Quintana Roo

Emite CNDH recomendación a Semarnat por inadecuada evaluación y autorización a desarrollo turístico en humedales de Puerto Morelos

19 de agosto/ Cancún, Q. Roo.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por la “inadecuada” evaluación y autorización en materia de impacto ambiental para un proyecto turístico-inmobiliario dentro de un humedal costero en Puerto Morelos, lo que violentó el derecho humano a un ambiente sano, consagrado en la Constitución mexicana.

La recomendación 142/ 2022 consta de 73 páginas y se emitió además por “los impactos ocasionados por modificaciones al proyecto, en relación con lo establecido originalmente en 1999, respecto a las afectaciones de las obras o actividades subsecuentes y la falta de efectividad de los actos de inspección y vigilancia de la Profepa para atender el deterioro y fragmentación de los ecosistemas, sumado a las insuficientes medidas para evitar la consumación de los daños ambientales”.

Entre las medidas de reparación del daño y restitución, la CNDH estableció que las autoridades responsables deben emprender medidas de protección a los manglares, humedales y áreas costeras pertenecientes al municipio, así como la necesidad de “modificación o sustitución de las concesiones, licencias, autorizaciones o permisos necesarios”.

También habrán de “aplicarse sanciones penales y administrativas a los responsables” de lo que se acredita en la recomendación, al margen de la responsabilidad institucional de la Semarnat, de la Profepa y del gobierno municipal, cuyas “actuaciones omisas e irregularidades” infringieron las disposiciones legales aplicables, sin atender el principio de diligencia.

A la Semarnat se le establecieron concretamente 8 medidas como parte de la recomendación, con distintos plazos y alcances, que van desde diagnósticos, hasta programas de rehabilitación, vigilancia y revisión de condicionantes con miras a sustituirlas.

A la Profepa se le giraron 5 medidas, que tienen que ver con visitas de inspección y revisión en la zona, mientras que al ayuntamiento se le solicitó actualizar la zonificación y modalidades de protección ambiental en los humedales costeros e instaurar un programa de verificación de asentamientos, obras y actividades en manglares y humedales costeros dentro de la poligonal del Parque Nacional Arrecife Puerto Morelos.

También se le solicita publicar las desincorporaciones de bienes adscritos a la hacienda municipal, evaluaciones, licencias, permisos, constancias e inspecciones de acciones urbanísticas autorizadas en zonas de manglar, entre otras, como parte de las siete medidas de la recomendación.

El origen

La recomendación emana de una serie de denuncias ciudadanas presentadas el siete de abril de 2020, ante obras de relleno y tala de manglares dentro del Plan Maestro del desarrollo turístico El Cid, localizado en la zona costera de Puerto Morelos, y está dirigido no sólo a la titular de la Semarnat, María Luisa Albores González, sino a la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Blanca Alicia Mendoza Vera y al ayuntamiento.

En las denuncias se señalaba que camiones de volteo cargados con material se adentraron a un predio particular, colindante con el centro de hospedaje. Ocho días después integrantes de la comunidad del poblado presentaron un amparo en contra del procedimiento de la Profepa, por omisiones y falta de medidas correctivas y sanciones.

La Comisión abrió el expediente CNDH/ 6/ 2020/ 3954/ Q, y como parte del seguimiento recibió los informes de la Semarnat, Profepa, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo (SEMA), de la Procuraduría Ambiental del estado (PPA), de la Fiscalía General (FGE) y del ayuntamiento, en noviembre de ese mismo año.

Al término de la revisión del caso y conforme a las evidencias a su alcance, concluyó que se constató el relleno y desmonte de manglar, con afectación al humedal, pero también al Área Natural Protegida (ANP) Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, derivado de irregularidades en la evaluación, autorización, inspección y vigilancia de “un desarrollo turístico”, que involucra a dos empresas, cuyos nombres no se mencionan, pero se identifican por claves.

La CNDH señala que ese desarrollo turístico fue evaluado y autorizado el 19 de noviembre de 1999, con estudios que datan de 1998 para valorar sus afectaciones y conforme al régimen jurídico del Reglamento de la LGEPPA, publicado originalmente en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 7 de junio de 1988, señaló la CNDH.

El área considerada por dicha autorización correspondió originalmente a una superficie de 74.7 hectáreas, previendo impactos o afectación en zonas de manglares dañados (5.194 hectáreas) y en buen estado (22.44 hectáreas).

“A 24 años de esas evaluaciones, se observa un sistema fragmentado y deteriorado por la creciente demanda de servicios, derivado del aumento de la población residente y flotante, lo que impacta de manera negativa tanto la porción terrestre, como la marina, situación que pone en riesgo la salud del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos”, se lee en la recomendación, consultada por EstamosAquí.mx.

En 2004 los promotores del proyecto turístico solicitaron la ampliación de la construcción, lo cual les fue aprobado el 10 de junio de 2004, aún cuando la legislación ambiental había cambiado en términos de los procedimientos de evaluación, sin contar con la entrada en vigor de la Ley General de Vida Silvestre, el 3 de julio del 2000 y la expedición de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, del 25 de febrero del 2003.

Más aún, pese a que el 10 de abril de 2003 había entrado en vigor la Norma Oficial Mexicana 022, que establece las especificaciones para la preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en la zona de manglar, que obligaba al promovente a sujetarse a esa nueva realidad legal ambiental para obtener la ampliación de su proyecto.

La empresa, además, obtuvo otra autorización en 2006 para aumentar la densidad de aprovechamiento turístico y superficie del complejo.

La CNDH detalla que, en términos generales, la Semarnat fue extendiendo la autorización original, avalando las diversas modificaciones y ampliaciones del proyecto, que ha seguido creciendo y avanzando sobre los humedales, como parte de sus “diferentes etapas”.

“Las modificaciones autorizadas a partir de 2008 evidencia diversas irregularidades y omisiones por parte de la Semarnat, en principio, al no fiscalizar el cumplimiento de la vigencia establecida por los términos y condicionantes de la autorización D.O.O.DGOEIA-005955, respecto de las etapas cuyo periodo de inicio excedió a los cinco años previstos originalmente”, se indica.

La autorización D.O.O.DGOEIA-005955 que menciona la CNDH es la del Plan Maestro del CID Cancún, expedida el 15 de septiembre de 1999 a favor de Caribe Paradise S.A. de C.V., y de la cual se han desprendido otros permisos, para otros proyectos turísticos, en terrenos dentro de su poligonal, que comprende una superficie de 283.04 hectáreas, cuyo coeficiente de ocupación del suelo era de 27.54 hectáreas, con una densidad de 3 mil 024 cuartos por hectárea, distribuidos en 22 lotes.

Lo anterior implica que las obras denunciadas, motivo de la recomendación, corresponden a uno de los proyectos contemplados dentro del Plan Maestro de El CID, con base en la autorización a Caribe Paradise, misma que ha sido objeto de diversas modificaciones durante 24 años y cuyos términos y condicionantes no han sido cumplidos a cabalidad.

Muchas de esas modificaciones se autorizaron al margen de los cambios del marco legal ambiental, conforme a lo concluido por la CNDH.

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