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Y seguimos mirando

Diputado Eduardo Sobrino en la tribuna del Congreso Local.

Verdaderamente, muy poco tuvimos que esperar para ver una nueva pifia de la actual administración estatal. Tal parece que, es el Poder Legislativo el que se ha empeñado en tomar la estafeta y correr con ella a campo traviesa, pues ya lleva tres trágicas decisiones que afectaran negativamente la vida del Estado de Yucatán. Es verdad que, la mayoría absoluta de la bancada azul únicamente responde a las órdenes dictadas por la voz de su amo, pero eso no los exime de su responsabilidad histórica, y menos aún en una entidad federativa que se había caracterizado siempre por promulgar leyes de avanzada. Ejemplo de ellos son, la Ley del Aborto, que data de 1938, que establece una serie de causales para su despenalización que son de vanguardia aún hoy en día; y no se diga en materia electoral, pues muchas veces el Código Electoral del Estado se ha anticipado a lo que luego se ha establecido en el COFIPE. Tal es el caso de que, en Yucatán, en 2004, se eligió un alcalde que fue candidato independiente, cuando esto no se contemplaba aún en la legislación federal.

Ahora, el Poder Legislativo de Yucatán, se ha lanzado con premura a aprobar unas leyes que son sumamente cuestionables, y hasta perniciosas; tales son los casos de la Ley del Poder Judicial y la infame Ley del ISSTEY, en la cual incluso se cometió un acto ilegal en su extemporánea publicación por parte del ejecutivo del estado, en su desesperación por que entre en vigor cuanto antes. Por si este par de resonantes pifias fueran poco, el Legislativo, empeñado en llevar la delantera en regarla públicamente, hace una reforma en materia electoral y, contrario a todas las corrientes que se dejan sentir en el país, y que son el sentir de la ciudadanía, aumenta el número de diputados locales. Contra viento y marea, y con el infame recurso del mayoriteo, que ya probó sobradamente su eficacia, esta soberanía del estado se despacha también con la cuchara grande, y aumenta de veinticinco a treinta y cinco el número de curules que ha de integrar la próxima legislatura que será electa en 2024. Lo cual significa un aumento del cuarenta por ciento en el número de legisladores en la cámara, lo cual, a todas luces, es totalmente excesivo.

Aprobación de la reforma del Poder Legislativo.

Históricamente, en más de un siglo, el crecimiento del poder legislativo yucateco ha sido paulatino y moderado, cómo debe ser. Y ahora, de golpe y porrazo, se le da un aumento desmedido con fundamentos que no tienen un sustento real y sostenible. En los debates previos a la votación de esta ley, se hizo una amplia exposición de motivos; la mayoría, que fue la que al fin prevaleció, sustentó su voto en el aumento de la población, y con ello, el número de ciudadanos que, supuestamente, representa cada legislador en la cámara, lo cual a primera vista parece lógico y coherente, pero analizando con más profundidad, la experiencia en cargos similares, como el de consejero electoral o comisionado de transparencia, nos dice que, el número de ciudadanos que uno representa en un cargo público, no incide en la carga de trabajo del funcionario, y por tanto, aumentar el número de legisladores no nos dotará de un Poder Legislativo más eficiente o dinámico. Ese argumento es una verdadera falacia. La eficiencia, se basa en la efectividad y tenacidad del desempeño personal de quien ocupa el cargo, y esa es la pila que deberían ponerse todos nuestros legisladores, en ves de pensar en aumentar, como ya lo hicieron, el número de curules del Congreso de Yucatán.

Los argumentos sustentados, algunos muy bien sustentados, de los legisladores que se opusieron a esta iniciativa, sencillamente no fueron tomados en cuenta, más bien, ni siquiera fueron escuchados con atención, pues los legisladores que vinieron con esta iniciativa, ya la traían resuelta de ante mano. Lo peor que ha sucedido en nuestro estado es que, la tendencia a nivel nacional marcha precisamente en el sentido opuesto a lo resuelto en el legislativo yucateco. Para nadie es un secreto que, la ciudadanía está cansada de sostener organismos de un costo excesivamente alto, como la SCJN, el Tribunal Superior Federal Electoral, el INE, y desde luego, las cámaras, tanto de diputados como de senadores, el sentir de la ciudadanía va en el sentido de disminuir los costos de unos, por sus estratosféricos sueldos, y de los otros, disminuyendo el número de sus integrantes. Y el legislativo de Yucatán se lanza a aprobar, de nuevo con una celeridad digna de mejores causas, un aumento del 40% en el número de legisladores, obviamente, sin tomar en cuenta el sentir de la ciudadanía, que es, a fin de cuentas, la que carga con el costo económico de esta reforma. Claro, eso no importa, la ciudadanía vía sus impuestos, es la que costeará esta reforma sin sustento.

Las falacias, suelen tomar patente de verdad, y este caso no fue la excepción, pues hasta diputados de la oposición que han tenido posturas dignas y coherentes en otros asuntos, en este caso se embarcaron con esta indigna mayoría y votaron con ella. Pero no hay que perder de vista que, hechos como este, tienen un costo político, y por cierto muy alto. En un artículo reciente, siempre sobre la actual administración estatal, señalé: Y lo que nos falta por ver. Ahora señalo: Seguimos mirando. Pero en 2024,

¡VOTAREMOS!

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