declaraciones patrimoniales registradas ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), en esos años no tuvo un ingreso legal distinto al que percibía como servidor público.
García Luna cuenta con tres órdenes de aprehensión en México, una por enriquecimiento ilícito y las otras están relacionadas con el caso “Rápido y Furioso” y las concesiones con sobreprecio de los penales federales a empresas inmobiliarias.
Las operaciones inmobiliarias imputadas al exmando policial corresponden a cinco bienes que adquirió de 2000 a 2012 en la CdMx y Morelos. La imputación no cuestiona el valor total de esos inmuebles, que ascendió a $15.2 millones, sino a $9.7 millones de origen desconocido.
Investigan legalidad de contratos
La Fiscalía General de la República investiga la legalidad o no del contrato que firmó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con dos despachos estadounidenses que presentaron a nombre del Gobierno de México una demanda por la vía civil contra Genaro García Luna por 250 millones de dólares.
La FGR cuestiona si la UIF contaba con la atribución para contratar los servicios legales en el extranjero o si lo debió hacer la Secretaría de Hacienda, a través de la Cancillería. La demanda incluye a otras 7 personas físicas y 39 morales y se tramita en una Corte en Florida.
