El juicio prosigue con él en libertad, aclara la organización
09 de agosto/ Cancún, Q. Roo.- A poco más de una semana de la liberación del secretario general de la CTM en Quintana Roo, Isidro Santamaría, imputado por el delito de Trata de Personas, el Observatorio Legislativo Ciudadano aclaró que el proceso judicial continúa y llamó a las y los jueces a mejorar sus procesos, pues sus dilaciones u omisiones pueden incidir a favor de personas probablemente responsables de algún delito.
La organización dijo que preocupa que en el estado han incrementado los delitos de Trata de Personas en los últimos años, que en ese contexto dejaran en libertad a un imputado por ese delito y que justo esa liberación se diera en el marco del Día Mundial contra dicha actividad delictiva, que se conmemora el 30 de julio.
Un día después de esa fecha fue celebrada en Cancún la audiencia de revisión de cese o prolongación de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dentro de la carpeta administrativa 193/ 2019, en la que Santamaría aparece como probable participante del delito de Trata de Personas en la modalidad de explotación sexual.
El líder sindical fue detenido el 25 julio de 2019 por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en acato a la instrucción de un juez de control especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Federal de Quintana Roo y, ese mismo día, fue vinculado a proceso.
El juez estableció como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa por dos años. Llegado el plazo se solicitó el cambio de medida cautelar para que él pudiese enfrentar su proceso en libertad, pero la audiencia programada para el 20 de marzo de 2021 se suspendió.
Santamaría se amparó, ganó, pero en la audiencia le fue negado el cambio de medida cautelar, lo que motivó que presentara dos recursos de revisión. El Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito ordenó la reposición de la audiencia e instruyó al cese de la prisión preventiva, debido a que el proceso “no ha sido diligente”.
Como resultado, después de un año y meses, fue que se llevó a cabo la reciente audiencia del 31 de julio, en la que finalmente el juzgador aceptó modificar la medida cautelar, instruyendo su liberación, su presentación periódica quincenal, una garantía económica de 100 mil pesos y la prohibición de salir del estado y de acercarse a las víctimas.
“Esto significa que no ha sido liberado de los delitos, que prosigue el juicio en libertad condicionada. Irónicamente el juez dio esta liberación condicional en el Día Mundial en donde se hace la reflexión sobre el delito de Trata de Personas ¿coincidencia o falta de conciencia?”, cuestionó el Observatorio.
En entrevista con EstamosAquí Mx, Santamaría señaló que, además, confía en que será declarado inocente, debido a la violación del debido proceso, ya que durante el cateo del table dance Dassan, que dio pie a su detención, los agentes federales a cargo de la investigación se extralimitaron en sus funciones y fueron más allá de lo instruido por el juez que otorgó la orden.
Tampoco se ha podido acreditar que él fuese el dueño de ese establecimiento al momento del cateo.
Santamaría admitió en la entrevista que fue propietario durante 30 años, desde que el Dassan operaba en Plaza 21, lo que fue la zona de tolerancia localizada en los entonces márgenes de la ciudad de Cancún.
Sin embargo, vendió el establecimiento a finales de 2018, antes de dicho cateo, realizado por agentes de la delegación del Instituto Nacional de Migración (INM) el 15 de marzo de 2019, en conjunto con la FGR.
Durante esa incursión se aseguró a 50 mujeres extranjeras, procedentes de Venezuela, Chile, Argentina, Colombia, Perú y Cuba, al igual que armas y drogas, de acuerdo con la carpeta FED/ QR/ CUN/ 0180/ 2019.
El operativo surgió a partir de una denuncia proveniente de una persona de identidad reservada que informó que en el Dassan aquellas mujeres eran víctimas de Trata de Personas y que estaban retenidas contra su voluntad, pues les habían quitado sus pasaportes.
El imputado señaló que durante el juicio se ha demostrado que las mujeres se identificaron con sus pasaportes, luego entonces, los tenían en su poder.
También dijo que los agentes declararon que encontraron esos documentos resguardados en una caja fuerte, lo que implica que violentaron las restricciones impuestas por el juez, quien ordenó que el cateo debía efectuarse sin violentar este tipo de cajas de valor. Por esta razón el juez desecho el cateo, considerándolo ilegal.
El Observatorio se pronunció por estar pendiente en estos procesos, ya que muchas personas se encuentran detenidas en prisión preventiva oficiosa, y está pendiente la resolución de su causa y, al no desarrollarse oportunamente, “pueden quedar en libertad a pesar de ser culpables de los delitos, pero por lentitud de los procedimientos judiciales no se llega a una determinación definitiva por parte de los jueces”.
