Quintana Roo

Aprueban “Ley Ingrid” en Quintana Roo

23 de agosto/ Cancún, Q. Roo.- La “Ley Ingrid”, como se conoce a las modificaciones al Código Penal para castigar a quien por cualquier medio, por sí o por interpósita persona, revele, publique, transmita, exponga, distribuya, comercialice o comparta imágenes o videos de las lesiones o estado de salud y cuerpo de una víctima, fue aprobada hoy por el Congreso de Quintana Roo.

La minuta de decreto proponía adicionar la fracción VII y un último párrafo al artículo 238 ya existente en el Código Penal, contenido en el Titulo Sexto, sobre Delitos contra la Administración Pública, en el capítulo I, sobre el Ejercicio ilícito del servicio público.

El artículo 238 ya establece que comete el delito de ejercicio ilícito del servicio público, el servidor que incurra en lo establecido en seis distintas fracciones, que ahora incluyen una séptima, a partir de la reforma aprobada hoy.

Con la adición de la séptima fracción se establece ahora que también comete el delito de ejercicio ilícito del servicio público, “a quien por cualquier medio, por sí o por interpósita persona, revele, publique, transmita, exponga, distribuya, comercialice o comparta imágenes o videos de las lesiones o estado de salud y cuerpo de una víctima”.

Así, al servidor público que incurra en ese supuesto se le impondrá prisión de dos a ocho años de prisión y de 500 a mil días de multa, así como la destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.

“Si se trata de imágenes o videos de las lesiones o estado de salud y cuerpo de la víctima, tratándose de mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual, adultos mayores, indígenas y personas afromexicanas, las penas previstas en esta fracción se incrementarán hasta en una mitad.

“Para efectos de la fracción VII no se considerarán constitutivas de delito las acciones realizadas por las autoridades encargadas de la procuración de justicia en el desempeño de sus facultades, obligaciones y competencias establecidas en la ley”, se lee en el dictamen aprobado hoy con 17 votos a favor.

El origen

La iniciativa correspondiente fue presentada el 14 de diciembre del 2020, por los y las diputadas Edgar Gasca, Euterpe Gutiérrez, Erika Castillo, Linda Cobos, Paula Pech, Atenea Gómez, Iris Mora, Cristina Gómez, Tyara Shelescke, Judith Rodríguez y Ana Pamplona, con el objeto de incorporar un artículo 204 TER en la sección 4ª de delitos contra el estado, en Delitos contra la seguridad interior, sobre el uso indebido de información sobre actividades de seguridad pública y procuración de justicia.

La propuesta fue rechazada por colectivos locales organizaciones nacionales en materia de protección a los derechos de periodistas, al considerarla criminalizante del ejercicio periodístico, al atentar contra el derecho a informar y al ser confusa sobre el bien tutelado.

El tema quedó prácticamente congelado durante más de un año. Pero a iniciativa del diputado Gasca, se retomó en formato de parlamento abierto, se realizó una sesión de Comisiones el pasado 19 de abril para continuar con su estudio y análisis, y se convocó a personal de la Fiscalía General y a periodistas del norte y sur del estado para participar con sus observaciones.

El área jurídica del Congreso reformuló el planteamiento original y en lugar de hablar de añadir un artículo 204 TER, propuso incorporar un artículo 194 quinquies al Titulo 4º sobre Delitos contra el Libre Desarrollo de la Personalidad, Capítulo IV sobre la Violación a la intimidad personal o familiar.

Aunque de forma distinta, el texto padecía de las mismas fallas, pues el tipo penal era muy abierto y pasaba por alto lo recientemente aprobado por la Cámara de Diputados a nivel federal sobre la Ley Ingrid, que en su artículo 225 precisaba que el castigo debía aplicarse “al funcionario público” que incurriese en los actos o conductas que se deseaba sancionar.

Esa particularidad no es menor, ya que como se expuso en el foro, las imágenes publicadas por medios de comunicación que revictimizan, salen de funcionarios públicos que las filtran o venden a periodistas, lo cual ya es de por sí una falta.

El tipo penal propuesto por la Dirección Jurídica, en aquella sesión de abril, estaba tan abierto, que incluso la FGE lo objetó. Diputados como Carlos Hernández señalaron que la propuesta era una suerte de “ley mordaza” para la prensa.

Su par, Kira Iris, se quejó de que no estaba claro y Cristina Torres sugirió reajustarlo para que además de proteger el derecho a la intimidad, la dignidad y los derechos humanos de las víctimas, no se coartara la libertad de informar.

Luego de ello, en julio pasado se efectuó otra sesión en la que se invitó a organizaciones civiles, en donde se hicieron varias observaciones.

Los tropiezos

Fue hasta ayer, cuando se dijo que sería sometido a votación del pleno este martes. La noticia sorprendió, porque el Congreso no había hecho público que el pasado 18 de agosto, en sesión de Comisiones, se aprobó un dictamen con nuevos cambios a la iniciativa original, los cuales dejaban de lado la inclusión del 240 TER o del 94 quinquies, para dar paso a reformas, pero al artículo 238.

La confusión aumentó cuando durante la sesión del pleno de hoy, al dar lectura a la minuta de decreto, se dijo que primero se votaría en lo general la adición del artículo 204 TER al Código Penal y luego, en lo particular, las modificaciones propuestas a dicho dictamen, sin mencionar la adición de una fracción séptima al artículo 238.

Al continuar con la lectura al texto, la diputada Erika Castillo dijo que la intención era “crear un nuevo delito”, haciendo mención al contenido del artículo 204 TER, en lugar de explicar que en realidad se proponía integrar una nueva causal a un delito ya existente en el articulo 238.

Detalló que la conducta que se proponía castigar “trasgrede la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad de las víctimas, toda vez que se exhibe y transmite contenido audiovisual o imágenes que vulneran la imagen de las mujeres, además de exponer su vida íntima y privada, dejándolas en un estado claro de indefensión”, lo cual debe ser sancionado.

El diputado Gasca pidió el uso de la voz y señaló que, concretamente, las reformas propuestas al artículo 238 buscan “sancionar al servidor publico que, por cualquier medio, por sí o por interpósita persona, revele, publique, transmita, exponga, distribuya, comercialice o comparta imágenes o videos de lesiones, estado de salud o cuerpo de la víctima”.

Un paso a favor de las víctimas

Recordó que el origen de la iniciativa surge por el feminicidio de Ingrid Escamilla Vargas, joven de 25 años, asesinada con crueldad extrema por su pareja el 9 de febrero de 2020, cuyo cadáver fue exhibido en la prensa y redes sociales, con titulares revictimizantes para ella y su familia.

“Lo más vergonzoso fue que las fotografías fueron filtradas a los medios de comunicación por servidores públicos que estaban a cargo de la misma investigación”, expresó, al remarcar que las víctimas y sus familias no solo se enfrentan al deficiente sistema de justicia, sino también a la violencia mediática.

“Por desgracia, este tipo de imágenes expuestas sin consentimiento alguno y que buscan generar un morbo publicitario, violentan los derechos humanos de las víctimas de feminicidio, de las víctimas indirectas y afectan a la población en general”, prosiguió.

El legislador refirió que la indignación del país fue tal, que la movilización de colectivas fue redundando en modificaciones legislativas para castigar ese tipo de prácticas, al constituir una violación a los derechos humanos.

“No podemos hablar con tibieza cuando se trata de respetar los derechos humanos, mucho menos cuando se trata de grupos históricamente violentados y vulnerados como son las niñas y las mujeres”, sostuvo, al considerar que con la aprobación de la reforma hecha se da un paso en la protección a los derechos de niñas, adolescentes y mujeres.

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