EspecialesOpiniones

Ayotzinapa, otra vez

Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación

El pasado 18 de agosto, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, presentó el Informe de la Presidencia de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, cuya principal conclusión es que se trató de un crimen de Estado, mismo veredicto que sorprendentemente la oposición de izquierda emitió pocas semanas después de la desaparición de los 43 normalistas.

Puesto que las investigaciones del equipo de la 4T partieron de la convicción de que […] la única verdad sobre la desaparición de los normalistas era que no existía verdad alguna […] (p. 1) sobre ese lamentable hecho ocurrido en la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión de […] demoler los obstáculos, romper las inercias y complicidades que desde el Estado mexicano se erigieron para esconder la verdad sobre la desaparición de los normalistas […], a fin de […] conocer la verdad de lo sucedido y el paradero de los estudiantes, y encontrar y procesar a los responsables […] (p. 1)

Sin embargo, el nuevo equipo de investigación de la 4T no inició de cero, sino que aprovechó los avances de investigación que en su momento llevaron a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía del Estado de Guerrero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, los testimonios, los análisis de comunicaciones y análisis de mensaje de personas clave, así como parte de la denominada verdad histórica.

La pregunta obligada entonces es: ¿realmente el informe de Encinas cumple el compromiso presidencial de conocer sin lugar a duda la verdad de lo ocurrido? Después de una lectura atenta de su contenido me temo que aún persisten lagunas, lo cual considero normal, si tomamos en cuenta que no es un informe definitivo sino preliminar, es decir, que las investigaciones continúan. Pero existe un inconveniente difícil de superar para conocer al detalle lo que realmente aconteció: en los últimos ocho años, 26 personas relacionadas con los hechos han sido asesinadas, han muerto de Covid o en accidentes.

Entonces, como en política no existen casualidades, surge inevitablemente otra pregunta: ¿por qué ese informe se presentó precisamente ahora y con qué propósitos? Como el subsecretario no lo precisó, esa omisión ha desatado todo tipo de especulaciones. Citaré solo dos: al igual que le sucedió al gobierno de Enrique Peña Nieto, al de AMLO también le urgía cerrar simbólicamente este escalofriante caso (ya no tiene sentido repetir la consigna de Vivos se los llevaron, Vivos los queremos, puesto que ya están muertos) para evitar la presión social ejercida por los padres y madres de las víctimas y organizaciones civiles que no han quitado el dedo del renglón; dos: montar un espectáculo mediático para contar con los imprescindibles presos políticos, sobre todo ahora que comienza el declive del sexenio, ya que la cruzada contra el combate a la corrupción ha sido todo un fiasco.

Entonces, ¿aporta algo sustantivo y novedoso el informe de Encinas? Definitivamente sí, porque descarta algunas hipótesis erróneas o claramente falsas, confirma otras ya conocidas, abre nuevas líneas de investigación, pero, y aquí está el meollo de la cuestión, oficializa la intervención del Ejército en la masacre, que la versión histórica omitió interesadamente. En México, como en otras partes del mundo, las fuerzas de seguridad y quienes las dirigen gozan en los hechos de un estatus especial, pues escapan a las leyes de transparencia y rendición de cuentas.

Así, el hecho de que por primera vez se revele y admita que había al menos un soldado infiltrado en la normal Raúl Isidro Burgos (por los viejos vínculos de esta institución con la guerrilla y porque su alumnado acostumbra tácticas de presión social que incomodan a autoridades y ciudadanos) y también de que se hayan girado unas dos decenas de órdenes de aprehensión contra otros soldados y mandos, constituye un verdadero hito, que se debe reconocer a López Obrador. Ahora falta ver si los militares involucrados se entregan, se les arresta y se les sigue proceso.

Varias páginas de la última parte del informe de Encinas están testadas (es decir, ocultan los datos), puesto que se trata de una investigación en proceso, en tanto que hay párrafos que inician con un “Se presume”, “Se desconoce”, “Es factible” o un “altamente posible”, que confirman que aún queda mucho por investigar, aclarar y precisar.

En marcado contraste con el cuidado que el gobierno federal mostró para testar parte del informe, en el apartado titulado Obstáculos de la investigación/ Los jueces (pp. 17-19) se revelan los nombres de siete jueces y una magistrada cuyas decisiones, a juicio del Poder Ejecutivo, no han contribuido ni contribuyen en la investigación. En realidad, se trata de un evidente reclamo al Poder Judicial de la Federación por sus intrincados procedimientos que impiden una justicia expedita. Gracias a la prisión preventiva oficiosa, que vulnera los derechos humanos, según varios tratados internacionales firmados por nuestro país, pero que los jueves conceden al contentillo a petición de las fiscalías, actualmente hay en prisión más de 90 mil personas, en su mayoría de escasos recursos, sujetas a proceso desde hace varios años, pero sin que se les haya probado el delito o los delitos de los que se les acusa y, desde luego, sin recibir sentencia.

El informe de Encinas prácticamente ratifica parte de la verdad histórica, en el sentido de que los estudiantes de Ayotzinapa fueron víctimas de agentes municipales que operaron en contubernio con un grupo de la delincuencia organizada (Guerreros Unidos), quienes los confundieron con integrantes de un grupo rival (Los Rojos), con el que disputaban el control de la plaza. El documento alude a un misterioso camión, que presuntamente llevaba un importante cargamento de droga, vehículo que no fue detenido en ninguno de los 16 retenes que esa noche, tanto la policía como los sicarios de Guerreros Unidos, habían montado para impedir la entrada o salida de Iguala de todo tipo de vehículos.

Entre otros documentos, el informe de Encinas cita los videos que confirman las torturas que sufrieron algunos de los detenidos, presuntamente vinculados con grupos criminales, e insiste en otorgar el criterio de oportunidad a Tomás Zerón de Lucio, exiliado en Israel, quien sí estuvo presente en las denominadas eufemísticamente sesiones de interrogatorio de algunos detenidos.Evidentemente el fin de este criterio de oportunidad no es que Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, admita su responsabilidad en la tortura, lo cual consta en videos, sino que denuncie a los demás involucrados, principalmente a quien era su superior.

No sé si la Fiscalía General de la República podrá comprobar de manera contundente los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia que le imputa a Jesús Murillo Karam, ex titular de la Procuraduría General de la República, ahora en prisión, dado que sus investigaciones que involucran a altos funcionarios de sexenios pasados han dejado mucho que desear.

Considero que hubiera sido más provechoso para los mexicanos que a Murillo Karam se le procesara y sentenciara por omisión o negligencia, pues se sentaría un precedente, ya que, hasta donde sabemos, en México casi nunca se ha castigado a ex funcionarios por estos delitos, con todo y que desde hace décadas tenemos enfrente una estela dolorosa e injustificable de asesinatos, desapariciones, secuestros, desplazados, robos, destrucción de propiedad privada, extorsiones … que continúan hasta la fecha y que confirman la inoperancia de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Lo mejor es que este precedente obligaría a los servidores públicos en funciones a ser más responsables y eficientes puesto que de lo contrario podrían ser acusados de lo mismo. ¿Alcanzaremos a verlo? 

Referencias

https://www.gob.mx/segob/prensa/version-estenografica-informe-de-la-presidencia-de-la-comision-para-la-verdad-y-acceso-a-la-justicia-del-caso-ayotzinapa-311825

http://www.comisionayotzinapa.segob.gob.mx/work/models/Comision_para_la_Verdad/Documentos/pdf/Informe_de_la_Presidencia_PARA_WEB.pdf

Deja un comentario

Botón volver arriba
error: Este contenido está protegido. Gracias.