03 de agosto/ Cancún, Q. Roo.- A 15 años de aprobada su construcción, el fraccionamiento de Villas Otoch Paraíso, en la ciudad de Cancún, ha probado las consecuencias de una deficiente planeación urbana a cargo de autoridades municipales con empresas que privilegian la vivienda reducida, pero masiva, uniforme, carente de áreas verdes y de equipamiento, cuyas consecuencias se han traducido en hacinamiento, problemas de habitabilidad, inseguridad, falta de servicios, focos de violencia, confrontaciones vecinales y “autogobierno”.
El Observatorio Legislativo Ciudadano realizó una evaluación del status en que se encuentra uno de los fraccionamientos considerados más violentos y problemáticos de la ciudad, cuyas condiciones de vida han sido equiparadas con las favelas brasileñas.
Como resultado del análisis hecho, la agrupación integrada por empresarios, cuerpos colegiados y organizaciones civiles, señaló que la Región 259, donde se ubica esta zona habitacional, es una zona caracterizada por una gran problemática urbana, carente de gobernabilidad pública.
El diseño de su entorno no contempló zonas de equipamiento y espacios de esparcimiento para la atención de las familias ahí asentadas.
“Incluso se percibe que ahora están orientadas a un autogobierno controlado por algunos grupos que establecen las normas de movilidad interna dentro del desarrollo. Acciones y eventos como el levantamiento del INEGI, visitas de inspectores del municipio y actos de campañas políticas son limitados (…)
“En su recorrido se puede observar la instalación de ‘topes’ dentro de los callejones del fraccionamiento para obstruir o evitar el paso de los rondines de la policía”, expuso el Observatorio.
Otro dato que explica los datos duros sobre violencia y delincuencia, es el registro de 88 puntos de venta de alcohol, el más alto del municipio, número que puede aumentar si se contabilizan los expendios que operan clandestinamente.
El fraccionamiento tiene una densidad poblacional de 272 personas por hectárea, lo que significa que el número de habitantes es comparativamente similar al del municipio de Puerto Morelos, en un espacio infinitamente menor.
Su construcción obedece a una apresurada y poco planificada decisión de gobierno, que data de la administración del entonces alcalde, Francisco Alor Quezada (2005-2008)
Junto con el gobierno de su antecesor, Carlos Canabal, quien fungió como edil interino, el de Alor Quezada fue el que mayor número de cambios de uso del suelo aprobó, en contravención con el marco legal.
Entre ellos, se ubica el cambio de uso del suelo para el llamado Polígono 11, aprobado durante una sesión ordinaria de Cabildo, celebrada el 18 de septiembre de 2007, en la que el tema no figuraba, pero entró a última hora.
Lo aprobado fue el cambio de densidad en 143 hectáreas, para pasar de 60 viviendas por hectárea, a 120, lo cual permitió elevar la capacidad de construcción a la inmobiliaria CADU.
En aquella sesión se argumentó que el análisis del tema había estado a cargo de la Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte, integrada por las y los entonces regidores, Mario Machuca y Delia Alvarado –líderes sindicales– y por Melchor González Solís. El director de Desarrollo Urbano de la época, Heyden Cebada Ramírez, también dio su aval.
Para convencer al cuerpo edilicio, CADU dijo que se requería de vivienda económica de interés social, dotada a través de los subsidios federales, a cargo del Infonavit, para apoyar a las y los trabajadores que ganaban hasta dos salarios mínimos.
El proyecto de CADU ofrecía la edificación de 17 mil 160 viviendas de 35 metros cuadrados, lo cual fue refutado por el entonces regidor, Agustín Osorio Basto, quien se escandalizó y advirtió de las graves consecuencias que ello atraería a nivel familiar –por el hacinamiento– y a nivel social, con tal concentración de personas.
Osorio fue ignorado, incluso por otros regidores de oposición, como Rogelio Márquez y Alejandro Ramos, quienes votaron también a favor.
“Ahora, a 15 años de distancia de esa aprobación, encontramos que esa decisión está causando graves problemas urbanos y de falta de atención a un grupo de población que accedió a la adquisición de esas viviendas (…)
“De las 17 mil 160 viviendas que se pretendían construir solo se encuentran como construidas y censadas, cerca de 14 mil viviendas con una población registrada por el INEGI de 38 mil 882 personas, de las cuales la mitad son hombres y la otra mitad, mujeres. Las viviendas ocupadas son 12 mil lo que deja una gran cantidad de viviendas en aparente desocupación”, detalló el Observatorio.
La agrupación condenó las “malas decisiones de los ayuntamientos” y “la falta de ética empresarial y visión social de las empresas desarrolladoras de vivienda” y resaltó que los regidores que aprobaron la creación de un problema urbano se mantienen como líderes sindicales; Melchor González es beneficiado de las ayudas sociales del sindico, Pablo Bustamante; Heyden Cebada volvió a la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano y CADU se benefició económicamente con la construcción de las viviendas.
“Es momento que se observe con responsabilidad social la elección de los regidores de los ayuntamientos y revisar continuamente su desempeño ante la sociedad”, concluyó el Observatorio.
