Quintana Roo

Detecta IMCO prácticas de riesgo de corrupción en compras públicas del gobierno de Quintana Roo

• El estado ha optado por contratar a empresas sancionadas o de reciente creación
• Información incompleta, errónea o falsa; enlaces falsos y restricciones de transparencia, entre las inconsistencias


18 de agosto/ Cancún, Q. Roo.- Pese a los avances de Quintana Roo en materia de transparencia, la calidad de la información de sus dependencias e instituciones sobre compras públicas, es altamente deficiente, al ser en diversos casos, falsa, incompleta, errónea, de difícil acceso y con enlaces fragmentados, lo cual abre amplios espacios para la corrupción, advirtió hoy el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)

La situación es evidenciada en el capítulo dedicado a Quintana Roo, dentro del estudio “Compras Públicas Estatales: ¿Dónde quedarán los datos?”, presentado este jueves en Cancún, por Fernanda Avendaño y Raúl Rosales, del IMCO, en compañía de la directora de Ciudadanos por la Transparencia (CxT), Cynthia Dehesa.

El IMCO, junto con Cívica Digital, sistematizó y analizó 251 mil 148 procesos de compra por un monto de 346 mil millones de pesos, realizados durante el 2021 por mil 200 instituciones estatales, en 32 estados de la República, entre ellas, Quintana Roo, como parte de su primer esfuerzo por sistematizar las compras públicas en México, a nivel estado.

Para este trabajo se apoyó de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), que concentra la información gubernamental de las instituciones que ejercen recursos públicos, lo cual incluye los contratos de obras, bienes y servicios de acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Vale señalar que las entidades tienen la obligación legal de registrar sus compras públicas en esa Plataforma, pero no siempre lo cumplen, como se confirma en la investigación expuesta.

En el caso del estado, solo el 68 por ciento de las dependencias cumple con la publicación de sus compras; el resto no.

Aunado a ello, 48 de las 71 instituciones estatales obligadas a publicar su información, registraron 3 mil 183 contratos, con un gasto por 8 mil 208 millones 335 mil, 305 pesos, pero el monto “es engañoso”, debido a los errores, información incompleta, falsa o inexistente que se detectó.

La investigación desnuda, además, las graves fallas del Instituto de Acceso a la Información Pública (IDAIPQROO) para monitorear el cumplimiento de la publicación de información y, en su caso, corregir fallas de “escándalo”, como las calificó el presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, Raúl Cázares, luego de escuchar el informe del IMCO.

Cázares consideró que el informe es una “alerta” para la Auditoria Superior del Estado (Aseqroo) y “un llamado de atención” para el órgano garante, sobre la urgencia de verificar la calidad de la información publicada y la necesidad de “dejar de hacer trabajo político”, para enfocarse en cumplir su objetivo y misión.

A pregunta expresa, abrió la posibilidad de que el CPC exhorte al Sistema Anticorrupción para dar vista a la Aseqroo sobre la situación y ver que se finquen responsabilidades por el probable incumplimiento a las obligaciones de transparencia, por parte de los sujetos obligados.

El caso Quintana Roo

A nivel estatal, como ejemplo del grado de errores cometidos –deliberada o incidentalmente– se expuso que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), reportó por servicios de suministro de cloro un valor por mil 221 millones de pesos, cuando en realidad el monto correspondía a 12 millones 213 mil pesos según el contrato.

CAPA encabeza la lista de las cinco instituciones con mayor monto gastado en compras públicas registradas en la PNT, en 2021, con 416 contratos, por un monto que suma dos mil 781 millones 889 mil 336 pesos.

Le siguen la Secretaría de Obras Públicas (SEOP), con 191 contratos por mil 506 millones 872 mil 253 pesos; los Servicios Estatales de Salud con 188 contratos por mil 230 millones 392 mil 949 pesos; la Secretaría de Seguridad Pública, con 93 contratos, por 665 millones 806 mil 360 pesos; y el Instituto de Infraestructura Física Educativa del estado (IFEQROO) con 230 contratos por 508 millones 356 mil 392 pesos.

Esto suma seis mil 693 millones 317 mil 290 pesos, de los poco más de 8 mil millones con registro en la PNT, es decir, el 82 por ciento del gasto en compras públicas registradas.

De los concursos de licitación, solo hay 51 registrados, pero con documentación incompleta.

La SEOP, encabezada por William Conrado, es la institución con mayor número de registros de licitación “que no tienen un enlace para acceder al documento del contrato y 68 de los 160 procedimientos se caracterizan por esta restricción de transparencia”.

De las mil 853 adjudicaciones directas registradas por las instituciones estatales, 984 (53%) no cuentan con un enlace que permita acceder al contrato.

Otra vez CAPA es ubicada en el informe como “un caso significativo” en ausencia de transparencia. De las 299 adjudicaciones directas que realizó en 2021, el 100 por ciento carecen de contrato. En sintonía está la Secretaría de Salud (SESA) y la Comisión de Derechos Humanos del estado (CDHEQROO)

Enlaces falsos y contratación de empresas sancionadas

Otros datos sobre las compras publicas del estado registradas en la PNT arrojaron la existencia de 129 enlaces falsos, es decir, que al intentar acceder a ellos para conocer la información a consultar, envían a la nada.

Para consultar registros de compra, hay 44 casos en los que el acceso está restringido y hay 307 enlaces genéricos que re-direccionan a la pagina del gobierno estatal.

En casos como el del IFEQROO, se registró 230 veces un enlace al contrato, que ya no funciona.

El 65 por ciento de las contrataciones se hizo por licitación pública y el 29 por ciento por adjudicación directa. El seis por ciento, por invitación restringida.

El porcentaje de las adjudicaciones directas, sin contrato accesible, fue del 53 por ciento y en el 51 por ciento se carece de documentación del concurso de licitación.

En grado de cumplimiento destacan la Unicaribe, la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) y el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ)

Otro dato altamente delicado, lo constituye que el estado optó por contratar a empresas sancionadas o de reciente creación para la prestación de servicios, lo que sumó montos por 133 millones de pesos contratados con proveedores riesgosos.

Quintana Roo fue la segunda entidad en incurrir en la contratación de empresas de reciente creación, por 108.4 millones de pesos, después de Jalisco.

“El riesgo de empresas sancionadas radica en que son proveedores con un historial de incumplimiento a las leyes de contrataciones públicas, mientras que las empresas de reciente creación suelen ser compañías con experiencia insuficiente para proveer los bienes y servicios a las instituciones de gobierno, lo cual puede repercutir en la calidad, el precio y el cumplimiento de las fechas de entrega”, se explicó.

La Universidad Autónoma de Quintana Roo es la institución que concentra el mayor monto asignado a este tipo de proveedores, con 10 millones 204 mil pesos, monto que corresponde solo a un contrato celebrado con una persona física para la provisión de servicios de vigilancia.

En esa tesitura se encuentra la Secretaría de Desarrollo Económico por montos de 4 millones 642 mil pesos y los Servicios Estatales de Salud, por 4 millones 609 mil pesos.

El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) aparece también como quien echó mano de empresas de reciente creación, incluso por adjudicación directa, para el arrendamiento de fotocopiado e impresión. La compañía se constituyó el 18 de junio de 2020 y el contrato se firmó siete meses después.

La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) fue más allá y celebró un contrato para la prestación del servicio de asesoría financiera con un proveedor constituido el 20 de agosto de 2020. El contrato se firmó seis meses después.

¿Dónde quedarán los datos?

El caso de la entidad no es el único y se repite en otros estados, en donde se detectó existencia de información fragmentada en más de 40 mil bases de datos, lo que dificulta el análisis de riesgos de corrupción; existe una falta de homologación en el registro de la información disponible, como por ejemplo las mil 849 formas distintas de capturar información legal sobre un contrato o las 329 formas distintas de registrar el tipo de moneda.

El IMCO subrayó que el nivel de inconsistencias existente impide, además, hacer un correcto análisis de los procesos y cumplimiento legal de las compras públicas y entorpece la consulta del propio gobierno sobre los datos e información que puede impedirle incurrir en riesgos de corrupción.

Para ejemplificar el nivel de gravedad de lo encontrado a nivel general, se mencionó que hay contratos de 2021, cuya fecha de inicio tiene registro de 36 años distintos, que arrancan en 1900, 1958, 2026 o 2030. Hay uno con año de inicio del 201 o del 2031.

Las bases de datos en la PNT están incompletas, hay filas vacías e información insuficiente; existen registros en los que no se añade ningún dato y hay compras públicas sin datos clave como el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del proveedor, el importe del contrato o la fecha de inicio del mismo.

Hay también errores en el registro de la información, con procesos repetidos, información capturada en celdas equivocadas o el uso de caracteres erróneos para registrar nombres de los proveedores y su RFC.

Hay documentación que es inaccesible, debido a que los enlaces electrónicos a los documentos no funcionan, redirigen a páginas generales de gobierno o contienen información que no corresponde a los contratos.

A pesar de ser una obligación de transparencia, las instituciones omiten publicar información sobre los procesos de compra; el número de instituciones que reportan información en la plataforma es menor al número de sujetos obligados.

Durante 2021, solo 52% de las instituciones estatales registraron información de compras públicas en la PNT. El resto, dos mil 423 instituciones, no publicaron información sobre sus procesos de compra durante ese año.

Como ejemplo, mientras que la totalidad de los sujetos obligados de Guanajuato registraron compras públicas en la plataforma, en el Estado de México únicamente 4% lo hicieron.

Fernanda Avendaño manifestó que desde el IMCO se está haciendo un llamado al INAI para actualizar, mejorar y profundizar la PNT y la calidad de la información sobre compras públicas, y a monitorear que ello ocurra, pues no se trata solo de publicar la información, sino de que ésta sea completa y sin errores.

Se requiere –detalló– crear una base de datos de todas las compras publicas a nivel estatal por año y por estado; permitir la interconexión de plataformas estatales de compras publicas y la PNT, pues es importante contar con un proceso de captura unido y homologado; generar un indicador único y que los Institutos Estatales de Transparencia verifiquen el registro en tiempo y forma de las compras públicas disponibles en la Plataforma.

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